Elliot Abrams, el enviado especial de los Estados Unidos para lidiar con la crisis venezolana, ha dicho en días pasados que en algunos aspectos España luce como el destino lógico para todos aquellos miembros y colaboradores del gobierno de Nicolás Maduro que opten por desconocerlo y soliciten amnistía. Abrams en su análisis asegura que el idioma y otras facilidades, como el que mantengan cuentas bancarias allí, además de algunos otros intereses, convierte al país ibérico en un objetivo ideal para quienes abandonen el barco, por encima de otros países que políticamente considerados pudieran parecer mas seguros como Cuba o Rusia actualmente aliados de Maduro.
También Juán Guaidó Presidente de la legítima Asamblea Nacional, a quien el país del norte y buena parte de la comunidad internacional han reconocido como presidente interino, en rechazo al régimen de Maduro, ha coincidido con Abrams, al asegurar a la prensa que ciertamente España sería un lugar ideal por cultura e idioma, para aquellos funcionarios que huyan de Maduro y colaboren con la transición hacia la democracia; aunque asegura que en Colombia y el sur de la Florida también podrían sentirse cómodos.
Basta, sin embargo, hacer una pequeña encuesta entre los venezolanos de cualquier comunidad, o revisar la redes sociales, para darse cuenta que la mayoría de ellos tiene otra postura con respecto al tema y no por que tengan algo contra España; sino porque en general estiman que los funcionarios vinculados al régimen de Maduro responsables, por acción u omisión, de crímenes contra personas y bienes, deben pagar por sus fechorías; esto es, ir a la cárcel con la confiscación de sus cuentas y propiedades cuando sea el caso. Incluso para muchos, estas medidas que suponen la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes no serian suficiente castigo.
Tal vez pensando en ello, es que el propio Abrams ha dicho que hay varias consideraciones y puntos a tomar en cuenta con respecto a este espinosos asunto, en el marco de las conversaciones preliminares que se han venido sosteniendo con el gobierno español. La primera, saber cual es la posición del gobierno español que querrá conocer los casos en particular y las condiciones en las cuales los recibiría. La segunda, si los casos que se quieran acoger a la amnistía tienen o no alguna acusación o denuncia, bien formulada o en trámite, ante alguna instancia internacional, pues en tal situación a esas personas les convendría, mas bien, un país que no sea España, como tal vez Rusia, Turquía o Irán, donde es casi seguro que no serán entregados a la justicia internacional. El funcionario norteamericano puso como ejemplo de esto último a Maduro, quien aseguró preferirá a alguno de esos países, en el supuesto de que deje el poder.
Es por esta circunstancia, que los venezolanos sienten que España se parece mas a un premio que a un castigo, por lo cual la impunidad pudiera ser la que gane al final de estas dos largas décadas de chavismo, si el éxito de la transición queda condicionado al sacrificio del poder punitivo del Estado y de la ley y, por ende, a que prevalezca la injusticia. Mas aún, cuando se tiene conciencia de que hay un tercer punto de atención, pero que no entra en la agenda actual del señor Abrams encauzada a forzar la salida de Maduro, relativo a aquellos funcionarios que antes del 2019 en curso, se escabulleron del gobierno de Maduro y del de los catorce años anteriores de Chávez. Se trata igualmente, en su mayoría, de ex funcionarios que disfrutan su existencia, hoy en día, en países como Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia o la misma España, pero que ejercieron cargos, algunos muy altos, en el poder judicial, el ministerio publico, la contraloría o en empresas del estado e institutos autónomos, llegando a cometer graves delitos directamente o en colaboración con otros, contra personas inocentes. El caso de PDVSA, años 2002, 2003 y siguientes, es un buen ejemplo de esto, dentro de una extensa lista de sucesos. Ello, además, de los casos de delitos contra el patrimonio público cometidos durante ese periodo y que están impunes.
El odio y la venganza son tan nefastos como la tiranía misma, sobre todo, cuando esta última proviene de aquellos, que es el caso, precisamente, de estos primeros veinte años de siglo en Venezuela, y de lo cual aún encontramos vívidos ejemplos en una ley fascista, neo-nazi, como la que dictó la Constituyente de Nicolás Maduro para perseguir los “crímenes de odio”, o con sentencias abominables, que condenan a los enemigos del régimen por delitos no tipificados en ninguna legislación, como lo sería la “corrupción espiritual”.
Pero, si por otra parte, no llega a haber un átomo de justicia, entendida como simple consecuencia de la aplicación de la ley, el odio seguirá emponzoñándose en el corazón de los venezolanos pero ahora con cambio de bando. Y con odio y un sentimiento profundo de injusticia, nunca habrá verdadera paz en Venezuela.
