NO al consejo de participación ciudadana

La peor de las democracias es preferible a la mejor de las dictaduras.
– Ruy Barbosa.

Entre los que votamos en contra de la aprobación de la Constitución de Montecristi (2008), hubo quienes lo hicimos porque sus contradicciones internas podrían ser difíciles de superar a corto plazo. Han pasado ya 10 años y estamos a fojas una de este objetivo. Intervenimos ahora, por tercera o cuarta vez en advertir sobre una de esas contradicciones que, en verdad, puede tildársela de aberración política. En el Art.1 de la Constitución vigente, por ejemplo, se define al Ecuador como un Estado que “Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”, y en el Art. 207 se crea un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de designar las primeras autoridades de las principales funciones del Estado. ¿Cómo entender esta situación? ¿ A modo, quizás, de “Congreso en chiquito”?

O sea, Procuraduría General, Superintendencias, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Defensoría Pública, Contraloría General, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura ya no serán motivo de análisis, discusión y nombramiento en la Asamblea. La Asamblea, en estas circunstancias, no pasa de simple maquilladora. En última instancia solo servirá para alcahuetear tal desatino mediante la posesión formal de cada elegido. Claro que, aparentando representación en democracia, el afamado CPCCS es integrado mediante votación popular, para luego, entre gallos y media noche, manipular las designaciones con ternas desde el Ejecutivo.

¿Es que ya que no interesa la presencia de la Asamblea, para dilucidar los aspectos nacionales de decisión responsable?. De repente los representantes del pueblo están de más. ¿Quizás causan mucha bullaranga y sus estridentes sonidos molestan los delicados oídos de alguna torpe oligarquía? Con el CPCCS se pretende una oficina adhoc de la presidencia, que haga las veces de Secretaría de la distribución del poder político, según los intereses del ejecutivo. Todo, por supuesto, en consonancia con los grandes chulqueros de las finanzas nacionales y los amarres convenidos extra país. Está así allanado el camino para una dictadura corporativa en que el Estado, fuertemente presidencialista, aparenta una democracia por la ausencia del ruido de sables y bayonetas, típico de los conocidos golpes de antaño…

Una especie de componenda en que un gobierno todopoderoso, al margen de una legislación castrada en sus objetivos políticos, manipula como títere a un Estado a través del dominio de sus funciones fundamentales. La Asamblea legislativa tiene que recuperar su iniciativa de vivencia y directriz de la política nacional, y evitar, así, que sus integrantes sean simples convidados de piedra. Para su cumplimiento el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer del Art. 207 de la Constitución y como Ley Orgánica (2009) publicada en el R.O. En buen castellano, no dejar rastros de su presencia, en tanto que es un peligro, a la espera de la destrucción de la democracia representativa del país!