Segunda enmienda: ¿Derecho a defenderse o a matar?

Desde que cuatro indios lenapes mataron en 1764 a varios niños, junto  a su maestro,  en una escuela de colonos en Pensilvania, hasta  el 14 de febrero pasado, cuando un joven asesinó en un high school  de la Florida, a casi una veintena de personas, estudiantes en su mayoría, dejando además una decena de heridos,  han transcurrido dos siglos y medio. En el ínterin, un medio centenar de sucesos similares con saldos trágicos de muertos y heridos, se han producido  en centros educativos  estadounidenses.

Aparte del móvil y de la época, de allá para acá han cambiado algunas otras cosas; entre ellas, la capacidad para matar de las armas empleadas, pasándose en la escala de progreso social, de los cuchillos y el hacha de guerra, a las escopetas de pólvora y a otras mucho más sofisticadas armas de fuego automáticas, entre las cuales destaca el  popular AR-15 utilizado en sus diferentes versiones, no solo en el atentado del día de San Valentín pasado, sino igualmente  en la matanza de la escuela Sandy Hook, en Conneticut, donde murieron 27 personas, así como en otras masacres perpetradas en  escenarios muy distintos al escolar,  como ocurrió con la matanza del cine Century 16, en Aurora, Colorado, que dejó 71 víctimas entre muertos, 12 personas, y heridos; en una iglesia Baptista de Sutherland Springs, Texas, donde 26 personas murieron y otras 20 resultaron heridas; al igual que en el asesinato de 58 personas que asistían a un concierto de música country en Las Vegas,  en octubre del 2017, calificada como la peor masacre en toda la historia de los Estados Unidos.  

Una vez más, como ya ha ocurrido en años anteriores, la vieja polémica sobre el  libre porte y uso de armas en los Estados Unidos vuelve a revivirse. Un tema por lo demás álgido, enraizado en lo más profundo de la cultura norteamericana y tenido, hasta ahora, como un derecho constitucional fundamentado en la Segunda Enmienda de 1791. Pero como sucede con muchas de las interpretaciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el texto constitucional, la de la Segunda Enmienda parece estar más influenciada  por la  tradición de cultura y la preservación del estilo de vida norteamericano que por otras razones jurídicas,  lo cual, en todo caso, hace inexplicable como ese supuesto derecho a poseer y a portar armas puede razonablemente extenderse a cualquier tipo de arma, como un rifle automático, una ametralladora o una granada. Como tampoco explica el que un enajenado mental, con o sin historia médica, o un menor de edad, con prohibición en algunos estados para comprar una cerveza, puedan, sin embargo, adquirir un arma de guerra, libremente, sin ningún reparo o limitación.

Esa interpretación del máximo tribunal de los Estados Unidos, que en el 2010 ratificó su doctrina, negando cualquier derecho de los estados miembros de la Unión a controlar la posesión de las armas de fuego, ha servido para impulsar el trafico interno y venta de armas en el país norteño, que solamente en el black fryday  del 2017, vendió más de doscientas mil piezas; no obstante que el derecho a poseer armas no conlleve, necesariamente, su comercialización libre de trabas, a cualquier persona.

Pero lo que más llama la atención en todo esto, es el argumento de fondo que tanto la Corte Suprema, la Asociación Nacional del Rifle, con más de cinco millones de afiliados y máximo “lobbysta”  en  los poderes públicos norteamericanos, así como la mayoría de los poseedores de armas en los Estados Unidos esgrimen para justificar la compra y tenencia de armas de fuego de todos los calibres, ésto es, el derecho a defenderse; desconociendo así, de manera absurda, el papel que juega  el Estado en la protección de sus ciudadanos. Ni siquiera a Thomas Hobbes, para quien los hombres eran malos por naturaleza, siendo el Estado, por ende, un mal necesario, pues solo él con su autoridad y poder de coerción podía fijar reglas que nos  permitiesen  convivir, se le hubiera ocurrido pensar que las armas eran la solución para que los integrantes de una comunidad pudiesen defenderse los unos de los otros y  coexistir  en sociedad.

Al referirse a la reciente masacre de Parkland, Florida, el presidente  Donald Trump señaló que el problema no está en la  libre venta de armas, sino en la salud mental de quienes las usan; algo que ya había dicho cuando ocurrió la matanza de Sutherland Springs, Texas, en noviembre del 2017. Si el señor Trump tiene razón, entonces el problema es aún más serio de lo que parece, pues en lo que va de este siglo se estima que más de un millón de veteranos de Irak y Afganistán, que regresaron a su país, tiene problemas mentales; eso sin contar a los que aún quedan de Vietnam, y a aquellas otras miles de personas que no tienen registrado un expediente psiquiátrico pero que igualmente viven sus propias guerras interiores, y tienen acceso a un arma en cualquier tienda  de la esquina.

Aunque Trump acaba de afirmar que ningún padre debe tener miedo por enviar sus hijos al colegio, creo que muchos norteamericanos deben estarse preguntando, como el derecho de llevar armas para protegerse, pueda ser precisamente  la circunstancia que permita a algún loco acabar con la vida de los suyos o con  la de ellos.