21 noviembre, 2024

¿Hacia dónde se dirige el Ecuador?

Los países que pesan en sus respectivos ámbitos de influencia son aquellos que poseen una estructura de institucionalidad en la que Gobierno, órganos de control, oposición y opinión pública ejercen sus funciones ante el termómetro de una sociedad sujeta a derechos y obligaciones.

Los diez años de la Revolución Ciudadana fueron una completa confluencia de todos los poderes del Estado alrededor de Rafael Correa. No hubo oposición, apenas opositores, y entre ellos solo una figura descollante, Guillermo Lasso. Su destacada participación electoral y la férrea crítica de la opinión pública han derribado el mito de la invencibilidad del Socialismo del Siglo 21.

Sin segunda vuelta difícilmente Alianza PAIS estuviera hoy contra las cuerdas y sus principales actores deambulando por diferentes frentes procurando escapar responsabilidades. La realidad es que una década de desgobierno no puede desvanecerse rápidamente, más aún cuando toda la estructura gubernamental sigue en manos de los malversadores. El nivel de corrupción del país ha llegado a niveles ya no de escándalo, sino más bien de terrorismo económico de Estado.

La sociedad se refleja en su propia penumbra política. Es hora de actuar alejándonos de nuestras individuales zonas de confort, desconectándonos de preconceptos generalizados e involucrándonos en un mancomunado esfuerzo por cambiar el país. Es difícil, sí, pero el no intentarlo, más allá de convertirnos en cómplices de una tragedia anunciada, solo allanaría el camino para recibir más de lo mismo.

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El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Es justo reconocer que el gobierno del presidente Correa ha tenido muchos aciertos en diversas
áreas que habían sido mal atendidas o ignoradas por gobiernos anteriores. De ahí parte la gran
base de su popularidad y su carta de presentación para una reelección, que hasta hoy, parece
asegurada dada la notoriedad de su aceptación entre una masa electoral significantemente alta.

No ha resultado fácil para la oposición cuestionar con éxito la notable inversión pública
realizada en el periodo de la Revolución Ciudadana. Claro, existe el argumento que jamás otro
gobierno ha gozado de la magnitud de ingresos ocasionados por los altos precios del petróleo,
que en realidad ha sido una ventaja debidamente aprovechada por el presidente Correa.

Lo que todo ecuatoriano debe conocer sobre el caso Chevron. I parte

Corría 1964, cuando el estado ecuatoriano firmó un contrato de concesión con Texaco, empresa que asume, mediante una de sus concesionarias, el rol de operador único del consorcio. Hasta el año 1977, se habían producido algunos movimientos en la composición accionaria del consorcio, pero Texaco mantenía y mantuvo su función como único responsable de las operaciones en la Amazonía ecuatoriana concesionada en 1964; donde conservó su función de operador hasta 1990. La concesión termina en 1992, fecha en la que Texaco, luego de cometer un extraordinario abuso ecológico a la selva del Ecuador, se retira del país.

En el año 1993, se da inicio al conocido como juicio Aguinda, en el distrito sur de la corte de Nueva York, donde el grupo de demandantes, formado por nativos amazónicos liderados por un equipo de abogados estadounidenses y ecuatorianos, alegaron que entre 1964 y 1992 las actividades de operación petrolera contaminaron la selva y los ríos de Ecuador y amparados en teorías de negligencia, molestias públicas y privadas, de responsabilidad objetiva, supervisión médica, trasgresión, conspiración civil y de violaciones, al conocido como Alien Tort Claims Act en los Estados Unidos, reclamaban a Chevron el reconocimiento de daños económicos, una amplia reparación equitativa para corregir la contaminación de las fuentes y el medio ambiente, entre los reclamos más importantes.

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