El tema es confuso. Se llama lobbying cuando está regulado. Cuando no está regulado lo llaman tráfico de influencias. El lobbying regulado da privilegios a los lobistas siendo el acto una consagración de la clase política privilegiada. Pregunto, ¿por qué es éticamente correcto que una empresa de abogados de la capital tenga acceso a un ministro e ilegal la llegada directa del amigo del ministro? Ese acto lo llamo: ¡hipocresía! El primero, la firma de abogados ganaría por su gestión al contactar al ministro para beneficiar a su cliente y el segundo, el amigo, no necesariamente se beneficia económicamente con el contacto a la autoridad, a menos que se lo hayan propuesto.
Toda influencia tiene su explicación económica o social para el interesado y su beneficio monetario para los intermediarios. Su propósito: en unas ocasiones, lograr que leyes y actos gubernamentales beneficien intereses de grupos de poder en desmedro del bien común; en otras ocasiones, el simple hecho de poder llegar con criterio lógico y con un punto de vista distinto a las autoridades para poder modificar el borrador de una ley en trámite. Lo descrito pasa muy frecuentemente en un país donde se quiere regular todo a través de nuevas leyes. Ese todo puede destruir una actividad económica si no se informa a tiempo de los posibles daños, a las autoridades involucradas en cada cambio de leyes o regulaciones.
Ejemplo, supongamos que a un grupo de legisladores se les ocurrió pasar una ley que regule la exportación de camarón, porque consideran que el camarón escasea en el mercado local a precios muy altos. En esta suposición tan absurda, como todo lo que se les ocurre a los legisladores del tercer mundo, los legisladores proponentes aspiran que la nueva ley favorezca al consumidor nacional logrando abundancia de oferta de camarón
a precios más bajos; para ello, los legisladores proponen cuotas limitando el monto de exportación del camarón y una tasa para desalentar las exportaciones. Con tamaña ilógica propuesta que arranca en un borrador, se movilizan de inmediato para combatir la idea: el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, compañías exportadoras de camarón, Federación Ecuatoriana de Exportadores, cámaras de comercio e industrias, empresarios camaroneros, etc., con la finalidad de explicar que una ley de esa magnitud perjudicaría a la industria de la exportación al encarecerse el producto en sus costos frente a otros competidores externos no regulados, que ofertan a precios más bajos; además de la realidad de que se pierde parte de la participación del mercado internacional, porque no se atiende la demanda requerida en el momento solicitado por los compradores internacionales.
Otro ejemplo, el ciudadano de condiciones económicas escasas, necesita el servicio eléctrico, el mismo que puede ser sostenible por sus ingresos, más no la tarifa de recolección de basura, impuestos, tasas de bomberos, etc. Este hecho de cargar un cobro o varios cobros adicionales por otros servicios a las planillas eléctricas son decisiones municipales no convenientes para los intereses de las empresas distribuidoras de energía ya que el hecho incrementa el valor de la planilla e incentiva el robo de energía a través de la informalidad. Informalidad por parte del ciudadano que la aplica para evadir uno o todos los servicios facturados en la misma planilla. En este caso, los lobistas de las empresas de distribución de energía gestionan evitar que las autoridades municipales recarguen rubros de cobro ajenos a la naturaleza del negocio. Adicionalmente, la ciudad debe hacerse responsable del robo de energía o pérdidas negras porque la generadora de energía cobra hasta el último kilovatio despachado a las empresas distribuidoras de energía. La labor del lobista es lograr un cruce de cuentas de las empresas eléctricas de distribución con el estado por cada exoneración de consumo energía promovida por leyes que favorezcan alguna actividad que requiera este servicio básico.
De igual manera, puede darse el caso de que los lobistas promuevan leyes de incentivos que beneficien una actividad comunitaria, como pudiera ser una nueva ley de deportes o exoneraciones de impuestos, para las fundaciones o voluntariado. Todo esto ocurre cuando el funcionario público se hace inalcanzable por sus ocupaciones y/o desconocen el medio para el cual están sirviendo.
En la actualidad, un lobista puede ser el amigo del íntimo amigo del ministro o funcionario público y viceversa. Hecho que no satanizo. Si el funcionario es capaz y se rige con la aplicación de normas de respeto al ciudadano bajo leyes liberales que promuevan la competencia, se acaba de inmediato el clientelismo con el estado. En ese momento el tráfico de influencias pasa a ser irrelevante. (Sacado del libro ¿Qué pasa Ecuador? por Bruno Faidutti Navarrete, editado por The Interamerican Institute of Democracy).
