Entre golpes y dictaduras

Cuando el 23 de abril del año 1812, el Congreso decidió darle poderes excepcionales al general  Francisco de Miranda, para enfrentar a las tropas realistas de Monteverde,  fue cuando Venezuela  decidió tener el primer dictador  de su historia. Claro está que había razones de guerra que aparentemente justificaban  tal decisión, pero solo aparentemente.  Catorce años más tarde, el general  Simón Bolívar presentabas al pueblo  boliviano su proyecto de constitución con un presidente absolutista, una especie de rey sin corona, que marcaba una nueva forma de dictadura permanente, dentro  de un marco constitucional.

Fue Antonio Dávila, un testigo de la dictadura más larga y más cruel de nuestra historia,  quien en algunos de sus artículos para la prensa, escritos durante el  posgomecismo, dijo que el venezolano  lleva en la sangre la dictadura, como si se tratara de algo genético. Y no le faltaba razón, al menos los hechos  posteriores  así lo han demostrado.  

Tendríamos que añadir que las dictaduras en Venezuela vienen generalmente  acompañadas  de un uniforme, de un golpe de estado previo y siempre  trayendo una nueva Constitución bajo el brazo. Todo el siglo XIX fue así; el XX en su primera mitad, y el  XXI  con una forma más evolucionada  y sofisticada, a la cual nos hemos referido, anteriormente, en otros escritos. Dávila no llegó a conocerla. Se trata de aquellos regímenes  en los que los golpes de estado,  se dan  desde adentro, no para sacar al gobierno sino más bien para mantenerlo,  y  no con militares directamente, sino con las propias instituciones del sistema; aunque las constituyentes, las constituciones  y los uniformes  continúan estando allí. Por eso, las dos últimas decisiones, numeradas 155 y 156, del Tribunal Supremo de Justicia, por demás  anticonstitucionales, no deben sorprender a nadie, pues son el coletazo de una  larga lista de golpes contra las instituciones y el estado de derecho durante este gobierno.

Ya en el año 1999, a través de la Asamblea Constituyente, Chávez defenestró a los diputados y senadores del otrora Congreso Nacional, que habían sido elegidos, como  él, por el voto  popular un mes antes. Importó muy poco, en aquella ocasión, el sufragio como valor democrático, cuando era referido a alguien que no fuera el presidente. El argumento baladí de que la Constituyente lo era todo, incluso el poder legislativo, no tenía fundamento alguno pues había sido nombrada únicamente para redactar una constitución nueva. Además como ya hemos dicho en otras ocasiones, los constituyentes electos en julio de 1999 tenían  menos legitimidad que los miembros del Congreso, pues habían obtenido menos votos  que estos  en su conjunto. Era evidente que para Chávez, un parlamento como aquel con mayoría opositora, no era conveniente para su proyecto político recién iniciado.

Dieciocho años más tarde, la historia se repite y en la segunda oportunidad en que la oposición domina el poder legislativo, con una amplia mayoría, un  gobierno chavista, en esta ocasión el de Nicolás Maduro, vuelve a desconocerlo y a tratar de anularlo; utilizando esta vez, al Tribunal Supremo de Justicia, órgano que al igual que lo hizo la Constituyente en aquella oportunidad, se arroga las facultades y potestades  de la Asamblea Nacional que, por definición, encarna la representación del pueblo.  La guerra  del gobierno contra la nueva Asamblea Nacional, comenzó el propio mes de enero del año 2015, en el cual tomó posesión su junta directiva.

Pero políticamente considerados ambos actos, hay una importante diferencia; en el primero, Chávez estaba en la cresta de la ola  de la popularidad, aupado por el empuje de la Constituyente que hasta sus antagonistas aplaudían; amén de que la Constituyente se prestaba más, frente a la opinión pública, para darle una patada al Congreso, que al final de cuentas representaba al viejo puntofijismo al que Chávez había desafiado y derrotado en las elecciones presidenciales.

En el caso actual, es más difícil que la opinión pública  y hasta los aliados más recalcitrantes y empedernidos  del gobierno de Maduro, se hagan la vista gorda y, menos aún,  que apoyen un acto de vandalismo político como este; pues es muy cuesta arriba justificar el desconocimiento de un poder público de origen popular, y reconocer como democrático a un gobierno en el que falte una de las tres patas que desde Montesquieu, se tienen como base de toda democracia. La situación se agrava, además, para el gobierno, estando pendiente como está, y  en plena ebullición de acontecimientos, una solicitud de aplicación de la Carta de la OEA, que hasta ahora había sido esquivada, diplomáticamente, por una buena parte de los miembros de ese organismo internacional, los cuales  ahora mismo, se quedan prácticamente sin argumentos de peso para sostener una posición similar. Ya el gobierno del Perú dio el primer paso, retirando a su embajador en Venezuela, mientras  Chile y Colombia analizan una medida similar.

Si bien nuestra intención era tratar, en este artículo, las elecciones del próximo domingo en el Ecuador, que están bastante cerradas en las encuestas, nos vimos forzados a cambiar el tema. Tan solo decir que esto que ocurre en Venezuela debería influir, negativamente, en el  candidato oficialista y que hay un pueblo ecuatoriano que, al igual que en la primera vuelta,  hará respetar su voluntad; algo que, en estos momentos, no ocurre  en Venezuela.