Violencia, injusticia y saqueo del SS21

No hay peor violencia, crimen e injusticia que un presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, alcaldes, prefectos, fiscales, jueces constitucionales, civiles y penales investidos de autoridades probas, “asalten al Estado, dictaminen inconstitucionalmente, sancionen a inocentes y no lo hagan con quienes saquearon al Ecuador”.

“Quienes procedieron mal, son peores a los malandros que lo hacen por oficio”. “Es el mayor mal a una sociedad desvalida por la corrupción de quienes con su poder dictatorial controlaron la Justicia para la dominación, silenciamiento, eternización y revolucionaria impunidad, certificado de honorabilidad con impronta de sangre, cárcel y lágrimas de cientos de miles de familias ecuatorianas, con más pobreza, hambre, imposibilidad de estudiar, de tener techo o salud, de acceder a un trabajo, etc.”.

El SS21 es coloniaje peor al español de 1492 en un supuesto mundo civilizado, educado y con desarrollo de la ciencia nunca visto. Sin Justicia no existe nada, no hay democracia, Estado de derecho, instituciones, libertades ciudadanas y políticas, plural y libertaria educación en escuelas y colegios con la ideologización del Estado y escamoteo de la Autonomía de la Alma Mater. En pleno Bicentenario 2009 con la venia de intelectuales, expresidentes, autoridades, líderes políticos, sociales, indígenas, educativos, etc., imponían “saqueo, cárcel, mordaza y yugo”.

Diego Gallegos R., en “La Justicia ajusticiada” (lojano23@gmail.com), denuncia el calvario de los funcionarios judiciales que dijeron no a la dictadura y saqueo ante la “Mesa de la Verdad y Justicia”. Nuestra criticada y ciega Justicia nunca fue un albañal. En Venezuela llegó el fin de los “narco.tiranos.rob”, aquí el “SS21” continúa en el poder con el dinero hurtado al Pueblo, ultrajes como lo de Manuela Chávez, “sabatinas.com” y órdenes desde el ático.

LA JUSTICIA AJUSTICIADA
Diego Alejandro Gallegos Rojas

Están ahí para ser escuchados, para que se conozca su verdad. Han esperado tanto tiempo que se les ha hecho una inmensa eternidad. Se encuentran de algunas ciudades del país. Llegan para las audiencias públicas con veedores nacionales e internacionales que se realizan desde el lunes 11 hasta el viernes 22 de febrero, 2019.  Son ex funcionarios judiciales convocados por la Mesa de la Verdad y la Justicia, que fue creada por el Consejo de la Judicatura Transitorio, 2018, mediante resolución 094A, 31 de Octubre, 2018.

 

Entregan sus carpetas a los veedores, es como si entregaran su vida, para que sea revisada minuciosamente, para que no quede duda de su proceder. En cada una de esas carpetas se encuentran las pruebas que demuestran que fueron perversa e injustamente destituídos de sus cargos por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, porque no claudicaron a sus principios, a la ética, a la moral, a la buena formación que les dieron sus progenitores, para que no quede duda de su honorabilidad. Lo afirman con energía, con coraje, mirando de frente, a los ojos de los otros, sin pestañear, levantando la cabeza, que nunca se agachó ante las fechorías y obscuridades del poder, ni se revolcaron ante las pretensiones de una década nefasta, abusiva que asaltó cobardemente a la justicia, la violó, la maniató, la secuestró, la corrompió, la ajustició, la asfixió, la estranguló, la mató… constituyéndose en un macabro rompimiento del Estado democrático y en una mofa,  afrenta a la Constitución, a las  leyes de la república y a la opinión pública. Ni en tiempos de la dictadura se vivió un sistema de terror en contra de los ex servidores judiciales, en contra de la justicia. Si bien, en otros desgobiernos a su manera también lo hicieron. Sin embargo, en la década reinvolucionaria superó, rebasó todos los límites de la honestidad, de la transparencia, de la seguridad jurídica… Esto ocurrió en la década de la injusta injusticia del reinvolucionario mayor y sus secuaces.

 

Es la primera vez que ellas y ellos son escuchados y eso es bastante. Exponen sus casos ante veedores nacionales e internacionales sin miedo, con seguridad, con contundencia, con la fuerza que les asiste la razón para que se les escuche su voz, su grito rebelde, que revienta, nos estremece, nos conmueve en la sala, se desmorona la vida.  La Mesa de la Verdad y la Justicia se convierte no sólo para escuchar los atropellos a los que fueron sometidos, les sirve también como un desahogo para el alma, para el corazón, es su catarsis emocional. Se sienten liberados porque no podían contener por algunos años esta impotencia que les consume, que se atraganta en la garganta, como si hubieran vomitado el dolor en pedazos, para sentirse revitalizados emocionalmente, espiritualmente sanados. Por fin alguien les escucha, y no son cualquiera, son académicos y expertos internacionales de renombre, de prestigio. Por fin alguien conoce su verdad, de cómo fueron perseguidos, enjuiciados, sancionados, destituidos por unanimidad por el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio 2007 y Cesado 2018 respectivamente, sin que tengan competencia. Lo curioso es que en la destitución consta la firma de un Secretario ad hoc, y no se encuentran las firmas y rúbricas de todos quienes integraron estos Consejos de la ignominia, de la injusticia, por lo que sus actos son nulos, de nulidad absoluta y como profesionales en derecho presentan pruebas, evidencias entre otras, de cómo les llegó una circular de fecha, 19 de octubre de 2013, firmada en ese tiempo por la Subsecretaria del Despacho Presidencial y que fue premiada por sus servicios como Cónsul en Bélgica, donde reside el “poderosísimo”, ahora mismo huérfano de todos los poderes.  

 

Los ex funcionarios judiciales en cada palabra, en cada frase que pronuncian demuestran su enojo, su inconformidad de que todavía sus verdugos se encuentran encaramados, protegidos por nefastos personajes que sin misericordia descuartizaron a la justicia. Nada ha cambiado, aseguran. Algunos de ellos se les atora la voz, lloran de indignación, con todo su dolor que se desgarra y nos conmueve a todos.  Ese es el llanto de la justicia, un llanto maduro, amargo, reseco de frustración e impotencia, por tanto daño moral irreparable que les hicieron a profesionales serios, honestos, responsables comprometidos con su conciencia, con la  justicia, con la Constitución y leyes, porque su compromiso sigue siendo con la patria a la que se deben y no contra aquellos supuestos colegas, “compañeros y compañeras” de oficina, quienes se convirtieron en sus enemigos gratuitos, toda vez que ellas y ellos, sí sucumbieron ante las artimañas ordenadas por el “caporal” mayor. Están enredados hasta la lengua porque se asociaron para delinquir, porque quienes hicieron el trabajo asqueroso, a su manera fueron y son también víctimas del correísmo.

 

Desde el año 2007 hasta la actualidad recién pueden exponer sus casos. Uno de los comparecientes a la audiencia pública se limpia las lágrimas con algún pañuelo o alguna servilleta improvisada. Le brindan un vaso con agua. Mientras los veedores lo escuchan y toman nota de los aspectos más relevantes de cada caso particular. Al final los veedores presentarán un informe que si bien no es vinculante, les permitirá evidenciar y visibilizar para que el mundo conozca lo que ocurrió en Ecuador durante la década de la justicia ajusticiada. Las intervenciones de los participantes son filmadas y les servirá de insumos, de respaldos para la elaboración del informe final tanto de los veedores nacionales e internacionales. Los ex funcionarios judiciales disponen de 20 minutos para contar a los presentes el calvario que padecieron y siguen sufriendo. Y si hay preguntas por parte de los veedores, les responden con firmeza, con seguridad. Están convencidos que fueron víctimas de un aparataje monstruoso que les irrespetó y violentó su autonomía, la independencia judicial en el país.

 

Durante las audiencias, la justicia grita que está cansada de ser manoseada, violentada, ultrajada, pisoteada por quienes debieron ser los garantes de la justicia.  Es el grito de la justicia que reclama justicia, por ella, por los justos entre los justos, los ex servidores judiciales, hombres y mujeres que no cedieron ante los miedos del poderosísimo y su pandilla. La justicia grita que no pueden desampararla más, que reprendan y castiguen a los verdaderos delincuentes, aquellos que andan sueltos, sin remordimientos y que peligrosamente todavía se encuentran incrustados como sanguijuelas en la piel viva de la injusticia.   

 

Antes de comenzar las audiencias, los ex funcionario judiciales gritan: “¡Reintegro y reparación!”, “¡reintegro y reparación!” Gritan con fuerza, con bronca contenida y hasta con dolor, desean que hasta el mismo cielo escuche sus gritos, sus reclamos, su indignación.  No están solos, les acompaña su conciencia, aquella que no se humilló, no se revendió, no delinquió ante el desgobierno reinvolucionario. Les une una sola causa, la lucha por la verdad, la justicia y su dignidad. Están ahí para reinvindicar sus derechos, que son los derechos igualmente de la ciudadanía que se encuentra en indefensión, desprotegida, porque no hay confianza en la justicia, no existe garantías. Ellos lo saben muy bien. No creen en esa injusticia que siendo judiciales les enjuició valiéndose de artimañas, sin permitirles un debido proceso, el derecho legítimo a la defensa. Si a ellos les hicieron esto, conocedores y doctos del Derecho, qué se puede esperar de los ciudadanos de la acera, del asfalto, de la polvareda. Qué se puede esperar de una injusta justicia que desde el año 2007 respondió a los intereses del gobierno o de sus amiguillos, de sus familiares, de sus allegados, de sus compadres y comadres, de sus  amantes, de sus compinches, de sus paniaguados,  y hasta de sus cómplices y encubridores, porque fueron éstos quienes consumaron el trabajo repugnante, repulsivo, de la vergüenza, con sus bajas acciones se denigraron así mismo, a sus hijos e hijas y así deshonraron a la justicia, a la “patria altiva, y soberana”, sólo quedó en el arrugado membrete. ¡Por qué lo hicieron! ¿Por miedo a perder sus trabajos?, ¿su comodidad?, ¿su estabilidad emocional? Mientras quienes no se doblegaron al “poder” mayor, fueron y siguen siendo estigmatizados como si fueran los peores delincuentes que parió la tierra, porque están prohibidos de por vida volver a administrar justicia, lo más grave es también que funcionarios que no “superaron” supuestamente las evaluaciones, ellos y ellas nunca podrán laborar en la función pública, lo que violenta y degrada el derecho al trabajo. Si hasta el peor criminal, cuando ha cumplido su pena se reivindica ante la sociedad. Ellos no.

 

Los ex funcionarios judiciales entraron por la puerta grande, abierta, de par en par, para que la ciudadanía conozca su trayectoria de años, algunos les faltaban pocos años para jubilarse,  otros hicieron carrera judicial, empezaron siendo conserjes, auxiliares judiciales, etc., y con responsabilidad, esfuerzo, dedicación fueron ascendiendo, por sus propios méritos, por su preparación académica,  por su honorabilidad. Eso les gratifica, les reconforta, les da fuerzas para continuar, para no desmayar, no desfallecer en su defensa, porque ganaron concursos de méritos y oposición, de conocimientos. Ellos y ellas si pueden decir y así lo afirman que no entraron por recomendación, por compadrazgo, por contactos, o elegidos a dedo partido, extendido, sin ningún pudor, asaltando al día, a la noche…  Los otros y otras, quienes entraron facilito a la función judicial, rompiendo la ventana, por la puerta falsa y farsa están atados como la sombra al “endemoniado” mayor, que tanto daño causó y sigue causando a la justicia.

 

Para los ex funcionarios judiciales su delito no fue por corruptos, deshonestos, fue porque no se arrodillaron ante la prepotencia y miedos del poder, porque el “poderosísimo” y su pandilla tuvieron y todavía tienen miedo de ser descubiertos y sancionados por sus fechorías. Para ello, buscaron incondicionales, a quienes les premiaron porque todavía permanecen campantemente sin ser ni siquiera llamados la atención, amonestados, peor sancionados, destituidos de sus cargos.  De forma pícara, a propósito, un día antes de que Jalkh sea cesado de sus funciones con una resolución apurada suprimió más de dos cientos sumarios administrativos, lo hizo tal vez para protegerse y premiar a quienes delinquieron junto con él.  

 

En el mundo del hampa es prohibido denunciarse entre sí, hacerlo, lo pagan con creces, hasta con su vida… Entre pillos el chantaje les une, es como un pacto diabólico que les acompañará de por vida. “Si me denuncias, yo también te denuncio”, “si caigo yo, todos caen conmigo”. Guardan un silencio terrorífico, de sepultura. “Estos malhechores tienen que ser investigados y responder ante la justicia por todo el daño que nos causaron”, afirma un ex funcionario. 

 

Fue una mafia de malandros quienes nos desgobernaron. Se apoderaron de la justicia, así se garantizaron su impunidad y mataron la independencia judicial. ¿Y cómo lo hicieron? Buscaron a sus familiares, a sus íntimos, a sus amigos de confianza, a jovencitos sin experiencia, fáciles de manipular, los colocaron en cargos de direcciones, y como si fueran fichas de ajedrez, eran cambiados a su antojo y eran quienes ejecutaban las órdenes. Hubo también de todo, los que conocían y conocen muy bien de cómo se manejan las triquiñuelas de la ambición, de la corrupción, que no sólo es de dinero, sino corrupción de principios, de valores.  Esto es lo más grave, lo más triste y peligroso que le puede ocurrir a una nación, que la justicia esté al servicio de gente sin escrúpulos, obsecuentes de última, de lo peor. Y no contentos con todo lo que desbarataron, su consigna fue apoderarse de los puestos que ocupaban los ex servidores de justicia que injustamente fueron destituidos y algunos hasta les procesaron penalmente, a inocentes les privaron la libertad con la cárcel… Así delinquieron.

 

Indigna y ofende que en tiempos reinvolucionarios actuar enmarcados dentro de la ley fue un delito. Los “desquiciados” por el poder implementaron un nuevo código de conducta, de ética social, de la inmoralidad total.  Ser honesto fue sinónimo de pillo, de delincuentes. Por eso, los destituyeron a los ex funcionarios judiciales, porque con ellos y ellas no pudieron. Se rebelaron ante las órdenes desordenadas del “cabecilla” mayor. Sin duda, el “revendepatrias” debía pagar y devolver favores políticos, económicos, de cualquier tipo a sus compinches. La mejor forma que se les ocurrió fue que como maleantes asaltaron a la justicia sin compasión. Esos fueron hampones de perfume barato, de tacones apolillados y zapatos encharolados, agusanados, quienes se encargaron de deslegitimar, desadministrar a la justicia. Esa fue su marca. Hicieron de la injusticia una práctica diaria, cotidiana, de terror, del bajo y asqueroso submundo que lamentablemente a su manera lo representan.

 

Los ex servidores judiciales saben muy bien la pesadilla que vivieron, padecieron y siguen sufriendo. Por eso mencionan a un individuo de apellido Tinajero, quien en su época fue asesor de Jalkh y que ahora mismo es Juez de la Corte Nacional de Justicia, estratégicamente ubicado, justo en la Sala de lo Contencioso Administrativo. ¿Es tanta la casualidad?, quien de seguro no dará paso a los recursos de casación interpuestos por los afectados a su injusticia. Hacerlo sería reconocer los errores y horrores que cometieron. O este será el momento para que se reinvindique ante su conciencia, ante los suyos… El tiempo desmentirá o confirmará cuales fueron y siguen siendo sus actuaciones

 

Qué garantía y confianza pueden tener los ciudadanos con personajes grises que hicieron y siguen haciendo daño atroz, irreparable a la independencia y autonomía plena de nuestra justicia. Y nombran también con coraje a los Mera, Chiriboga, Alvear, Pico, Baca, Zambrano, Enríquez, Vásconez, Secaira, Navarrete, Serrano, Pólit, Alvarado, algunos prófugos de la justicia, y los otros siguen siendo intocables, protegidos sabe por qué fuerzas obscuras, del mal, del maligno. Todos ellos y otros tantos a la sombra controlaron y descontrolaron la justicia a favor de su patrono, el déspota mayor.  La lista es inalcanzable, larga, larguísima de hombres y mujeres esparcidos por el país que revendieron su conciencia al “compinche” mayor.   “Que continúen estos personajes sombríos son un peligro no sólo para los ex servidores judiciales sino para el país”, aseguran. 

 

La ciudadanía debe conocer los nombres y apellidos de quienes despellejaron el corazón mismo de la justicia, que se constituya en una sanción moral, que sirva de escarmiento, si hay otros que todavía pretenden mancillar a la justicia, antes de hacerlo, piensen y repiensen que serán juzgadas sus nefastas acciones por la opinión pública que es implacable ante las monstruosidades cometidas por quienes todavía se consideran intocables y que poco a poco,  la verdad está saliendo a la luz de quienes verdaderamente delinquieron, corrompieron y se dejaron corromper. Condenaron a gente intachable al ostracismo. Además, son ellos y ellas quienes deben responder por el derecho de repetición, que se encuentra consagrado en el artículo 11 numeral 9, inciso segundo de nuestra Constitución.

 

Los ex funcionarios judiciales no se cansarán de agotar los recursos internos en el país, para después presentar sus demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego litigar ante la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Justicia, en San José, Costa Rica para que el Estado sea condenado por su injerencia política en la función judicial.

 

Poco a poco comienzan a narrar sus tragedias, de cómo desde el propio Fiscal Chiriboga, no sólo presentó la denuncia a su nombre, que si bien podía hacerlo, también podía presentar el Fiscal Provincial, sino que llegó hasta Loja, ¿qué intereses tenía? Amedrentar con su sola presencia a los funcionarios judiciales de la época. De por sí, sus actuaciones no garantizaron la transparencia ni la imparcialidad de la justicia en el país, porque se apegó a las órdenes estrictas de su “pariente”, el jefecillo de Carondelet.

 

Así los ex funcionarios judiciales cuentan también la forma cómo fueron presionados, coaccionados, coimados, chantajeados, acosados, amenazados, vigilados, perseguidos, enjuiciados… No sólo recibieron llamadas telefónicas de Ministros, de Secretarios, de Subsecretarios, de asesores, incluso desde quienes ejercieron los órganos de control y descontrol, porque controlaron a favor de las pillerías del desgobierno y de sus propias fechorías, quienes sin decencia y sin vergüenza alguna, estos emisarios se presentaban orondos, identificándose que tenían órdenes directas de sus superiores para que tal caso sea sentenciado a favor del interés de los amiguetes del gobiernillo. Ni siquiera fue supuestamente para favorecer el interés del Estado, que no puede estar por encima de la seguridad jurídica del ciudadano, del país, sino obedecían serían removidos de sus cargos. No fue una mera advertencia, la amenaza ocurrió y empezó la tragedia para profesionales honestos. Está claro, efectivamente, metieron las manos a la justicia, la embarraron hasta no poder más, la degradaron de ignominia, la convirtieron en un lodazal, que repugna, apesta, da asco…  Mancharon a la justicia de la peor inmundicia, la corrupción.

 

En otros casos, actuaban con códigos secretos, mafiosos, comunicándole previamente al funcionario que no debía resolver ante los dictados de la sana crítica, de acuerdo a la valoración de las pruebas, como manda la Constitución de la República y las leyes respectivas, debían resolver según las órdenes del “mandamás”,  es decir, debían resolver de acuerdo si el emisario se sentaba a la derecha o a la izquierda, era señal que el juez o jueza tenían que sentenciar a favor de los intereses políticos, económicos del gobiernillo y del hampa que nos desgobernó. Tampoco les importó si una audiencia era reservada. El emisario se quedaba sentado, porque tenía órdenes de tomar nota de cuál era el proceder del juez, del fiscal, del defensor público, del secretario, etc., de los sujetos procesales, dependiendo del caso judicial, debía reportar a su inmediato superior, esto era apenas una parte de su trabajo inmoral. Sin embargo, hubo jueces que no se amedrentaron. En este asunto de la audiencia reservada, el juez conforme lo establece la norma, llamó a la policía para que el emisario abandone la sala de audiencias, no sin antes éste audaz amenazó al juez de su estabilidad laboral, y no conforme con esto tomó nota de los nombres y apellidos de quien fue el juez atrevido que no se amilanó ante el “poderosísimo” que le enfrentó y confrontó valientemente ante el prepotente que quiso imponer su voluntad. ¡Qué peligroso!, ¡monstruoso trabajar así!, sin ninguna garantía ni autonomía, sin independencia judicial. Y de lo que aseguran los ex servidores judiciales sigue todavía ocurriendo aquello en el país.

 

Uno de los ex jueces menciona como la resolución de su sentencia fue hakeada y cambiada a los intereses del desgobierno y la persona quien lo hizo ahora se encuentra trabajando en la Corte Nacional de Justicia. Un ex Notario afirma que le entablaron juicio penal, porque supuestamente no entregó todo el archivo de su trabajo generado como Notario. Por suerte de él, conociendo tal vez ya las intenciones de sus superiores sacó foto copias como respaldo de todo su trabajo y las tiene con código subidas a la nube.  El propósito fue que necesitaban el cargo del ex Notario para darle al padre de un influyente y sombrío personaje del Consejo de la Judicatura, del Consejo del Terror.

 

Se condenó a inocentes con la cárcel porque se inventaron pruebas, lo insólito es que a un juez y a su anciano padre de casi ochenta años, después de más de año y medio de estar “enjaulados” les otorgaron la libertad, siendo declarados culpables, contraviniendo incluso el sentido común, la elemental lógica, la sana crítica que si han cometido delitos, lo más sensato es que todavía deberían estar presos. De esa forma trataron de reparar el daño causado como es condenar a inocentes privándoles injustamente de la libertad. Lo hacen así porque les cuesta reconocer la monstruosidad que cometieron, y saben muy bien que encarcelaron despiadadamente a inocentes. Lo hacen con picardía porque pretenden salvarse así del derecho de repetición. No lo conseguirán.

 

Una ex servidora judicial relata cómo sufrió acoso laboral. Fue denunciada por lesiones en la Fiscalía por la jueza y una de las ayudantes judiciales porque aseguraban que la ex funcionaria le había cacheteado a esta última. Gracias al testimonio de un joven pasante quien había escuchado cómo la jueza y la ayudante judicial habían maquinado la farsa para sacarla del puesto, pudo desvirtuar la tremenda mentira; la infamia que tramaron sin medir las terribles consecuencias contra ella, no tuvo límites. Necesitaban su puesto para dárselo a la ayudante judicial, esposa de un funcionario que laboraba en la Dirección de Control Disciplinario, como en efecto ocurrió.  El interés de la jueza que se ensañó contra la ex servidora fue que tenía 10 sumarios administrativos por presuntos actos irregulares, todos fueron archivados precisamente por esa oficina. Ahora se entiende por qué actuó así la jueza sin ningún reparo. Así se pagan los favores. Nada es gratuito. Tampoco se respetó a ex funcionarias judiciales embarazadas ni a personas con capacidades especiales. Se colocó a todos en el mismo saco, el de la destitución.

 

Algunos ex funcionarios ante tanta presión renunciaron por no prestarse a las inmoralidades de los lacayos de turno y aun así les siguieron sumarios administrativos. La consigna era atemorizar a los otros funcionarios, de que nadie, absolutamente nadie, puede sobrepasar al poder momentáneo del poderosísimo y sobrepasaron el mal, a su propia maldad.  “¡Miserables!”, grita alguien en la sala.

 

Ahora entienden de cómo quien fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ministro del Interior, Secretario del “innombrable”, llegó a comandar el Consejo de la Judicatura. Tuvo como su mayor aliado al ex Fiscal Chiriboga, quien cuando tenía que conocer de alguna denuncia con serios indicios de responsabilidad penal por corrupción, que afectaba a la camarilla del gobierno, era archivada sin ningún rubor. Más bien quien denunciaba era perseguido, encarcelado.  No ocultaron las apariencias. Lo hicieron sin desfachatez alguna. La consigna fue más que clara, apoderarse de la justicia. A su manera, lo consiguieron. Por eso indignados gritan: “¡Preso Jalkh, Preso!, ¡preso, Jalkh preso!”. Y alguien concluye la frase: “Preso con su caterva”. Las emociones brotan por los poros ya no les callarán.

 

Fue un hampa organizada, una asociación delictiva, actuaron al propio y peor estilo mafioso, como gánsteres, instauraron una nueva forma de delinquir a través de esbirros judiciales, quienes llevaron a la justicia a una agonía absoluta, a una muerte lenta… “Es indispensable, urgente, reanimarla, sacarla de terapia intensiva, rescatarla de las migajas del poder que todavía quedan en la función judicial”, concluye un ex servidor judicial.

 

Las atrocidades que cometieron los miembros del ex Consejo Nacional de la Judicatura son numerosas, basta mencionar que se abrogaron funciones. Ellos no eran ni siguen siendo competentes para destituir, entrometiéndose así en cuestiones jurisdiccionales. No podían revisar sentencias, para eso existen los recursos respectivos determinados en la norma correspondiente. Su competencia al ser un órgano administrativo es revisar conductas disciplinarias. Por ejemplo, si un juez se presentó ebrio a sus labores, si llegó atrasado a alguna audiencia, si faltó sin ninguna justificación. Si irrespetó con gritos, insultos tanto a sus subalternos como a los usuarios de la justicia… Esas son parte de sus competencias. Para justificar su aberración jurídica se rigen en el Reglamento Disciplinario, que se refiere muy bien con la disciplina, es decir, con el buen o mal comportamiento de los servidores judiciales.   El artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, CRE, respecto a la jerarquía de las normas, está muy claro que una resolución nunca puede estar por encima de una ley. Desconocen también lo que afirma Hans Kelsen en su estudio sobre la jerarquía de las leyes y que los estudiantes de Derecho conocen muy bien sobre la pirámide de Kelsen. ¿Cómo se explica tanta ignorancia jurídica? La razón es que eran los dueños de la injusticia. La ataron, la enmudecieron, la enceguecieron, la desahuciaron, corrompiéndola a la justicia a su perversa conveniencia. “Estos infelices no tienen salvación”, afirma uno de los presentes.

 

Según el Art. 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ, el Pleno del Consejo de la Judicatura no era ni es competente para destituir y si hubo algún error que cometieron los ex judiciales, el error inexcusable debió ser determinado por un juez superior y no por un órgano administrativo. El Art. 178 de nuestra Carta magna determina claramente cuáles son los órganos de administración de justicia correspondiéndole al Consejo Nacional de la Judicatura la competencia de administración, control y vigilancia disciplinaria, por lo que no podían ni debían revisar los fallos emitidos por los jueces, lamentablemente lo hicieron, lo que constituye una muestra más de la injerencia en la justicia. Irrespetaron el artículo 254 del COFJ donde entre otros aspectos se indica: “En ningún caso, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las juezas y jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y defensores públicos”. Igualmente el artículo 181 del mismo COFJ donde se encuentran determinadas cuáles son las Funciones del Consejo de la Judicatura. Se escudan que los ex servidores judiciales cometieron error inexcusable, manifiesta negligencia, dolo. Lo que si existió por parte de los ex miembros del Consejo de la Judicatura y sus subalternos fue una errónea y perversa aplicación de estos artículos porque destituyeron también a Secretarios, Notarios, ayudantes judiciales, etc. ¿Con qué derecho lo hicieron? Estos hechos nos demuestran que no conllevan a una correcta administración de justicia.

 

Preocupa a los ex servidores judiciales que el nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, si bien ya no se encuentran las cabezas visibles, quienes mandaban en la injusticia. Sin embargo, únicamente fueron cesados, cuando lo sensato y lógico es que deben responder ya no ante su justicia, sino ante una justicia renovada, independiente, imparcial, por las barbaridades antijurídicas que cometieron. Los ex miembros del Consejo Nacional de la Judicatura actuaron de modo inconstitucional, ilegítimo, ilegal y hasta inmoral.

 

Les preocupa también que algunos funcionarios, supuestamente correístas siguen cometiendo ahora mismo, idénticas aberraciones jurídicas, de seguro no lo hacen por ignorancia. Ellos conocen muy bien porque fue público y notorio que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, CPCCST dictó la Resolución 0-037 de fecha 04 de junio del 2018 en la que “determinó que las destituciones realizadas bajo la figura de error inexcusable fueron ilegales e ilegítimas”. Resolución que es entregada para conocimiento a los respectivos veedores. Igualmente les informan a los veedores que mediante resolución PLE-CPCCS-T-O-009-28-03-2018 del 28 de Marzo del 2018 entre otros aspectos se menciona textualmente“… se rechaza completamente que el Pleno del Consejo de la Judicatura haya tenido competencia para declarar la existencia del Error inexcusable en los secretarios judiciales y destituir a  los servidores judiciales”. Estas resoluciones se encuentran en las carpetas respectivas entregadas oportunamente a la Mesa de la Verdad y de la Justicia por los derechos de los ex judiciales destituidos ilegalmente.

 

Se preguntan por qué el actual Consejo Nacional de la Judicatura estaría cometiendo los mismos errores. ¿Por qué lo hacen? ¿Por solidaridad?, ¿como si se tratara de un falso espíritu de cuerpo?,  ¿para cubrirse entre ellos, los que todavía quedan,  sus pillerías?, ¿para ocultar lo inocultable? ¿Qué alguien les responda?

 

Para conocimiento de los veedores y de quienes nos encontramos en la sala, cada uno de los ex servidores judiciales, conforme a su caso particular, citan las normas jurídicas violentadas por el Consejo Nacional de la Judicatura, así:

 

Se les vulneró la garantía al debido proceso contemplada en el Artículo 8, Garantías Judiciales y Artículo 25, Protección Judicial de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José, conjuntamente con el Art. 76.7 literales a), c), h), k), l) entre otras, de la Constitución de la República del Ecuador, CRE.

 

Se les violentó el principio de legalidad consagrado en la Carta Magna, Artículo 76.3. Se inobservó el debido proceso, pues no se les permitió el derecho a la defensa porque se les aplicó “una sanción no prevista por la Constitución o la ley”. Tampoco fueron notificados con el informe motivado por cada Director o Directora Provincial de la Judicatura que fue remitido al Consejo de la Judicatura en Quito, convirtiéndose en un Consejo Vengativo, Inquisidor, por lo que en esas condiciones desiguales los ex funcionarios judiciales no pudieron defenderse conforme lo establece el Art. 76. 3 antes señalado.

 

Se irrespetó y violentó el derecho al trabajo en su artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Igualmente el artículo 11 numeral 3, artículo 33 y artículo 326 de la Constitución de la República respectivamente. Así también normativa expresa de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

 

Irrespetaron el propio Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ, el artículo 8 relacionado al principio de independencia, y el artículo 9 sobre el principio de imparcialidad.

 

Se vulneró también el artículo 75 de la Carta Magna sobre el acceso a la justicia y la Tutela judicial efectiva.

 

Se inobservó el artículo 76 numeral 4 de la CRE que se refiere a la eficacia probatoria… Así continúan citando la normativa legal que se les irrespetó por parte de los ex miembros del Consejo de la Judicatura.

 

Los excesos que cometieron los ex miembros del Consejo de la Judicatura contra los ex servidores judiciales son aberrantes e innumerables. Se truncó el proyecto de vida, personal, profesional y familiar de los ex funcionarios judiciales. Se les relegó a la muerte civil.  

 

Ellos y ellas solicitan a los veedores que en el informe que presenten se hagan público todas las violaciones que se cometieron contra la justicia y de ser posible que conste los nombres y apellidos, de por los menos, los Directores y Directoras Provinciales de Control Disciplinario porque tienen las evidencias de cuál fue su proceder.  Se observe también el accionar de los funcionarios judiciales y quienes cometieron estos actos sean juzgados,  no queden en la impunidad e incluso solicitan que se revise el nombramiento de cómo llegaron a ocupar sus puestos de trabajo, de quienes por las razones que hayan sido,  se prestaron para realizar el trabajo denigrante, y lo aseveran como una forma de exorcizar a la justicia, de limpiarla de pésimos servidores judiciales, que hicieron mucho daño, se lucraron de la injusticia.  

 

No olvidan que sus nombres y apellidos fueron publicados en los medios de comunicación, aparecieron en los periódicos de sus respectivas ciudades y a nivel del país, incluso en las redes sociales, confundiendo a la ciudadanía que habían sido destituidos por actos deshonestos, de corrupción. Con ellos y ellas se ensañaron, hubo linchamiento mediático, les destituyeron y destruyeron la vida. De ahí que, solicitan también disculpas públicas del Estado, como una forma de reparar lo irreparable, porque nadie les devolverá la tranquilidad, la salud física, emocional, espiritual que fue afectada y que todavía no se recuperan por tanta maldad causada. Así tratan de rescatar su honor, su buen nombre, el de su familia, que es el de reivindicar también la dignidad ultrajada de la justicia, de la sociedad.  

 

El poder judicial fue utilizado para perseguir, para delinquir, para dejar en la impunidad a quienes en verdad sí cometieron delitos.  Lo dicen para que se ponga un freno, un precedente de que nunca más ocurra el irrespeto, la deshonra a la justicia por los propios judiciales ni por ningún poder desubicado.

 

Advierten también que mientras más se demoran en resolver sus casos, el pueblo ecuatoriano por intermedio del Estado deberá pagar a los ex funcionarios judiciales del país ingentes recursos para la reparación económica a la que con justicia les corresponde. Sin embargo, los malos funcionarios a propósito no despachan a tiempo los procesos, los recursos, esconden los expedientes, los arrinconan sabe quién en qué lugar.  La consigna sería que prescriba el derecho de repetición, el daño moral que sufrieron los ex judiciales, el cual es incuantificable.

 

Sin jueces independientes no hay justicia, sin justicia no hay ley, sin ley no hay democracia, sin democracia muere el Estado de Derecho. Los jueces pierden su autoridad moral, para convertirse en empleadillos, en asalariados a los caprichos peligrosos de los desgobiernos momentáneos de turno, como en efecto ocurrió. Este no es el rol que debe cumplir un verdadero funcionario público. Una de sus funciones es destapar la alcantarilla nauseabunda de los sátrapas de los desgobiernos enquistados en cualquier ideología política.

 

Nuestra sociedad debe tener la confianza y la seguridad de tener jueces probos, idóneos, independientes, sino los tiene la sociedad sucumbe ante las garras de cualquier endiosado y embrutecido por el poder.

 

Las audiencias públicas van concluyendo. Han sido dos semanas intensas, de bronca, de dolor, de indignación. He escuchado cómo se destripó a la justicia en el país, como la justicia fue ajusticiada por algunos malandros disfrazados de funcionarios públicos.  

 

Reflexiono y me pregunto: ¿Por qué tanta maldad nos habita?, ¿por qué todo gobierno con tanta crueldad nos desgobierna el corazón, la vida y lo más grave es que nosotros lo permitimos? ¿Por qué el poder puede ser tan criminal? ¿Cómo si las personas estuviéramos hecho de deshechos, de lo peor? Esto debe cambiar.

 

Es inmensa la deuda que dejó la injusticia correísta al país. Sin embargo, tengo fe, la esperanza que brillará la verdad, que serán reintegrados y reparados en sus derechos los ex funcionarios y funcionarias judiciales.

 

Es urgente que tengamos una justicia transparente, honesta, comprometida con el país y sobre todo se prevenga todo tipo de corrupción, a fin de que la justicia sea justa, autónoma, independiente alejada de toda sombra perversa del poder.