¿Es el estado responsable de facilitar procedimientos que ponen en peligro la vida de la mujer, o deben éstos permanecer prohibidos? Como ciudadano espero que la autoridad penalice a quien practique a una mujer, y especialmente a una adolescente, un tratamiento que incrementará las probabilidades de que ella sufra una muerte violenta en el futuro. Existen estudios que indican que el aborto adolescente incrementó el riesgo de muertes violentas en las mujeres que lo tuvieron, mientras que el riesgo disminuyó en las mujeres con embarazo adolescente que completaron la gestación.
Mientras que en Ecuador todavía no tenemos registros confiables al respecto, encuentro muy interesante el estudio que realizaron University of Helsinki y Helsinki University Hospital de Finlandia, y el Departamento de Neurobiología del Karolinska Institutet de Suecia. Este estudio tiene gran validez e importancia por múltiples razones. Primero, porque sus datos son confiables y los investigadores no pueden ser criticados por presentar un sesgo ideológico en contra del aborto. Segundo, porque tienen gran rigurosidad estadística y son basados en las historias clínicas de poblaciones grandes a lo largo de varios años de investigación. Y tercero, porque como el aborto en el país del estudio es legal desde hace décadas, la sociedad no ejerce una influencia negativa sobre la mujer que ha decidido ejecutarlo, sino que le da apoyo privado y estatal.
El estudio trabajó con muestras que sumaban cerca de 55000 mujeres que eran adolescentes en el año 1987, a las cuales se hizo seguimiento hasta el 2013. En ese grupo se identificaron más de 13500 adolescentes embarazadas entre 1987 y 1989, y de ellas el 49% se realizó un aborto voluntario. Lamentablemente en ese grupo de jóvenes mujeres que abortaron se encontró una elevada cantidad de muertes por causas violentas a lo largo del período de observación. En cambio, las chicas que tuvieron a su hijo durante la adolescencia se vieron involucradas en muchos menos hechos violentos que terminaran con su vida.
Las estadísticas resultaron irrebatibles: Las mujeres embarazadas durante la adolescencia que no abortaron tuvieron un riesgo 30% menor de morir por causas relacionadas con alcohol que las que sí abortaron. Las que no abortaron encontraron un riesgo de perder la vida en accidentes de tránsito 40% menor que las que sí abortaron. Las que tuvieron a su hijo presentaron 40% menos riesgo de morir por causas violentas provocadas por terceros (incluyendo envenenamiento o lesiones en general, casos que bajo nuestra legislación podrían ser investigados como feminicidios) que las que sí abortaron siendo adolescentes. Finalmente, las que tuvieron a su hijo experimentaron 50% menos riesgo de suicidio que las que abortaron.
Los resultados mostraron una abrumadora incidencia de accidentes, muertes a manos de terceros, posibles feminicidios y suicidios en las mujeres que abortaron durante su adolescencia, en tanto que el nacimiento del niño disminuyó las probabilidades de sufrir una muerte en circunstancias violentas para las madres.
Se puede llegar a la conclusión de que las madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de verse alejadas de ambientes, compañías y situaciones riesgosas, cuando se las compara con las adolescentes que han abortado a un hijo, las cuales tienen mayores probabilidades de permanecer en ambientes, compañías y situaciones peligrosas que pueden llegar a terminar con su vida de manera violenta. Dicho de otra manera, ante la compleja situación de una adolescente embarazada, las estadísticas indican que el nacimiento de su hijo le ofrece un efecto protector, en tanto que el aborto no sólo que no elimina el abuso que ya pudiera haber sufrido, sino que probablemente lo puede invisibilizar, agravar y perpetuar hasta poner en riesgo su vida.
Por supuesto que lo ideal es que no haya embarazos adolescentes, y debemos continuar trabajando en nuestra sociedad para prevenir esas situaciones. Pero mientras tanto, el estado tiene la responsabilidad de proteger las vidas de sus ciudadanas y debe continuar penalizando a quienes les realizan procedimientos que incrementan significativamente su vulnerabilidad y las probabilidades de que sufran una muerte por causas violentas, suicidios y feminicidios.
