Mientras la Constituyente de Chávez sacó, prácticamente a patadas, a los diputados y senadores del otrora Congreso Nacional, absorbiendo de inmediato sus funciones, la táctica de la nueva Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro ha sido, si se quiere, un poco más refinada.
A través del inconstitucional Decreto número 4, del 8 de agosto, declarando la subordinación de todos los órganos del Poder Público, la actual ANC “solucionó” el asunto, más sutilmente, pues al quedar la Asamblea Nacional bajo la cadena de mando de la Constituyente, puede ser eliminada en cualquier momento de un plumazo, como finalmente acaba de ocurrir, ante la rebeldía justificada de la junta directiva del parlamento venezolano de no someterse a la ANC. Un hecho, esta usurpación de funciones, que era predecible desde el mismo momento en que se anunció la puesta en marcha de la Constituyente, y más aún, después, del antecedente de golpe institucional, frustrado, protagonizado por el Tribunal Supremo de Justicia, para absorber las competencias del poder legislativo, mediante las sentencias 155 y 156 de finales de marzo pasado.
Pero si la ANC de Chávez se llevó por delante el Congreso Nacional de entonces, con unos constituyentes que tenían menos legitimidad que los miembros del Congreso, a juzgar por el número de votos obtenidos en su conjunto, que era inferior, al estar la participación de votantes del 25 de julio del 99 por debajo de la que acudió a las urnas en octubre de1998; la ANC de Maduro también usurpa las competencias del actual poder legislativo y del pueblo soberano con una falta de legitimación más que absoluta, al haber sido puesto en tela de juicio el resultado electoral del 30 de julio pasado por la empresa Smartmatic, socio tecnológico del Consejo Nacional Electoral venezolano y responsable del hardware y software de los procesos electorales, en Venezuela, desde el 2004.
Si bien no sorprende a nadie, que el gobierno del señor Maduro después de transcurridas tres semanas de dicha denuncia, no haya tan siquiera abierto una investigación, limitándose a negar simplemente los hechos; si extraña, que Smartmatic, no haya dado una explicación responsable de lo ocurrido, que nos aclare como en “al menos un millón de votos”, estuvo la diferencia con el resultado total de casi ocho millones noventa mil, declarados por el CNE en su único boletín oficial. Una diferencia que puede haber sido mayor, si hacemos caso del amplio rango numérico que deja abierto la expresión “al menos un millón”, con la cual Smartmatic puso en suspenso el resultado real de aquel día. Y es que una acusación de manipulación de los resultados electorales como esa, viniendo de quien viene, no puede lanzarse al vuelo, así como así, dejando la especulación rodando por las calles de Venezuela, como si de un chisme cualquiera se tratase.
Se dice que eso no hubiese pasado de haber participado los particos políticos de la oposición con sus candidatos, quienes hubiesen tenido un control de las actas, resultados de mesas y centros de votación. Eso, aunque puede ser verdad, no garantiza que en un próximo evento comicial, como el de la elección de alcaldes y gobernadores, ocurra otro tipo de fraude o manipulación, no tan descarado, que no guarde relación con las totalizaciones o las actas de escrutinio, sino más bien con el acto mismo de votar, donde el software de la maquina programe un si, como un no, o viceversa; o que simplemente parte de los votos de un candidato se vayan para otro diferente. ¿Quién audita y certifica ese software, por parte de la oposición? La respuesta es nadie. Como tampoco nadie representa verdaderamente a la oposición en el CNE.
Aunque se puede tener la impresión de que lo ocurrido el 30 de julio pasado, fue simple un trapicheo de votos entre los propios chavistas, el asunto es más serio que eso y no se le puede restar importancia, excusándolo como una pugna entre facciones o corrientes del oficialismo. Si entre ellos mismos se pueden trampear de esa manera, que se puede esperar en una contienda electoral donde esté en juego la presidencia de la república, una alcaldía tan importante como la Alcaldía Mayor de Caracas o, incluso, la gobernación de un estado por pequeño que sea.
Si después de la confesión de Smartmatic que pone, en entredicho, no solo cualquier futuro proceso electoral, sino también todos los procesos efectuados en lo que va de siglo, aun le quedaran ganas a los partidos de oposición de lanzarse a la carrera electoral de las autoridades regionales, habría que recordarles que cualquier autoridad electa en este régimen, va a quedar subordinada a la ANC. Ya veremos si las ansias de poder y la terquedad de algunos, están por encima del sentido común y de la historia
