Ecuador, estado federal

El régimen político centralista, en nuestro caso, es supremamente negativo, está destruyendo los sentimientos de la nacionalidad ecuatoriana. Debemos reestructurarlo, de lo contrario como estado vamos a perecer.

Desde la fundación de la república nos ha oprimido. Dos centurias con gobiernos de todo: unos cuantos visionarios y humanos y otros liderados por sátrapas que han mancillado el honor nacional, como el de la década 2007 – 2017, cuyo cleptómano por su ego y vanidad personales convirtió a la administración pública en una cueva de Ali baba y los 40, quienes como parásitos servían únicamente para el aplauso y el robo al erario nacional, quienes han quedado evidenciados en los actuales procesos judiciales con encarcelados y prófugos.

Entonces, el estado centralista ha devenido en una orgía miserable, impidiendo el desarrollo pleno, armónico y económico de las distintas regiones o provincias del país, dado que mediante las políticas estatistas las contribuciones vía impuestos se los engulle la cuenta única del tesoro nacional, de la que a cuenta gotas por las demandas de los pueblos le devuelven tarde o nunca en mezquinos dividendos. De ahí que cada provincia o cantón está impedida a labrarse su propio futuro; pero el mal no solo es esto, es la vasta y pesada legislación centralista que en maraña perversa ha enredado, muy calculadamente, todo el andamiaje legal – administrativo para impedir que las actividades productivas del país no se ejecuten y desarrollen directa e independientemente sino se cumple con trámite previo en un ministerio, secretaría u organismo de ínfimo nivel asentado en la capital Quito.

Siendo esta la cruda realidad de la administración centralista no cabe que continuemos postergando el florecimiento de las distintas provincias del país. Para ello el régimen de estado federal sería lo conveniente y positivo para que dentro de la unidad como república el Ecuador esté constituido por varios estados, que bien podrían ser en el número que de acuerdo a la idiosincrasia y proximidad en lo humano y territorial varias provincias por estos lazos se constituyan en una unidad: en un estado, de modo que y atendiendo a esta simbiosis el Ecuador bien podría estar constituido por cinco o seis estados. 

En esta configuración estatal al Ecuador con Quito como su capital le correspondería: la gobernanza nacional como a cualquier país de régimen federal; la dirección y ejecución de la política exterior; la dirección y control del sistema monetario; el mando de las fuerzas armadas para la seguridad e integridad nacionales; el ejercicio de la legislatura nacional; y, la administración de justicia a través de una Suprema Corte para la resolución de los conflictos que debidamente detallados contemple la Constitución; y, obviamente, la interpretación con carácter obligatorio de todas las normas de la Carta Magna. En lo económico, la imposición de reducidos y singularizados tributos que tengan como única y exclusiva finalidad el mantenimiento de las funciones que a nivel nacional corresponda al gobierno central.

En cambio, cada estado federado tendría de manera exclusiva: Poder ejecutivo con las direcciones u organismos administrativos que sean menester para su eficiente desarrollo de acuerdo a las particulares necesidades. Legislatura, ejercida por un número mínimo y racional de legisladores: capaces, probos e idóneos para ejercer con sapiencia y honestidad las funciones legislativas y fiscalizadoras de su propio estado. Corte de Justicia constituida por juristas probos para una correcta y pronta justicia. Entonces cada estado nominaría y elegiría por su conocimiento directo y cabal a los mejores ciudadanos. Nunca peloteros, payasos o gente de farándula.

Constituido así el nuevo Ecuador, cada estado respetando y acorde a la constitución nacional, dictaría la suya propia y las normas legales necesarias para una eficiente coexistencia y honesta administración. 

Dentro del equilibrio racional de estos poderes al ejecutivo de cada estado le correspondería, con la aprobación previa de su poder legislativo la imposición de tributos permanentes, temporales y/o especiales que sean de estricta aplicación para el desarrollo y crecimiento integral de su estado y sus habitantes.

En este nuevo sistema la administración pública de cada estado tendría la facultad intrínseca de dictar las políticas que sean oportunas para privilegiar la salud y seguridad, incentivando además el desarrollo de todas las actividades productivas, pero sobretodo con énfasis en la educación, para formar el nuevo ciudadano ético, honrado y humanista; así como la apertura y fomento a la inversión nacional o foránea, y, en este contexto, la apertura a la banca extranjera para terminar con el bicéfalo monopolio bancario nacional.

En la justa aspiración de que la inversión nacional o extranjera se afinquen en el respectivo estado las leyes deberían encuadrarse en un marco que lo esencial sea la seguridad jurídica, sin olvidar jamás que las cargas tributarias no deben asfixiar a las empresas y empresarios que al luchar ellos diariamente por su crecimiento, están forjando el bienestar del estado y sus habitantes.

Soñemos y hagamos realidad el nuevo Ecuador Federal.