El Ecuador entero no puede negar que el desarrollo comercial y turístico de Guayaquil ha estado en expansión constantemente. El hecho obliga a mejorar los servicios e infraestructura, cuyo desarrollo deben ir acorde al crecimiento y necesidades que demanda la población permanente y flotante de la ciudad. Por ello, existe un reconocimiento sobrentendido a los alcaldes de Guayaquil: Ing. León Febres-Cordero Ribadeneyra y Abg. Jaime Nebot Saadi a lo largo de los 26 años que suman sus periodos como burgomaestres.
La lucha de Guayaquil contra el centralismo ha sido constante desde su fundación como ciudad. Hubieron varios mandatarios que lucharon a favor de la ciudad, de ellos, el último que recuerdo fue el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, quien tuvo la tenacidad de construir un nuevo puente sobre el río Guayas, ampliándose el tramo de Guayaquil hacia la Puntilla, contra todos los pronósticos, ya que con su escaso periodo presidencial de tres años y con el inconveniente de la falta de dinero en las cajas fiscales, logra que la Corporación Andina de Fomento (CAF) financie el 70% de la obra con la condición de que en el día de la firma del contrato, el 30% faltante para la construcción de la obra provenga del cobro de peaje a los vehículos que cruzan el Puente de la Unidad Nacional (PUN). En otras palabras, quedaría establecido el cobro permanente de peaje sobre el existente puente con la finalidad de completar el financiamiento para su ampliación. El trabajo coordinado entre alcalde y presidente, ambos guayaquileños, logran un segundo financiamiento por el 30% faltante a través de la Constructora Andrade Gutierrez con el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) y se evita el cobro de peaje en el PUN. Y la obra se hizo porque se hizo en contra de intereses oscuros existentes en la época. Recordemos que había un enfrentamiento abierto entre dos grandes constructoras brasileras: Odebrecht y Andrade Gutierrez que peleaban la adjudicación de la única obra importante de inicios del milenio.
En la actualidad, la ley para conformar alianzas de inversiones en obras de infraestructuras entre el sector público y el sector privado (Ley Asociación Pública Privada – APP) es un gran paso para el desarrollo del país. A falta de dinero del Estado para obras de infraestructura, la iniciativa de proponer proyectos de desarrollo está en manos del sector privado, el mismo que puede invertir en una gama amplia de iniciativas estructurales tales como puentes, carreteras, sistemas de transporte terrestre, aeropuertos, puertos, etc.; es decir todo lo relacionado al servicio masivo de personas que sean auto sustentables en el tiempo. La ley APP permite que el proponente presente un proyecto de infraestructura a la institución pública correspondiente -por lo general al Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP) y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) – para su revisión y evaluación a fin de determinar su viabilidad. El proyecto presentado debe ser calificado como viable, por tanto, en lo técnico, económico y legal. A partir de su aprobación bajo la ley APP, el inversionista proponente tiene la primera opción dentro del concurso licitatorio, en caso de que superen su propuesta económica y técnica, podrá igualar o rechazar las condiciones del ganador de la licitación. Esta forma de participación de la ley APP es similar al “Swiss Challenge”, esquema que obliga a los participantes a hacer su mejor propuesta de proyecto al participar en una licitación.
Afortunadamente para el Ecuador hay voluntad política para que prosperen los proyectos de infraestructura bajo la ley APP, pues de esa manera se pronunció el presidente Lenín Moreno a favor de hacer realidad el Puente Sur (Viaducto Sur Guayaquil) en la sesión municipal del lunes 9 de octubre del 2017, donde se anuncio que el proyecto se hará con una inversión de aproximadamente $ 800 millones en la construcción de este nuevo viaducto con un recorrido de 44 kilómetros incluyendo cuatro puentes sobre río Guayas (3,4 km), estero Cobina (855 m), río Bulubulu (425 m) y estero Mojahuevo (60 m). El Puente Sur Guayaquil y sus viaductos conectaría, el sur y centro del país con sector sur de la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, se estima que 160.000 vehículos diarios ingresan a Guayaquil por las cuatro vías existentes de entrada a la ciudad: Puente de la Unidad Nacional (PUN) (Oeste), Puente Alterno Norte (PAN) – vía perimetral (Norte), Vía a Daule (Norte) y Vía a la Costa (Este). El nuevo viaducto que abre una puerta de acceso a Guayaquil por el sur aliviaría enormemente el tráfico hacia los puntos de entrada a la ciudad, principalmente por los vehículos cuyos destinos son los puertos marítimos de Guayaquil.
Habiéndose emitido las viabilidades respectivas del Viaducto Sur Guayaquil (VSG) y su aprobación por intermedio del MTOP bajo la ley APP, la ciudadanía espera con ansias la convocatoria a licitación de la obra porque por segunda vez el presidente Lenín Moreno, a través de video conferencia en la sesión solemne del cabildo de Guayaquil por los 483 años de fundación de la ciudad, ofrece la ejecución de la obra, confirmando lo que el alcalde Nebot ya había manifestado minutos antes en la misma sesión, de que la obra era muy importante para Guayaquil.
Ahora bien, bajo la promesa del presidente pasan los días y la convocatoria a licitación no prospera poniéndose en espera la iniciativa del inversionista proponente, que bajo la ley APP, espera que se convoque al mencionado proceso.
El riesgo de la demora a una propuesta de inversión en proyecto de infraestructura tan importante como el VSG atenta contra los intereses de la ciudad y sitúa al Ecuador al último lugar en iniciativas de alianzas públicas privadas dentro del grupo de países vecinos y economías dolarizadas. Las estadísticas así lo demuestran. Ecuador, dentro de una puntuación máxima de 100, apenas registra un marcador de 40 frente al promedio del grupo de países seleccionados de 62 puntos.
Analicemos las estadísticas expuestas:
- LEYES Y REGULACIONES. – En Ecuador, La Ley Orgánica de Incentivos para Asociación Público-Privadas y la Inversión Extranjera entro en vigor el 18 de diciembre de 2015 y su reglamento publicado en el registro oficial del 29 de junio del 2016, definiéndose la estructura legal para las asociaciones públicas privadas en obras de infraestructuras en el país. El color verde claro en el margen izquierdo del cuadro hace énfasis como una ley APP desarrollada; sin embargo, Ecuador se ubica en el 5 puesto con una puntuación de 68 versus 76 como promedio en el grupo de países analizados.
- INSTITUCIONALIDAD. – La institucionalidad en el Ecuador con respecto a las APP es emergente (color naranja) en la región dada la novedad de la ley. La puntuación del Ecuador es de 31 sobre 100 (5to lugar del grupo), muy alejado del primer lugar que es El Salvador con 91 puntos sobre 100, lo que demuestra que existen trabas de coordinación institucionales en el país para que las asociaciones público-privadas fluyan con mayor agilidad.
- MADUREZ Y EXPERIENCIA. – Con la poca experiencia en ejecución de proyectos bajo regímenes APP, nuestro país (color rojo) y por consiguiente en último lugar en este rubro con 19 puntos versus 63 de promedio, se pudiera mejorar sustancialmente con la puesta en marcha inmediata del VSG y dar confianza a otros inversionistas extranjeros que quieran invertir bajo las condiciones de la ley APP.
- INVERSIÓN Y CLIMA DE NEGOCIO. – Ecuador en este rubro se posesiona en el 5to lugar con una puntuación de 54 de 61 de promedio de los países seleccionados. Es importante recalcar que Chile se ubica en el primer puesto con 72 puntos, hecho que sirve de referencia porque los países vecinos tales como Colombia (68) y Perú (66) están en el segundo y tercer lugar, respectivamente. En otras palabras, Ecuador aún no logra posesionarse como país de destino prioritario de inversiones entre países vecinos o con condiciones económicas similares.
- FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO. – Es una realidad que el Ecuador requiere de financiamiento externo para obras de infraestructura. La era del exceso de dinero por altos precios internacionales del petróleo se acabó. El limite del endeudamiento del Estado está excedido del 40% del PIB, lo indica que el endeudamiento estatal impide nuevos financiamientos en obras de infraestructura. La banca ecuatoriana privada no tiene capacidad para financiar grandes obras de infraestructura; por ende, la inversión en obras monumentales tales como el VSG u otros requieren del endeudamiento privado con fondos provenientes del exterior. Perú, Colombia y Chile están en la etapa de desarrollo (color verde claro) en los primeros lugares por su facilidad de financiamiento mientras que Ecuador apenas emerge (color naranja) como país en este rubro. Ecuador registra 40 puntos versus Perú con 77 puntos y un promedio de 56 puntos entre los seis países.
La nueva realidad, como ejemplo para atraer inversiones al Ecuador, debe ser la aprobación urgente del proceso licitatorio de la construcción del VSG, obra considerada viable por el MTOP acorde a lo propuesto por el inversionista extranjero, donde el Estado no invierte un solo centavo y el riesgo es totalmente privado.
Bastaría de un solo proyecto de grandes dimensiones como el VSG para que la confianza internacional sobre el país se amplíe y el riesgo país baje. Siendo la voluntad política grande, según el cronograma de hechos, la solución debería ser inmediata: convocar a licitación el proyecto VSG aprobado bajo la ley APP.
Gracias por ese interesante artículo.