La correspondencia enviada el 17 de mayo pasado, por la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela Luisa Ortega Diaz, al señor Elías Jagua, flamante presidente de la comisión nombrada por Nicolás Maduro con el fin de elaborar las bases comiciales territoriales y sectoriales, así como los aspectos fundamentales para la conformación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que a toda costa se le quiere imponer al pueblo venezolano, es la más reciente y, quizás, contundente acción de rechazo al régimen, por parte de dicha funcionaria.
Su importancia radica no solo en el hecho de lo que significa oponerse, siendo parte del aparato, a una decisión de vida o muerte, para el gobierno de Maduro, como lo es la ilegal constituyente sectorial o comunal; sino también, en las razones argüidas por la Fiscal, que considera innecesaria otra constituyente y que defiende, en el fondo, la constitución de Chávez y su modelo de Estado, frente a la propuesta del régimen. Por otra parte, la Fiscal, pudo haber optado, simplemente, por no asistir a la reunión del día 18, a la cual estaba siendo convocada por el señor Jagua; sin embargo, prefirió dejar, por escrito, sus razones para no participar en aquella actividad, así como en ninguna otra relacionada.
Las primeras manifestaciones de “desacato” de la Fiscal, vienen de mediados del año pasado con su “preocupación” por los abusos y violación a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública en las denominadas Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, donde además denunció la participación de civiles.
Pero las más importantes son de data reciente; se desencadenan a partir de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, de marzo pasado, con las cuales se pretendía usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, y que la titular de Ministerio Público calificó como una ruptura del orden constitucional. Después, como para disipar las dudas y el escepticismo que sus anteriores declaraciones dejaron en el ambiente, vinieron las de mediados del mes de abril, criticando la represión ejercida por los cuerpos de seguridad del estado en las manifestaciones contra Maduro y pidiendo, de paso, la libertad de más de medio centenar de detenidos. Seguidas, días más tarde, por las de comienzos de mayo, según las cuales no se le puede exigir un comportamiento pacífico y legal a los ciudadanos, si el Estado toma decisiones no acordes con la ley.
Su rechazo a la nueva constituyente, que estima inoportuna, es la gota que rebosó el vaso, a juzgar por los reproches y veladas amenazas que ya ha comenzado a recibir, públicamente, de algún representante del chavismo, como el diputado Pedro Carreño, que la ha tildado de amiga de la derecha, instigadora de la violencia y enemiga de la revolución.
No deja de ser particularmente interesante, la actitud que asumirá Maduro con la Fiscal, que se le ha convertido en algo más que una piedra en el zapato. Si llegase a renunciar, pues no puede ser despedida por Maduro, al menos legalmente, ya que la Constitución actual, la de Chávez, le reserva esta facultad de remoción a la Asamblea Nacional; el nombramiento de su sustituto, debería pasar, igualmente, por la Asamblea Nacional.
Aunque ya sabemos que para el régimen la Asamblea está en “desacato” y que Maduro hará lo que le venga en gana con el apoyo del TSJ, siempre cabe la posibilidad, al menos teórica, de que sea la propia Fiscal, quien en uso de sus atribuciones como directora de la investigación penal, intente las acciones pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad penal en que hubieren incurrido algunos funcionarios del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones y, muy concretamente, de los magistrados del TSJ que con sus sentencias de los días 28 y 29 de marzo, no solo prevaricaron, sino que dieron un golpe de estado, acabando con lo poco que quedaba de la Constitución.
Pasar de la palabra a la acción, es una de las materias pendientes que la ciudadanía le reclama a la Fiscal para que su posición institucional de garante de la ley y de la buena marcha de la administración de justicia sea coherente, deje de ser solamente crítica, y no quede reducida a meros hechos del pasado, de marcado trasfondo político, como la solicitud de extradición de Carlos Andrés Pérez o la investigación del asesinato de grupos insurgentes, en Cantaura, por el estado venezolano, en octubre de 1982.
Solo asumiendo su rol de fiscal, íntegramente, puede la señora Luisa Ortega Diaz hacer plausible su posición de estos dos últimos meses. De lo contrario, aquella carecería de sentido, convirtiéndola en cómplice por omisión, en lugar de redimirla de todos sus pecados.
