Venezuela se encuentra, en este momento, en un estado de aletargamiento social y político que contrasta con el agitado clima de tensión, protestas y represión de apenas hace un par de meses.
Si bien, la convocatoria ilegitima y la designación espuria, indeseada por la mayoría de los venezolanos, de una nueva Asamblea Constituyente crispó aún más los ánimos, el llamado a elecciones, tan tardío como inesperado, para votar los nuevos gobernadores de 23 estados del país, pareciera haber calmado hasta las posturas antigobierno más recalcitrantes. También el anuncio, apenas hace unos días, de un nuevo intento de dialogo entre la MUD y el gobierno de Maduro, ha contribuido a que una especie de parálisis social, de sopor estival y de desánimo general, se haya apoderado de la gente, ya cansada, aturdida y hasta resignada.
Constituyente, por un lado, mas proceso electoral y dialogo por el otro, lo cierto es que la sociedad venezolana tiene motivos para estar confundida y aceptar sin más, cualquier opción o alternativa de solución a la crisis como válida, sin hacer caso a las contradicciones políticas implícitas. De entre ellas destaca, por ser de peso, que al actual régimen se le tache de autocrático, autoritario, e incluso dictatorial, y que por otra parte se acate un llamado a elecciones, con la confianza de que se van a ganar en la mayor parte de los estados; lo que da a entender, de paso, que serán unos comicios respetables, con acento democrático, no obstante, lo dicho recientemente por la directiva de Smartmatic, empresa que fue socia tecnológica del Consejo Nacional Electoral, hasta no hace nada, con respecto al abultamiento de cifras y de resultados divulgados por dicho organismo, durante los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente.
Otra discrepancia difícil de entender, es que se pretenda elegir nuevos gobernadores, atendiendo un mandato de la constitución vigente, cuando la misma se encuentra en el “corredor de la muerte”, a la espera de que la flamante Asamblea Nacional Constituyente promulgue, como es de esperar, un nuevo texto constitucional que la derogue automáticamente. O la dirigencia de los partidos que conforman la MUD es muy ingenua o, por el contrario, sabe demasiado, y aceptó los comicios regionales porque conoce bien lo que va decir la nueva Constitución; o mejor aún, que no habrá otra constitución. La duda imperante mientras tanto, es cuánto tiempo van a durar unos gobernadores así electos, sobre todo, si los resultados no le convienen al gobierno.
Tampoco encaja bien en este contexto electoral, con fecha ya fijada para el 15 de octubre próximo, el nuevo escenario de dialogo, el cual ha venido siendo negado por la propia dirigencia opositora, que pareciera tener vergüenza en admitirlo, llegando a calificar a los encuentros iniciales, sostenidos en República Dominicana, como exploratorios y libres de condicionamiento alguno, pero de los cuales la población venezolana no tiene información ni siquiera referencial, como tampoco de ninguno de los temas en agenda, aunque sean de carácter tentativo; teniendo que conformarse con lo que divulga la representación del oficialismo en los medios, sin saber cuánto hay de verdad o mentira.
A juzgar por las declaraciones de la representación oficialista en Santo Domingo, la hoja de ruta que se está siguiendo en dichas negociaciones comprende temas de gran conveniencia para el gobierno como la soberanía de Venezuela y el repudio a cualquier intervención extranjera en sus asuntos internos; la guerra económica y violencia contra la moneda nacional; la participación de la oposición en la comisión de la verdad nombrada por la ANC; el acatamiento de las decisiones del Poder Judicial por el Parlamento venezolano, y nada más y nada menos que el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente a nivel Internacional. El ofrecimiento por parte del gobierno de un cronograma cierto con garantías electorales sería el único punto hasta ahora de utilidad práctica para la oposición en dicha agenda, no obstante tratarse de un deber legal que debería ser observado y cumplido sin diálogo o negociación previa. Es decir, un memorándum de intenciones, no definitivo, según se dijo, pero que marca las pretensiones del gobierno en este dialogo y los objetivos a alcanzar en la agenda final. En ningún caso, un papel de trabajo conveniente ni favorable a la oposición; al menos que a las elecciones regionales y a las que estén por venir, se les dé una importancia tal, que todo lo demás resulta insignificante o tan baladí, que se puede negociar en medio de cualquier “dialogo”.
Una última paradoja debe ser descifrada y no vemos como, salvo que se acepte en el “dialogo”, darle el reconocimiento mundial a la Constituyente que solicita el gobierno; algo que resultaría aún más contradictorio y entreguista para la oposición dialogante. Nos referimos a la situación de inseguridad jurídica, por decir lo menos, en la cual quedarían esos gobernadores de la oposición o demás autoridades que se elijan en el futuro, si como ya lo advertimos en un artículo anterior, y Nicolás Maduro lo acaba de certificar, no se someten a la autoridad suprema de la inconstitucional ANC, subordinando a ella su mandato, so pena de ser desconocidos o revocados.
Si como aseguraba Cicerón, el oficio de la virtud radica en las acciones; no será, lamentablemente, en Santo Domingo, donde precisamente, la ética y la política tengan su mejor punto de encuentro.
