El Art. 144 de la Constitución Política del Ecuador, señala en su tercer inciso que; “La Presidenta o Presidente de la República durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional, con antelación a su salida, el periodo y las razones de su ausencia del país”.
Generalmente aceptada es la opinión que, conforme al Artículo antes mencionado, solo existe la obligación de “comunicar” a la Asamblea la decisión de abandonar el país y no pedir autorización como acertadamente antes estaba regulada
Por otra parte, la situación se agrava cuando en el país han existido ex presidentes y varios ex funcionarios que se les ha solicitado su enjuiciamiento.
¿Pero cuál es el fundamento para que un ex jefe de Estado deba de solicitar a la Asamblea Nacional permiso para ausentarse del país? Fácil es contestar; El permiso tiene por objeto aclarar cuál ha sido la participación o no de ex presidente sobre los actos cometidos durante su mandato.
Es importante recordar que el imperio español en América creó los Juicios de Residencia. Estas instituciones eran procedimientos normales contra todos los funcionarios para investigar al término de su actuación las irregularidades que podían haber cometido al concluir el desempeño de sus cargos.
El Consejo de Indias designaba un juez Residenciado encargado de juzgar la actuación de los mandatarios. Estas disposiciones quedaron arraigadas en la conciencia jurídica de América.
En nuestro país, casi todas las constituciones, con excepciones de las de 1843, 1845, 1861, que no contemplaban este mandato, durante un año después de finalizar su periodo.
La Constitución de 1869, en cambio, era más rigurosa, pues aumentó a dos años la obligación.
De todo esto, podemos concluir que existe, un grave error en la Constitución que, debe con urgencia, reformarse.
