Con prácticamente todas las instituciones y organismos del Estado bajo su control, y una desfachatez política, a toda prueba, el oficialismo sigue con su plan de imponer la Constituyente a como dé lugar. Ante la imposibilidad real de que los mecanismos políticos y jurídicos, propios de las democracias, pero inexistentes hoy en día en Venezuela, funcionen debidamente y puedan detener la puesta en escena de una Constituyente ilegal y fuera de lugar, la única posibilidad de defensa que le queda a la oposición sigue siendo la calle con todo lo que eso significa.
Pero ni siquiera en este escenario que después de casi dos meses, ha enlutado a numerosas familias venezolanas, dejando un sentimiento de estupefacción, rabia e impotencia, no hay garantía alguna de que haya un cambio de intención o de actitud por parte del gobierno. Pensar, por otra parte, que la solución está en realizar una consulta popular que rechace la Constituyente, como lo ha planteado el Presidente del Parlamento venezolano, es también olvidarnos de quien mueve los hilos de los procesos de votación desde 1999 hasta ahora.
De modo, que siendo inviable la vía jurídica, así como la política, dada la negativa del gobierno a reconocer la expresión mayoritaria del pueblo, encarnada tanto en la Asamblea Nacional como en la Constitución actual, no se vislumbra otra salida que la manifestación pública y masiva de esa voluntad popular.
La situación, no es nada fácil para la oposición, pues el tiempo y el sistema juegan en su contra. El tiempo, porque de acuerdo a las reciente declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y del propio Maduro, la Constituyente comunal, como se le conoce popularmente, se encuentra a la vuelta de la esquina. En términos concretos, se anuncia la elección de sus miembros para finales de julio próximo; incluso se asomó como posible fecha el día 25, para que coincidiera con la elección de la Constituyente de Chávez del año 1999.
Esto significa que cualquier decisión que la oposición quiera tomar con respecto a la Constituyente está muy apremiada de tiempo. Y es que ante la posibilidad de que la protesta ciudadana no funcione, hay quienes se pasean por la idea de participar en esos comicios constituyentes, bajo la falsa premisa de que siendo la oposición mayoría, debería ganarlos fácilmente. Participar o no participar, he ahí el dilema, entre quienes buscan allí una oportunidad y quienes solo ven una trampa. Y aquí entra en juego la perversidad del sistema
Si bien, no tomar parte parece lo más coherente y lógico, pues lo contrario significaría legitimar la propuesta constituyente de Maduro, siempre cabe la posibilidad de que aun siendo un fraude constitucional, dicho proyecto Constituyente, de llegar a materializarse, y hasta ahora, no hay nada que indique lo contrario, sea reconocido por algunos actores internacionales; entre ellos, por quienes actualmente piden elecciones como salida a la crisis venezolana. Esto significaría, igualmente, homologar internacionalmente todas sus secuelas, como lo serian la nueva constitución y la consiguiente reestructuración del Estado, al solo cumplimiento de los intereses y objetivos del régimen.
Por otra parte, participar en unos comicios para designar a los integrantes de la Asamblea Constituyente, con unas bases o normas electorales hechas por el régimen, para sacar ventaja de la votación de determinados grupos poblacionales, así como de ciertos sectores de la actividad laboral, social o política, controlados por el aparato estatal, es caer en una emboscada de la que no hay oportunidad de salir victoriosos.
Al igual que hace dieciocho años atrás, cuando Chávez también implantó sus propias bases comiciales, y jugó con cartas marcadas, en un fraude electoral que viciaba de nulidad la elección de los constituyentes y, por ende, el origen mismo de la Asamblea Constituyente instalada en agosto del año 1999, Nicolás Maduro, busca imponer su voluntad, aunque sin disimulo alguno. A diferencia de su antecesor, aquí las cartas no están escondidas, sino a la vista; el Tribunal Supremo les dio un baño de “legalidad”, sin importar que el sufragio universal directo y secreto quedase relegado a un segundo plano, supeditándolo a fines subalternos; retrotrayendo a Venezuela a la época dorada del fascismo corporativista en la Italia de Mussolini o en la España de Franco.
El panorama actual se asemeja al de diciembre del año 2005, cuando la oposición declinó participar en los comicios parlamentarios nacionales, dejando al chavismo todas las curules. Solo que aquí se trataba de una elección normal dentro del calendario constitucional, más allá del rol hegemónico jugado por el CNE, causa de la desconfianza que llevó a los partidos, no chavistas, a no presentarse en dichas elecciones. En la actual tesitura política, donde el gobierno dejó de serlo hace tiempo, en el buen sentido de la palabra, sería un suicidio participar en la activación de la Constituyente. Debe seguir siendo una iniciativa totalmente oficialista, para que sus consecuencias tengan la responsabilidad única y exclusiva del señor Maduro y sus acólitos.
No hay pues dilema alguno. Creer lo contrario, sería darle conformidad a la propuesta constituyente y a todo lo que viene con ella. A dejar de existir como oposición política; pero sobre todo, a dejar de ser ciudadanos, con derecho a disentir libremente, cuando y donde sea.
