El nuevo intento secesionista, aun en marcha, por parte de la oligarquía política que ha venido mangoneando Cataluña desde el último tercio del siglo pasado, ha tomado un derrotero, más accidentado, por cierto, que el anterior de noviembre 2014, pero que nuevamente, lo conducirá a los estrados judiciales donde todo parece indicar que será sentado en el banquillo de los acusados y derrotado con la simple aplicación de la constitución española. ¿Pero es tan sencillo el asunto?
Parece elemental tratar cualquier acción separatista, con o sin violencia armada, como un hecho delictivo por el Estado afectado; sobre todo, si se trata de un país, como el español, con una rancia y prolongada historia de conjunto sobre su mismo territorio. Más aun, cuando como ocurre en el presente caso, los activistas del separatismo catalán pretenden cambiar la historia, queriendo llevarse en el concepto, a todo el territorio que conformó el antiguo Reino de Aragón, del que Cataluña formó parte.
Aunque las intentonas secesionistas en lo que va de siglo, gozan de popularidad en una medida similar a la de los partidos nacionalistas que las promueven, subiendo o bajando según las circunstancias, no deja de ser cierto que el independentismo catalán, junto con el vasco, sean dos de las tres piedritas en el zapato que ensombrecen el bienestar y tranquilidad de la política española. La otra, por supuesto, es Gibraltar.
La pregunta que queda en el ambiente después de los dos últimos sucesos separatistas en Cataluña, siempre será la de si el gobierno del señor Rajoy ha hecho todo lo que estaba a su alcance para detener el órdago separatista una vez más, en lugar de conformarse con aplicar la ley ya casi al final del proceso. ¿Por qué esperar a que se produzca el delito, si ya ha sido anunciado por sus autores intelectuales, con suficiente antelación, como y cuando se cometerá?
Por espesas que sean las violaciones a la Constitución española y a la ley en general, que en este caso han sido muchas y variadas, siempre quedará un mal sabor de boca y la sensación de que algo faltó para completar la tarea. No basta con señalar la desviación presupuestaria del gobierno catalán al utilizar recursos destinados a cubrir, por ejemplo, gastos de servicios públicos en Cataluña, para crear embajadas en el exterior, hacer propaganda o pagar otras actividades independentistas. Tampoco es suficiente con demostrar y poner de bulto, todos los desmanes y atropellos que el Parlamento catalán, todo su gobierno regional y la dirigencia catalana en general han cometido, en su afán separatista, por más ciertos que sean. Si no se ataca la raíz del problema no servirá de nada y lo único que se logrará es correr la arruga en ese manoseado cartón que es el mapa de España.
No sabemos si en lo que le queda de gobierno al señor Rajoy se le presentará otra deriva secesionista y actuará con la misma pachorra de hasta ahora; pero lo que sí sabemos es que entre el iluso y embriagante plurinacionalismo del señor Sánchez o el desparpajo permisivo del señor Iglesias, los independentismos y los separatismos tendrán un terreno mucho más abonado, por lo que el futuro de la unidad de España no luce muy esperanzador.
El tema me ha traído a la memoria algunas de aquellas calurosas tardes marabinas de café y ajedrez, en la casa de Víctor Zajska, donde se hablaba de lo humano y lo divino. De entre ellas, recuerdo ahora especialmente una, en la cual mi viejo profesor de Historia del Arte, le aseguraba a uno de sus contertulios, un exjesuita, dedicado a la enseñanza de la filosofía alemana en la Universidad del Zulia, que los españoles estaban unidos por tres elementos indispensables: la religión católica, el idioma castellano y la tortilla de patatas.
Ha transcurrido mucho tiempo desde entonces y una cosa es segura, de esos aglutinantes no queda mucho. Ni del idioma único, ni de la religión histórica, ni de nada; tal vez de la tortilla, que todavía se sigue reconociendo como española, aunque a las nuevas generaciones les guste más con mayonesa y algo de kétchup encima.
