Cambios urgentes

Terminado el proceso electoral, es necesario que pensemos responsablemente en la suerte del Ecuador. Se hace urgente  buscar una alternativa, ésta sería la redacción de una nueva constitución; el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Doctor Julio César Trujillo ha planteado al país una consulta popular, previa a la recogida de firmar para eliminar el CPCCS. La Constitución de Montecristi es un bodrio hecho a la medida de Correa, en ella se concibió como un gran logro de la llamada Revolución Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el CPCCS, como funciones del Estado, Correa y sus áulicos, se ufanaban de haber “superado” a Montequieu y que ésta iba a durar 300 años, no creo que debemos esperar 289 años para cambiarla.

La propuesta del Doctor Trujillo, si bien es cierto es importante, no es menos cierto que sólo sería un parche, debemos proponer al gobierno que hagamos un cambio completo e inmediato, elaborando una nueva constitución, con seguridad, contaríamos con el apoyo de la gran mayoría de ecuatorianos.

El gobierno convocaría, lo más pronto posible, a un grupo de ocho o diez jurista, constitucionalistas, de reconocido prestigio, patriotas, con amplios conocimientos de la materia, moral y éticamente idóneos; con la ayuda de un grupo de apoyo (economistas, sociólogos, médicos, profesores, militares, etc.) para que redacten una constitución con un plazo de tres meses; un mes para consensuar con la ciudadanía y luego, sería puesta a consideración del pueblo ecuatoriano a través de un referéndum, para su aprobación. De esta forma quedaría resuelto el problema, nada de Constituyentes, a través de este ágil mecanismo, le ahorraríamos al pueblo ecuatoriano, tiempo, dinero y esfuerzo.

Con la nueva constitución, volveríamos a los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y el Congreso sería bicameral. La Cámara del Senado con máximo 30 miembros, con ciudadanas y ciudadanos mínimo de 45 años y con título de tercer nivel, una de las responsabilidades de la Cámara del Senado sería nombrar a los miembros de los órganos de control envés del «famoso» y cuestionado CPCCS. De esa forma, sin traumas y discusiones bizantinas se eliminaría como función o poderes del Estado al CPCCS y el CNE, volvería a ser el Tribunal Supremo Electoral. La Cámara de Diputados, estaría conformada como máximo por 70 miembros, quienes deberían tener, mínimo 25 años y al menos título de bachiller.

Igualmente se debería elaborar un nuevo Código de la Democracia, para tener verdaderos partidos políticos que fortalezcan la democracia y no maquinarias electoreras.

Los movimientos o partidos políticos, sólo deberían existir a nivel nacional, sus adherentes deben ser afiliados y para ser candidato la afiliación mínima debe ser de dos años antes de su candidatura. Los candidatos para presidente y vicepresidente de la República y alcaldes no deberán tener relación familiar con su antecesor hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La prefectura debe eliminarse, es un organismo costoso y sus responsabilidades se yuxtaponen con las del Estado, es decir, con las gobernaciones y  los alcaldes cantonales

Los fondos Partidario Permanente y de Promoción Electoral, se deben revisar; si conviene o no entregar a los partidos políticos y candidatos, éste último, en las elecciones del 24 de marzo, le costó al país 36 millones de dólares. Se conoce que algunos candidatos exigieron un porcentaje del contrato con los medios con los que habían pautado su promoción; de ser cierto este acto de corrupción, sería una vergüenza sin nombre.

Esta recomendación, no es nueva, recordemos que el último gobierno militar, previo a la entregar del poder, puso a consideración del país una nueva constitución y la de 1945 reformada. El Ecuador aprobó a través de un referéndum la nueva Constitución de 1978.