La sociedad se ha pronunciado y más allá de la alta votación de los nulos, unos firmemente conscientes por el rechazo generalizado al sistema, otros por desconcierto ante un proceso plagado de falencias y muchos por pleno desconocimiento del porqué y por quién votar, algunos ciudadanos resultarán electos al CPCCS y en breve se convertirían en detentores de un poder que no debe existir. La próxima batalla a librarse en el país será para decidir cómo eliminar dicho Consejo. Mientras los constitucionalistas se aferran a buscar la fórmula a través del derecho, los pragmáticos apelan a la constitucionalidad del sentido común.
El engendro comunistoide de Montecristi, liderado por Correa y con el silente contubernio de Moreno, es tan sesgado y oblicuo que no merece ni reformas ni enmiendas. Ecuador es una nación históricamente inestable que requiere con urgencia una constitución de sólida estructura jurídico-política que pueda ser respetada por el inherente derecho que la entraña, pero asimilada también con el derecho que tiene una sociedad a desarrollarse en libertad económica. La razón del derecho pragmático debe imponerse para entregarle cordura jurídica a un país que debe igualmente demostrar que es más fuerte que la sumatoria de todos sus problemas. Solo con una nueva Carta Magna será posible alcanzar la seguridad jurídica que la sociedad demanda para que su crecimiento económico y potencial desarrollo superen sustentadamente a las necesidades generadas por su continuo crecimiento poblacional. ¡Consulta ya!
