El estado del IESS refleja con exactitud no solamente la pésima situación económica del país, pero además traza con claridad el efímero futuro sanitario y previsional de sus ciudadanos. La Revolución Ciudadana ha diezmado los recursos de los ciudadanos sin que la Constitución, la misma que prohíbe la privatización del sistema de seguridad social, haya podido salvaguardar sus inalienables derechos. La salud es constitucionalmente un derecho a los que los afiliados acceden gracias a sus aportaciones. Los preceptos constitucionales no pueden ser cumplidos en las circunstancias actuales y por ello se requiere ya sea aumentar el porcentaje de contribución y/o extender el número de aportaciones. Al final, salvar al sistema dependerá de un buen manejo para el cual el Estado no está preparado por ser un pésimo administrador.
El Gobierno no se ha pronunciado sobre cómo impedirá que el caos se apodere de una atención médica que salvo excepciones es por demás deficiente. Queda en evidencia que la precariedad y eventual colapso del sistema no fue materia negociada con el FMI. No existe plan de salvataje para el Seguro Social y un apalancamiento de su situación actual tampoco ha sido contemplado.
Las demandas por servicios no se reducirán y cualquier esfuerzo económico será apenas paliativo mientras el país no cuente con una nueva Carta Magna que permita una solución definitiva. La privatización, que por sí sola tampoco es una panacea, es la única vía para corregir un sistema que tal como está diseñado no tiene solución.
