Fue un 25 de julio de 1999 cuando se eligieron los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Hugo Chávez, quien cumpliendo una promesa electoral, pero contrariando el espíritu y la letra de la constitución vigente del año 1961, que no contemplaba en forma alguna la figura de la Constituyente, sometió a consulta popular la realización o no de la misma. De ahí nació la actual constitución de 1999, la cual el propio Chávez llegó a calificar como la mejor del mundo.
Dieciocho años después, la historia se repite en Venezuela. Y también hoy, al igual que ayer, el texto constitucional de turno se vuelve a infringir de manera similar. Si el pecado original de la Constituyente de Chávez fue haber utilizado un referéndum, que no estaba estipulado en la carta magna de entonces, para atentar en su contra. El de la Constituyente de Maduro radica, precisamente, en lo contrario. En no haberle consultado en forma alguna a los venezolanos; no obstante que el referéndum está expresamente establecido en la Constitución que dejó Chávez, como un medio de participación popular soberano y protagónico.
De más está decir, que dicha contradicción en el método de convocatoria no es casual, sino que obedece, tanto en Chávez como en Maduro, a las necesidades políticas del momento. Esto es, limpiar la casa, eliminando cualquier vestigio político opositor en el poder, como lo eran en el 99 para Chávez, el Congreso Nacional, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema, etc . Organismos que buscaba controlar de manera absoluta con un nuevo traje constitucional hecho a su medida, tal como en efecto ocurrió. Para Chávez y su proyecto político era importantísimo partir de cero, por lo que una Asamblea Constituyente manejada por él, que produjera esa nueva constitución, representaba la solución ideal.
Por su parte, Nicolás Maduro al llegar a la presidencia en el 2013, se consigue, después de catorce años de absoluto dominio del poder durante los tres gobiernos de Chávez, con todo el aparato estatal, tanto centralizado como descentralizado, prácticamente en sus manos. Pero bastó con que el oficialismo perdiera el control del Poder Legislativo, en diciembre del 2014, para que Maduro dejará demostrado que el chavismo no sabe gobernar teniendo oposición. A Nicolás Maduro, la crisis le explotó en la cara y lo único que se le ocurrió para salir del atolladero, fue imitar, como siempre la ha hecho, a su mentor, sin considerar que las circunstancias políticas no eran las mismas del año 1999, e invocando, más que convocando, como si de un espíritu ancestral se tratase, una Asamblea Constituyente que le devuelva el poder que perdió y lo restituya, en el tiempo, como ocurre en las computadoras, a una situación anterior en la que la Asamblea Nacional era chavista y la oposición política se reducía a algunos gobernadores y diputados.
La Constituyente de Maduro se instalará contra viento y marea, como estaba previsto, pero no tendrá, más allá de la purga institucional que haga entre opositores y chavistas traidores, los efectos deseados para alcanzar la paz y la tranquilidad que Maduro y los colaboradores del régimen, recientemente glorificados con la espada de Bolívar, esperan. Entre otras razones, porque se trata de una Constituyente falsa, adulterada, hecha para un propositivo diferente, en el cual la redacción de una nueva Constitución es lo menos importante. Y como prueba de ello solo hay que escuchar, a través de los medios, los argumentos que dan los candidatos chavistas, pues no hay otros, para justificar su papel en la Constituyente. Los mismos van desde la necesidad de afianzar o asegurar las misiones sociales de Chávez, impulsar un economía productiva y diversificada o reafirmar la propiedad privada, con revisión de los controles y las expropiaciones del Estado, pasando por algo tan simple como sembrar semillas para la producción agrícola; la creación de un fondo para los transportistas o bien de un banco especifico con el propósito de apoyar a un sector determinado; hasta el fin más general de que no haya desabastecimiento, ni inflación; acabar con la violencia y alcanzar la paz; reformar la constitución actual e, incluso, “embellecerla”.
Pero si eso es así, para lograr esos objetivos no hacía falta convocar una constituyente, pues mediante la promulgación de leyes o simplemente con una orden ejecutiva del presidente de la república, bastaría. Es más, la pregunta que cabe hacerse es porque el gobierno anterior o el actual, no lo han hecho. En los casi diecinueve años que tiene el chavismo en el poder, la del 30 de julio sería la segunda constituyente que se pone en marcha, y la que venga, si es que viene, la segunda mejor constitución del mundo. Ello, además de la enmienda que el propio Chávez le hizo a su Constitución en el 2009, y de que en el plano legislativo la Asamblea Nacional, que ha estado dominada por el partido de gobierno durante todo este tiempo, con excepción del periodo actual, ha podido promulgar todas las leyes que hiciesen falta, en lugar de delegar sus función legislativa, todos estos años, mediante leyes habilitantes, en Chávez y Maduro para que gobernaran por decreto. De modo que no hay excusa alguna para que tal o cual materia de corte social o económico no haya sido tratada, regulada por ley o solucionada con acciones de gobierno, sin necesidad de una constituyente. Y es que una ANC tiene como único fin hacer una nueva constitución y nada más.
Ambos casos, el de Chávez y Maduro, son un ejemplo típico de cómo el fin justifica los medios, cuando ese fin no es otro que perpetuarse en el poder a toda costa. Pero lo que no podrá justificarse nunca, será la tragedia que representa el más de un centenar de muertos que el gobierno de Maduro lleva sobre sus espaldas.
