En la mayoría de países que han tenido luchas intestinas, “Sendero Luminoso”, en Perú, una guerrilla demencial que dejó un reguero de sangre y muerte, cuyos dirigentes purgan en las cárceles sus crímenes; los excesos fueron sancionados con rigor y debieron pagar sus culpas aquellos responsables de los bandos confrontados (militares, policías y subversivos). En Colombia que sigue en su atormentada violencia, pese a la firma de la paz con las FARC, fruto de esta terrible experiencia son los asesinatos, los secuestros, los miles de desplazados y refugiados y lo que es más el narcoterrorismo. En Centroamérica y en los países del Cono Sur, igualmente vivieron despiadadas luchas fratricidas, se cometieron todo tipo de abusos y excesos, fue una lucha sin cuartel en donde, los bandos confrontados, no respetaron los DD.HH.
Considerando que los DD.HH. tienen una gran importancia, en cuanto expresan el compromiso de la sociedad con el respeto por la dignidad y la vida de todos y cada uno de seres humanos, como único camino éticamente válido, de desarrollo, de convivencia y de paz; por esa razón en la mayoría de países que sufrieron el flagelo de la guerra interna, se crearon sendas comisiones de la “Verdad y Reconciliación”; con el único propósito de buscar la verdad, necesidad imperiosa, que tiene como fin saber qué es lo que ocurrió en forma objetiva, sancionar a los responsables y convocar a una reconciliación, para reanudar las relaciones interpersonales e institucionales dentro de una nación.
El decreto de creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, establecía que dicha Comisión tenía el objetivo de buscar esclarecer el doloroso proceso de violencia política que vivió el país de 1980 a 2000. Uno de los considerandos decía: «Que una Comisión de la Verdad es el medio idóneo tanto para esclarecer los hechos de la violencia terrorista y las graves violaciones a los DD.HH. que ocurrieron durante ese periodo como para que estos no se repitan, creando las condiciones necesarias para la reconciliación nacional fundada en la Justicia».
Frente a los hechos señaldos, hay que recordar que los estados en general y Ecuador en particular, a través de sus gobiernos legítimos, tienen la obligación de proteger a la sociedad de las rebeliones organizadas, armadas y apoyadas por un aparato político; haciendo uso legítimo de la fuerza para neutralizar y destruir a esas organizaciones que operan al margen de la ley; por lo tanto los miembros de la fuerza pública cumplieron estrictamente su deber, para preservar la seguridad, la paz e institucionalidad del Estado, ante el peligro de grupos subversivos que en sus públicas proclamas amenazaban tomarse el poder por las armas.
Se entiende que impartir justicia implica un compromiso ético, libre de venganzas, odios, revanchismos y de veladas intenciones y que el respeto a los DD.HH. es para todos los ciudadanos, con o sin uniforme. Ahora, los militares que se encuentran procesados por haber cumplido fielmente su deber, acusados de supuestos crímenes de lesa humanidad, fincan sus esperanzas en la ley y confían que los jueces obren con justicia.
Recordemos al filósofo francés Blaise Pascal (1623-1662), cuando advierte que “la justicia sin la fuerza es impotente y que la fuerza sin justicia es tiránica”. Es preciso, agrega Pascal, “unir la fuerza y la justicia, y para ello hacer lo que sea justo sea fuerte o que lo que sea fuerte sea justo”.
