Eternamente rezagados

Alguna vez escribí un artículo periodístico que se tituló: “En búsqueda de un MEF irresponsable”, donde argumentaba la importancia de un ministro de economía y finanzas que se dedique a dictar políticas económicas de crecimiento sustentable en lugar de entrar comprometido a resolver los problemas de caja, heredados de sus sucesores.

¡Así es! Los gobernantes de turno deben proponerse como solución de mediano plazo el crecimiento y de inmediato la apertura de la economía.  No existe reactivación económica o crecimiento sustentable sin libertad económica donde las fuerzas del mercado convergen en un ambiente de competencia plena, la misma que se logra con baja de aranceles (incorporando productos importados que compiten con calidad y precio con los locales), reducción de impuestos y desregulación.

Mientras el ministro de comercio exterior logra acertadamente eliminar las salvaguardias promulgadas en años anteriores y procura la apertura comercial con tratados de libre comercio con otros países, la burocracia estatal (ministerio de finanzas y banco central) detiene la apertura al mundo y la oportunidad al consumidor ecuatoriano de tener una selección mas amplia de productos a variada calidad y precio.  Esto sólo como un ejemplo de demostrar que el único interés que tienen las autoridades económicas de turno es equilibrar el déficit fiscal al desmedro del crecimiento de la economía. El pensar que este es un gobierno de transición para equilibrar las cuentas es renunciar al crecimiento (por no usar la palabra reactivación) económico y someterse a la espera de que una nueva subida del precio internacional del barril de petróleo solucione nuestros problemas.

Menos mal que hubo algo de sensatez al impulsarse la Ley de Fomento productivo donde se procura incentivar el registro de contratos de inversión y reinversión en nuevas empresas y empresas existentes, respectivamente, con la finalidad de obtener exenciones tributarias para crecer en productividad y generación de empleo.  La idea no es mala, pero la solución sigue siendo tenue por el poder discrecional en manos de la burocracia a través de un comité que registra y vela por los contratos firmados.

¡Entonces! ¿cuál es la alternativa? … En materia económica, la repuesta a la pregunta siempre va a ser la misma: “aplicar lo simple”.  Ejemplo: si la intención es exonerar el pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con un contrato de inversión es buena, ¿por qué no se elimina el ISD de inmediato y nos ahorramos la tramitología? De igual manera, si la exoneración de un porcentaje al Impuesto a la Renta (IR) es una excelente idea para incentivar la inversión y dar empleo, ¿por qué no se rebaja el IR para que todos nos beneficiemos sin ataduras o discernimiento burocrático?  En su consecuencia, mejor sería deducir el 15% de la participación de los empleados de la tarifa vigente del 25% de IR y así tener una tarifa flat del 10% por pago de dicho impuesto.

Nuevamente la pregunta, ¿cómo se generaría nuevos empleos?… Definitivamente no con buenas intenciones.  El motor más eficiente de la generación de empleo el sector privado. Sabemos que el estado puede generar empleo, pero también sabemos que a diferencia del sector privado donde el trabajador se gana su salario so pena de ser despedido, en el sector público donde podría ocurrir que el servidor pasara meses o años recibiendo el cheque mensual sin rendimiento de cuentas ni productividad alguna; por eso se dice que la eficiencia y crecimiento proviene del sector privado donde el mercado se corrige solo con la oferta y demanda de bienes y servicios frente a las decisiones burocráticas que intentan corregir políticamente las fuerzas del mercado.  En el Ecuador una vez más queda demostrado que las decisiones que intentan corregir el mercado son soluciones incompletas o distorsionadas, vividas en algunos de los sectores económicos durante el periodo presidencial de Rafael Correa, con exceso de participación estatal en la economía.

Volvemos a la propuesta de reducir la tarifa vigente del 25% de IR, la participación de los trabajadores del 15%.  Necesitamos lograr varios objetivos de política pública muy sencillas:

1. Crear la tarjeta universal del empleado, la misma que tendrá el número de afiliación al IESS e historial de sus trabajos.
2. Flexibilización laboral para contratar por horas a trabajadores eventuales.
3. Toda contratación de empleado es formal para que sea un gasto deducible al impuesto a la renta y asegurar aportaciones al seguro social (IESS).
4. Aceptación de pago mínimo al IESS por parte del desempleado a través de la tarjeta universal del empleado.

Con lo propuesto sería preferible en el futuro que, en su tarjeta universal de empleo, el trabajador elija el seguro de salud y fondo de previsión donde quiera estar afiliado, pero eso sería discusión de otro análisis y de reformas mas profundas.

El Estado debe lograr que el sector privado nacional y extranjero participe más en la economía.  El déficit presupuestario no debe cerrarse con medidas impositivas sino con reactivación de la economía que conlleva a una mayor recaudación en el mediano plazo.  En el corto plazo, la concesión de activos estatales es la adecuada, tal como propone el ministro consejero de la presidencia, Santiago Cuesta Caputi, con respecto a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

En el hipotético caso de que el gobierno decida concesionar el sector telefónico y sector eléctrico a 20 años -menos de ese plazo no es negocio ni para el estado ni para el concesionario- se visualiza varias alternativas:

1. Que se concesionen las empresas públicas:  Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), asumiendo un flujo proyectado de utilidades con crecimiento anual del 3% y siendo tasa interna de retorno (TIR) garantizada del 15%, el país debería recibir $5.000 millones por CNT, $1.350 millones por CELEC y $10.000 millones por CNEL.  Total a recibir: $16.350 millones. El excedente sobre el 15% de la TIR se invertirá en los sectores correspondientes.
2. Concesión con gestión por administración (Joint Venture) de las tres empresas públicas, donde el estado participa del 50% de las utilidades de las empresas públicas mencionadas en el numeral anterior donde se establece también una TIR del 15%.  Por CNT el recibiría $2.500 millones, por CELEC $670 millones y por CNEL $5.250 millones. Total a recoger: $8.420 millones.
3. Esta alternativa está relacionada a un modelo de concesión a 20 años igual que las dos anteriores, pero al 12% de TIR.  Aunque sabemos que esta alternativa es inviable políticamente porque el estado solamente recibe los dineros al inicio una sola vez y difícilmente un operador internacional querrá participar con un TIR que posee el mismo valor de la tasa de descuento internacional para obras de infraestructuras.  Sin considerar el valor neto de los activos de las tres corporaciones por ser una cifra menor a las utilidades proyectadas, el valor de las tres corporaciones sumaría un valor aproximado de $26.350 millones.

Cualquiera que sea el camino que tomen nuestras autoridades genera cantidades de dinero importantes como para pagar la deuda del estado con la banca privada y al seguro social, como prioridad por ser dineros del público y no de las instituciones que los representan.  De allí, habría seguir por el sendero de la austeridad y ordenamiento de las finanzas públicas. Mientras menos participa el estado de la actividad económica mejor para el país e inclusive en obras de infraestructura. Para ello, esta vigente la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera (Ley APP) donde los proponentes compiten presentando la mejor propuesta de construcción en obras de infraestructura a cambio de la administración y mantenimiento de la obra en un periodo de tiempo.  Esta normativa legal permite incentivos que hacen más atractiva la inversión privada.

El Ecuador debería estar lleno de propuestas de proyectos vía APP; sin embargo, teniendo la gran ventaja de poseer una moneda dura como el dólar, no vemos que la seguridad jurídica o el riesgo país esté mejorando sustancialmente.  La justicia no se consolida, dineros robados por la corrupción anterior no se recuperan y la sensación de recuperación económica es incierta, se sigue usando la muletilla de que hay que consolidar la dolarización, cuando en realidad, lo más consolidado de la economía es el dólar en las manos de los ecuatorianos.  

Favor no más excusas, el Ecuador tiene que resolver sus problemas con los activos que posee, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no es la solución para el país; dicho organismo tendrá que aprender de nosotros, sus funcionarios no entienden la dolarización porque sus esquemas económicos están basados en políticas monetarias y cambiarias que el Ecuador abandonó hace 19 años.  Empero, concuerdo con políticas de control del gasto público sugeridas por el FMI y eliminación de subsidios siempre y cuando el estado primero demuestre su sacrificio en el gasto, caso contrario seguiremos eternamente rezagados frente a otros países que galopan en crecimiento.