Embarazo adolescente

Recientemente se publicó el Séptimo Informe de Situación de la Niñez y Adolescencia en Ecuador, presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El informe reveló niveles elevados de embarazos infantiles y adolescentes, recomendando como soluciones que el estado tome control de la educación sexual, ofrezca acceso integral a anticoncepción desde edades tempranas, combata la violencia sexual y despenalice el aborto.

Por otra parte, estudios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) presentan datos que muestran que la abrumadora mayoría de madres adolescentes de Ecuador sostiene relaciones de pareja socialmente aceptadas. Sólo 2 de cada 10 adolescentes con hijos son solteras, en tanto que 8 de cada 10 tuvo su hijo o el embarazo durante una relación de unión libre o matrimonio. Esto indica que nuestra sociedad está estructurada para aceptar y quizás hasta para estimular las relaciones sexuales a temprana edad.

Vale la pena notar que el incremento de embarazos adolescentes coincide con una política estatal de facilitar métodos anticonceptivos gratuitos en colegios, junto con una educación sexual basada en derechos y libertades a quienes, según han demostrado las cifras, no están en las mejores condiciones para asumir plena responsabilidad por su conducta sexual. Pese a la evidencia, en el año 2017 el Ministerio de Salud Pública presentó el Plan de Salud Sexual y Reproductiva con una marcada tendencia liberal, que propone el reconocimiento de la capacidad de los adolescentes para “tomar decisiones adecuadas sobre su vida sexual.”

Veamos el escenario desde una perspectiva psicológica. El impulso sexual provoca a nivel inconsciente un conflicto normal en las personas, volviéndose más intenso en la pubertad y adolescencia a causa de los cambios hormonales naturales. Debido a que le produce conflicto, el adolescente (y cualquier persona) tiende a reprimir la satisfacción de su deseo sexual cuando las condiciones no son adecuadas. Sin embargo, si una autoridad estatal da permiso para satisfacer los deseos y entrega los medios para tener “sexo seguro”, se empodera al menor de edad para que pese a su inmadurez decida que una situación es adecuada para tener relaciones sexuales. De esa forma la postura del estado resuelve el conflicto a favor de los impulsos y derrumba la represión que protegía a los adolescentes mucho más que cualquier preservativo. Esta práctica ha llevado a una mayor generalización del inicio temprano de la actividad sexual, más enfermedades de transmisión sexual, más embarazos adolescentes, más abortos clandestinos y más madres adolescentes.

Regresamos ahora al estudio de UNICEF, donde realmente no se contabilizan los embarazos adolescentes, sino los partos de madres adolescentes. Por lo tanto, para llevar las estadísticas a niveles más aceptables lo importante no es evitar que la adolescente se embarace, sino evitar que el niño nazca. La misma filosofía es aplicada por instituciones como la OMS, ONU y Amnistía Internacional, en las cuales elevadas cifras de abortos son celebradas como buenas noticias.

El aborto legal invisibiliza a la adolescente embarazada tanto como el clandestino, pero coloca al estado en una posición mucho menos comprometida para prevenir el embarazo temprano. Ciertamente queremos menos madres adolescentes en Ecuador, pero debemos comprender que el camino más sano no es aumentando el número de abortos. Tenemos que impulsar un cambio cultural que retrase el inicio de la actividad sexual en adolescentes, en vez de facilitarlo. Se hace imprescindible un sistema de educación en valores con más énfasis en la responsabilidad individual sobre los propios actos, en lugar de uno orientado a reconocer libertades y derechos a quienes no tienen la madurez necesaria para afrontar sus consecuencias.