Asambleístas Nacionales: ¿Para qué?

Fue la Constitución de 1978, que introdujo la Función Legislativa unicameral, denominada Cámara Nacional de Representantes y que se conformaba por legisladores nacionales y provinciales. En el debate de rigor —recuérdese que fue aprobada en Referéndum— se planteó que al tener 12 legisladores elegidos por votación nacional, la legislatura podría contar con una visión global de la realidad nacional que trascendiera los localismos provinciales; y por eso, mientras el período de los últimos era de 2 años, los primeros duraban 4 en sus funciones.

Pero aunque las demás constituciones que se sucedieron, repitieron la división entre nacionales y provinciales para los diputados, nunca se aclaró exactamente cuáles eran las funciones que distinguían ambos estratos. Y por el contrario, los honorables elegidos por provincias, siempre se proclamaban en igualdad de derechos que sus colegas nacionales. Y hasta igualándose en el período de sus respectivos mandatos.

La Constitución que el correato confeccionó a medida en Montecristi, en su artículo 118.1 dispuso que fueran 15 los Asambleístas “elegidos en circunscripción nacional”. Y pese a la afición reglamentaria del régimen, la Ley Orgánica de la Función Legislativa también omitió darles funciones específicas. Por manera que Asambleístas Nacionales y Provinciales, al final de cuentas no tienen distinción alguna y eso deja flotando en el ambiente una pregunta: ¿en qué mejora su desempeño, tener dos tipos de legisladores?

Además, la idea fundamental de contar con un grupo de legisladores elegidos de una lista nacional, fue que —por el origen de su mandato— asumieran ciertas tareas específicas que el antiguo Senado de la República cumplía. Y traigo esto a colación, para hacer un planteamiento: algunas de las funciones que tiene el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS), deberían asumirlas los Asambleístas Nacionales, quienes para el efecto pueden organizarse bajo el patrón que tienen las Comisiones Permanentes.

Una de las jugadas del correismo fue aprovecharse del desprestigio en que había caído el Congreso para encarnar en el mismo, todos los desafueros de la llamada “partidocracia”. Y le funcionó, porque la ciudadanía hastiada de las componendas para designar magistrados judiciales y altos funcionarios del Estado, terminó aceptando ese ensayo —auspiciado por sus asesores españoles vinculados a PODEMOS y al chavismo— de crear un Quinto Poder bajo el membrete de Función de Transparencia y Control Social. (El otro Poder fue el Electoral) Ahí, en ese artilugio constitucional, estuvo la envoltura para meter ese caramelo rancio llamado CPCCS, en el que a guisa de meritocracia, tuvieron cabida los más fieles servidores del correato.

Los hechos se encargaron de demostrar que no hubo transparencia, ni meritocracia, ni control, ni participación ciudadana: un Contralor prófugo para no responder a las acusaciones de corrupción; dos Fiscales Generales y un Procurador bajo sospecha; y los mayores latrocinios de que se tenga memoria, encubiertos por un manto blindado difícil de penetrar por las redes de protección que construyeron.

Hay que achicar al Estado. Eliminemos el CPCCS. Eliminémoslo por inefable. Por impresentable. Por ser un ejercicio contra natura del derecho ciudadano a participar en la vida

pública. Pero debatamos sobre sus funciones. Y regresémoslas a la fuente de la soberanía que es el pueblo, para que las delegue a la Asamblea Nacional.

Propongo que ciertas facultades legislativas sean asumidas por los Asambleístas Nacionales, como por ejemplo dictaminar sobre los informes que en materia tributaria, de Acuerdos Internacionales y otros de similar interés, elaboren las respectivas Comisiones legislativas, antes de que pasen a conocimiento y aprobación del Pleno. Y que examinen en sendas Audiencias Públicas a los candidatos que proponga la función ejecutiva, para ocupar cargos como los de Procurador, Fiscal General y demás altos magistrados del Estado cuya designación sea competencia de la Asamblea.