¿Los abogados del diablo?

Expresión popular que se refiere a quien defiende algo o alguien, término que se acuñó en el Siglo XVI, a quien hacía de Abogado del Diablo y argüía “faltas” para que no sea canonizado alguien (abolido por Juan Pablo II). A un jurisconsulto que defiende a un violador o ladrón confeso y protege sus derechos humanos, constitucionales y una sentencia favorable y justa. También, la defensa al derecho legítimo de la presunción de inocencia o de una acusación fraguada, “que es lo que aducen del vicepresidente como una ¿patraña de odio y traición política”? Y de forma popular, quien paladinamente sirve al Diablo y sus fechorías, remando a favor de alguien con culposa y evidente responsabilidad.  

Está claro que, la cirugía mayor contra la corrupción “no es extirpar su cáncer, sino que sea protegido para que nadie se entere de la metástasis camarada que saqueo el Erario Nacional”. Embobados con el culebrón del tío morboso con una chica que buscaba trabajo y el sobrino vicepresidente de “manos-limpias” por edicto del Jefe Correa y su “aparataje-totalitario” para tapar la mega corrupción-robolucionaria del Siglo y toda la historia republicana del Ecuador. El procurador en su momento, ante una crítica ciudadana por la corrupción, con fecha 11 de agosto de 2017 en El Universo, con fundamento señalaba que en Montecristi a la Procuraduría le quitaron la facultad de emitir informes, previo a la suscripción de contratos con el sector público y con empresas privadas con recursos y obras para el Estado.

En El Comercio (http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/07230000d116f82b-ec71-48b0-a7b3-8f9519414647), de sábado 8 de julio de 2017. La Procuraduría explicó sobre el caso Odebrecht en 2010: “La entidad aclara que no autorizó el desistimiento de la demanda penal, que se seguía en un juzgado de Tungurahua por presunto peculado, y tampoco pidió a la Contraloría que desvaneciera las glosas y multas contra Odrebrecht, que eran de 144,7 millones. «Ni la sanción penal ni el contenido o desvanecimiento de las glosas eran materia transigible ni era competen-cia de la PGE pronunciarse. Tampoco es de su competencia la participación de una empresa en nuevos procesos de contratación”, dice el ente. En el 2008, la hidroeléctrica San Francisco, construida por la firma brasileña, presentó fallas en el sistema de enfriamiento y en los filtros de agua, así como la paralización de las obras durante 131 días. La Procuraduría informó que previo a la suscripción de un Acta de Liquidación de Transacción entre Hidropastaza, empresa a pública a cargo de San Francisco, y Odebrecht exigió el cumplimiento de una serie de obligaciones. Entre esas exigencias se decía que el consorcio formado por Odebrecht y otras dos empresas, debía ejecutar las reparaciones de la empresa San Francisco. Además -agrega- la compañía debía pagar USD 20 millones de indemnización a Hidropastaza en compensación por los daños y paralización”. ¿La pregunta de cajón, pagaron los 20M USD y/o se desvanecieron así no más las glosas por 147M USD por el contralor prófugo de vacaciones en el Imperio y viva la revolución? ¿Si la Procuraduría no autorizó, puso reparó sobre estos “actos o hechos” contrarios al interés del Estado y Pueblo ecuatoriano, en los contratos antiguos de Odebrecht que fue expulsada en 2008?  (Que volvió al Ecuador a pedido del corrupto Lula a su amigo y camarada Correa). Según la Constitución, son atribuciones de la Procuraduría «la representación judicial del Estado» y el control de «los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público» (desgraciada y revolucionariamente a posteriori). 

En la comedia del juicio al vicepresidente, la Procuraduría como abogado del Estado ecuatoriano, ¿y no de aliancistas: correistas y morenistas?  (Juntos, por ejemplo, impidieron el llamado a la Asamblea a Carlos Ochoa, Torquemada que persigue a la prensa libre e independiente como juez y parte de forma inmoral e ilegal. Con posible destitución por otros menesteres. Sin embargo, en la inconsulta no consta la ilegal Ley Mordaza, la democratización del CNE, los grupos armados civiles, etc.). ¿Por qué no solicitó como bien dice el ex vicepresidente y demócrata, abogado León Roldós, que la tipificación de la causa sea por “asociación para delinquir”? ¿No por ese disimulo de la “asociación ilícita”? ¿Beneficiando al supuesto acusado, un vicepresidente con una acusación menor que, por ende, recibiría una sentencia menor?  Pero, los dardos de la injusticia con fuerza fueron lanzados desde las Sabatinas a quienes denunciaron la corrupción de la Década Robada, como a la virtuosa Comisión Anticorrupción, Fernando Villavicencio y otros. Más aún, cuando la Procuraduría dice en su carta de El Universo, del 11 de agosto de 2017: “… la Procuraduría General del Estado, en conocimiento de la información revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, sobre que el Grupo Odebrecht habría tenido malas prácticas, al realizar pagos por sobornos a funcionarios de varios países; y, entre ellos a Ecuador, procedió a solicitar la información requerida a las diferentes entidades públicas involucradas a fin de realizar el control de la legalidad de cada uno de los procesos contractuales”. Lista Maldita que todavía es un mito para los giles de los ecuatorianos, donde estarían algunos de la partidocracia y los revolucionarios de la movimientocracia. ¿Pacto y tongo?

¿Y por qué la Procuraduría produjo un hecho infantil y criticable que deja muchas dudas cuando se culpa al ascensor y los abogados de la PGE llegaron 7 minutos atrasados, siendo sacados del caso y el Ecuador, el Estado y el Pueblo ecuatoriano se quedó en clara indefensión, sin derecho a exigir la reparación económica, así no más, así de simple y viva la revolución?  También, es censurable la actuación del Juez, que ni corto ni perezoso no esperó un minuto más y falló a favor de los intereses del acusado (s) y no del Estado y Pueblo ecuatoriano. ¿Así están las cosas en la política y la justicia revolucionaria? ¿Legisladores, funcionarios, abogados y jueces del Diablo y no a favor del Estado y Pueblo ecuatoriano que cada vez está más pobre como en Venezuela?   

Para el análisis ciudadano, cito varias opiniones sobre el tema que se explican por sí solas: Diario Expreso 2017-12-11, del Ab. Santiago Bucaram con el título Las consecuencias del atraso de los abogados de la Procuraduría: “… Lo más triste del presente caso es que fue un abogado laboralista quien como delegado del Procurador y por ignorancia de no conocer el art. 433 No. 6 COIP o inconscientemente ignoró el terrible texto legal que lo obligaba a estar presente y lógicamente los abogados de los sindicados lo confrontaron al juez para que declare el abandono de la acusación particular”. El Comercio 2017-12-11, del Dr. Manuel Posso Z., con el título de El Juicio más importante: “En el juicio más importante de la década en el país, al vicepresidente le favorece el cinismo de la Procuraduría, cuyos representantes dejaron de ser acusadores para disfrazar el tongo de la cirugía mayor contra la corrupción…”. Diario Expreso 2017-12-08, de Paúl Tapia Goya con el título de El Estado está perdiendo el juicio: “La Procuraduría General tuvo la ‘década perdida’ de juicios multimillonarios contra al Estado, el más reciente con la petrolera Burlington. Un exfiscal general prófugo de la justicia acusa al procurador de acolitar a la brasileña Odebrecht. Ahora la justicia declara que la Procuraduría ‘abandona por atraso’ el juicio contra el vicepresidente, que queda así ‘sin parte acusadora’. Señor Director, es digna de una medalla la sincronización de poderes por la impunidad. Entonces, si el Estado ecuatoriano ‘pierde el juicio’…ahora ¿quién podrá defendernos”? Y mi carta de opinión, Diario La Hora 2017-12-10 y Diario Digital Desde mi Trinchera 2017-12-11, con el título de El Jefe llegó y ordenó.

En el derecho que asiste el Art. 66, numeral 6 de la Constitución y lo consagrado en los Tratados Internacionales sobre la libertad de comunicación, expresión, pensamiento y opinión de los ciudadanos libres y democráticos del mundo, que anhelamos un mejor país para los más necesitados y las futuras generaciones de niños y jóvenes de la Patria educados con principios cívicos, morales y éticos, a la antigua y no revolucionariamente. Bien nos advirtió Juan Montalvo: “La única revolución válida es por la libertad y la cultura.”