Más allá del rotundo éxito que tuvo la jornada cívica y democrática del pasado 16 de julio, quedará siempre la incertidumbre de cuantos más votos se hubiesen obtenido en un proceso comicial convencional donde los funcionarios públicos pueden esconder su decisión de urna, entre la alternativa de un sí o un no. Algo que en el caso de la consulta popular convocada por la oposición no era factible pues quien hacía cola para sufragar no era precisamente para apoyar al gobierno, como quedó demostrado con el no rotundo que se le dio a la Constituyente falsificada y anticonstitucional del señor Nicolás Maduro. De modo que es fácil entender porque los más de seis millones de empleados públicos del gobierno, no hicieron cola el domingo pasado paras dar su parecer, pues ya el hecho simple de estar allí equivalía a votar contra el gobierno. El voto libre en la administración pública hace tiempo que no existe y el miedo a perder el trabajo, la bolsa de comida mensual o cualquier otra dádiva por pequeña que nos parezca, es lo que prevalece. Miedo que si bien es cierto no es nuevo, si lo es, el que el chavismo lo haya entronizado como su ADN particular, durante estos últimos dieciocho años.
Lo que se vio el pasado domingo en las calles de Venezuela fue un ejercicio de libertad individual y de alegría contagiosas, que no puede verse como un acto político más de la oposición. Interpretarlo así sería quitarle la importancia que tiene y simplificar su naturaleza y trascendencia al de una reacción más de la MUD, los partidos políticos o la Asamblea Nacional, frente a la convocatoria fraudulenta de una Constituyente ilegitima, para el 30 de julio próximo.
Aunque la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional estaba enmarcada dentro de las atribuciones que le otorga el Art. 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su verdadera legitimación venia dada por el gobierno, al negarse el señor Nicolás Maduro a hacerla en su momento, cuando inició un proceso constituyente, prescindiendo absolutamente del pueblo, del que no le importó su parecer, y formulando a su antojo, sin la participación de ningún otro poder u opinión, las regulaciones y condiciones a las cuales quedaría sujeta la elección de los miembros de esa Asamblea Constituyente. De ahí el fuerte sabor popular que tuvo, pues era querida y deseada por la población venezolana ansiosa de ejercer su derecho a opinar, derecho que ya le había sido cercenado recientemente por el régimen con relación al referéndum revocatorio y la elección de gobernadores.
¿Y ahora qué? es la pregunta que queda en el ambiente, después de que siete millones y medio de venezolanos dijeron que rechazaban la ilegal Constituyente de Maduro, que demandaban de las fuerzas armadas y demás funcionarios del Estado defender la Constitución vigente, y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional, así como que aprobaban la realización de elecciones libres, la renovación de los poderes públicos y la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Los tres últimos tópicos, comprendidos, aunque no en ese orden, en la última de las tres preguntas que los venezolanos respondieron en la consulta que les fuera realizada el domingo 16 de julio, lo cual ha dado lugar a una serie de interpretaciones a posteriori; algunas por lo demás, contradictorias y fuera de contexto, que nos llevarían, resumiéndolas, al establecimiento de organismos estatales paralelos, sin funcionalidad alguna en nuestra opinión, mientras el actual estado de cosas se mantenga dentro del gobierno.
Un montón de votos como ese, similar al que condujo a la oposición a ganar, con amplia mayoría, la Asamblea Nacional en el 2015 y con el cual se hubiese revocado a Nicolás Maduro, de haberse dado el referéndum que el gobierno obstaculizó y le negó al pueblo venezolano, merece una respuesta. El quid del asunto radica en quien se la puede dar, cuando el gobierno de Maduro al que correspondería en primer lugar hacerlo, desconoce los resultados de dicha consulta y no va a ceder ni en lo que toca a la Constituyente, ni al desconocimiento de la actual Asamblea Nacional, como tampoco en lo que a realizar unas elecciones presidenciales antes de tiempo, se refiere.
No creemos, por lo ya expresado, que la respuesta pueda venir, tampoco, de la Asamblea Nacional, órgano que no es propiamente de gobierno, y cuyo alcance está formalmente delimitado por la Constitución y trabado, políticamente, por intereses y factores diversos, a veces incluso, contrapuestos.
Hace ya un buen rato que la población venezolana, en general, sobrepasó a su dirigencia y tomó vida propia, desarrollando su particular dinámica. Por eso, hay quienes piensan que la única solución democrática posible y la que más tiempo y sufrimiento ahorraría al país, sería la contemplada en unas elecciones adelantadas por la renuncia de Maduro o por causas similares. Aunque ello signifique más días en las calles, más manifestaciones populares, más protestas, más presión y más llanto.
