Estado paralelo

Los diálogos a los que abiertamente el Gobierno ha convocado a los distintos sectores de la sociedad civil, han servido de caldo de cultivo para que los actuales y antiguos dirigentes indígenas, tengan la tarima necesaria para expresarse y hacerle conocer al país lo que piensan y sienten sobre la vida política y social de los actuales momentos. Basta revisar sus declaraciones para concluir que muchas de ellas son legítimas, pero otras tantas, además de irresponsables, reflejan mucho desconocimiento. Han expresado y así ha sido recogido por los medios de comunicación, su deseo de instaurar procesos de justicia indígena y de la concepción de que cada territorio ocupado por ellos, debe ser entendido como un territorio indígena. 

Recientemente Nina Pacari, conocida representante indígena, en unas declaraciones para el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa, expresó que “los pueblos indígenas cuando estamos en una fiesta o en una movilización hacemos uso del lugar y es territorio también indígena”. Una cosa es tener derecho a la autodeterminación y otra muy distinta, es que quieran pretender que viven en un Estado paralelo. Sus costumbres, tradiciones y el reconocimiento consuetudinario de sus normas, no significan, como así antojadizamente han querido interpretarlo los líderes indígenas, que están por encima de la Constitución o las leyes. Cierto es que los pueblos ancestrales tienen derecho a la ocupación de sus territorios, en donde pueden desarrollar libremente su culturalidad, tal como lo reconoce, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, decir que todo territorio ocupado por los indígenas es un territorio ancestral (con todo lo que ello conlleva) equivale a irrespetar el orden público y los derechos de los demás ecuatorianos. 

El Ecuador, aunque diverso y pluricultural, es uno solo; por tanto, no puede desconocerse su carácter unitario. La Constitución, entre otros, se rige bajo el principio de interculturalidad, esto es, “no apunta al reconocimiento de grupos étnicos culturales, sino a las relaciones y articulaciones entre estos pueblos heterogéneos y con otros grupos sociales y entidades que coexisten en la nación cívica. (…) así, estos conceptos guardan entre sí una relación de complementariedad en el sentido que uno completa o perfecciona al otro” (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 113-14-SEP-CC, caso N° 0731-10-EP). De allí que, pese al reconocimiento que hace el artículo 171 de la Constitución referente a la justicia indígena, esta facultad no los autoriza para ejercer una jurisdicción indiscriminada, ni mucho menos, una especie de jurisdicción privilegiada por su etnia.

El debate ciudadano se construye con la inclusión de todos sus actores, promoviendo el derecho a participar en asuntos de interés público. Por lo tanto, es inadmisible que un grupo de ellos busque imponer, incluso hasta a la fuerza, sus ideas y conceptos, sin sustentos técnicos, ni jurídicos. Si el Presidente no asume el liderazgo que se necesita, estaremos desprotegidos y bajo la tutela de un grupo que quiere ejercer su jurisdicción en todo momento y en todo lugar. Veremos.