El debido proceso

El primer viernes del año 2020 nos ha traído, al anochecer, la noticia de que la mayor parte de los procesados del denominado caso “Arroz Verde” han sido llamados a juicio. Figuran allí el expresidente Rafael Correa Delgado, Jorge Glas Espinel y otros personajes que tuvieron un rol relevante durante los largos años del correísmo.

La corrupción generalizada que destruyó las finanzas públicas y enriqueció a unos cuantos, demandaba una actuación contundente y ejemplar por parte del sistema judicial, ante una ciudadanía cansada de constatar que la impunidad es la norma y, el cinismo, la regla de conducta. La opinión pública reclamaba, pues, que jueces y fiscales actuasen en consecuencia y pudiesen, por una vez, demostrar independencia, imparcialidad y objetividad.

Sin embargo, en el contexto de la generalmente débil institucionalidad ecuatoriana, los juristas cuestionarán, con sobra de razones, si prevaleció o no de manera irrestricta el debido proceso en la sustanciación de este traumático y escandaloso caso, pues la historia reciente demuestra que, en más de una ocasión, el cambio de coyunturas políticas ha convertido a las cortes en una suerte de damero en el que, convenientemente movidas las fichas encarnadas en los juzgadores de ocasión, los juicios no han sido más que sainetes para legitimar la persecución y la revancha políticas a título de administración de justicia.

Queremos creer —y esperamos que así sea— que ningún inocente haya sido llevado hasta estos extremos procesales por el solo afán de abultar el número de implicados o, eventualmente, por castigar su pasada participación política en las filas del movimiento que dirigió los destinos del país durante dos lustros. Y, de la misma manera, queremos creer —y esperamos que así sea— que ninguno que verdaderamente deba haber sido llamado a juicio sobre la base de las pruebas actuadas, haya logrado finalmente evadirse de sus responsabilidades, quién sabe si con indecibles componendas de por medio.

En esta hora trascendental, el país no puede permitirse ya el fiasco de un juicio viciado por violaciones al debido proceso, que tarde o temprano quedan al descubierto.