Cuando las cosas se dejan para última hora, suelen salir mal o no todo lo bien que se desearía. Y eso es lo que pasó exactamente al señor Rajoy con el 1-O, la fecha fijada por el secesionismo catalán para llevar a cabo su amenaza de referéndum.
Después de varios meses jugando al gato y al ratón con la dirigencia separatista, el gobierno de España viene a tomar medidas únicamente de tipo legal, ya prácticamente en los últimos días, destinadas a desmontar los diferentes mecanismos anunciados por el gobierno catalán para hacer posible en aquella fecha algún tipo de votación, por esperpéntica que fuese.
Multas a los responsables, arrestos de unas horas o el decomiso del material a ser utilizado en el proceso independentista, por más ilegal o ilegitimo que pueda ser, no suelen ser los mejores remedios en estos casos, menos aun cuando se toman a destiempo y una gran parte del daño ya se produjo. Nos referimos especialmente, entre esos daños y efectos indeseados, a la victimización de los cabecillas del movimiento separatista y a la imagen negativa, que por lo mismo, se puede tener de España en algunos círculos y medios políticos nacionales e internacionales, como ya está ocurriendo, que buscan una explicación que vaya más allá de la mera legalidad, dada por el gobierno. Eso sin contar que se ganan nuevas adhesiones y simpatías para el separatismo, entre los jóvenes de hoy y las futuras generaciones de votantes catalanes, influenciados, no tanto por razones como por sentimentalismos propios de cualquier causa que se proclame independentista y libertaria, pues la identificación de independencia y democracia se hace casi de manera automática, sin distingos de ningún tipo o de legalidad.
Una muestra de esto último, la hemos encontrado al conversar con algunos estudiantes venezolanos, quienes hablando de libertades llegaron a comparar la negativa del gobierno de Nicolás Maduro de consultar al pueblo, sobre si quería o no una Constituyente, con la negativa del gobierno español a hacer un referéndum en el caso de Cataluña. Una comparación impropia, pues en el primer caso, nos estamos refiriendo a un mandato de la Constitución venezolana, incumplido; mientras que en el segundo, la carta magna española no contempla dicha consulta. Ni que decir, de quienes suelen confundirse con discursos como los de Iglesias o el señor Garzón, quienes han calificado de presos políticos a los detenidos en Cataluña por la justicia española, no obstante haber votado en el parlamento español contra la existencia de presos políticos en Venezuela. Otro ejemplo de esos sentimientos encontrados y que fulmina cualquier razonamiento al respecto, es del señor Piqué, jugador del Barcelona, quien no obstante ser un reconocido activista del separatismo, integra la selección española de futbol, sin encontrar en ello ningún tipo de incoherencia.
No había que esperar a que el 1 de octubre llegara para desplegar acciones legales que pudieron haber sido tomadas mucho antes, sin ningún tipo de violencia policial, pues hechos y actos contrarios a la Constitución española se vienen dando reiteradamente, desde hace tiempo, de manera pública y abierta.
Al final del día, la jornada del 1-O, ha sido una auténtica vergüenza; innecesaria desde cualquier punto de vista, dada la forma poco responsable con la cual tanto los líderes catalanes como las autoridades españolas, en general, han venido manejando el asunto.
En tal sentido, fue patético ver, por un lado, al presidente del gobierno español Mariano Rajoy, en transmisión televisiva, asegurando que se había cumplido con la ley y dando por cerrado el episodio comicial de ese domingo, al que calificó de simple escenografía, pues no se había efectuado proceso de votación alguno; mientras que por el otro, la plana mayor de Cataluña aseguraba lo contrario, anunciando un referéndum en el cual votaron más de dos millones de personas, con un noventa por ciento a favor del SI, razón por la cual dichos resultados, que superan el cincuenta por ciento deseado, serían llevados al parlamento regional para que declare formalmente la independencia de Cataluña.
Concluyó el 1-O, pero el problema político de fondo sigue sin solución y ahora habrá que ver lo que hace el señor Rajoy en el caso de que dicha independencia sea oficializada más adelante. Más anuncios de ilegalidad y más sentencias del Tribunal Constitucional son previsibles, incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, como igualmente su ineficacia, por lo que es de esperar que se tomen otras medidas de corte político por parte del gobierno español, largamente anheladas, que conciten al dialogo, que para algunos ya no es posible en condiciones de igualdad, pues la independencia de Cataluña ya la proclamó hace tiempo su gobierno regional, desde el mismo momento que empezó a decir que la única ley que reconocían era la catalana, o sea la que surgía de su parlamento y la cual estaba por encima de la española. Si lo ocurrido el 1-O fue un golpe de estado o un acto de legitimidad democrática, lo sabremos dentro de poco.
