La consulta popular (enmienda) y la asamblea constituyente (reforma) son instrumentos constitucionales a disposición del Presidente de la República, la Asamblea Nacional y la ciudadanía. Lenín Moreno es en la práctica un desmemoriado desertor de Alianza PAIS, con amplia aceptación a nivel nacional, pero sin gran autoridad ni poder de decisión dentro del movimiento o en las instituciones de control nombradas por Rafael Correa. Su aparente intento por romper los candados constitucionales, impuestos mientras ejercía la Vicepresidencia de la República, debe ser sujeto de calificación por una Corte Constitucional con demostradas afinidades correístas.
Los mandatos son efímeros y Moreno no será la excepción de la regla, más aún dentro de una estructura seudo constitucional confeccionada, no precisamente para precautelar derechos ciudadanos, sino para proteger la agenda de Correa. La sociedad clama por institucionalizar un Estado de derecho, más no que Moreno, vía consulta, intente controlar el país a su discreción produciendo una versión dictablanda dialogadora en contrapunto con la dictadura combativa de Correa. Más de lo mismo, pero con otra óptica, no cambiará la senda de malos resultados. El país busca prosperidad y no le interesa quién se la dé. Los tiempos están apretados y la coyuntura no favorece otras aventuras, más aún cuando una reestructuración económica, o peor aún su ausencia, no es la mejor aliada del Gobierno. La respuesta a la constitucionalidad está en la actitud y la prestancia. ¿Las tiene Moreno?
