Una vez más, la oposición venezolana se encuentra en la engorrosa situación de tener que tomar la decisión de no participar en un proceso electoral. Nos referimos al de los representantes populares en la Asamblea Nacional, proceso convocado recientemente para el día 6 de diciembre próximo, por el “renovado” Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro.
Fue en los comicios parlamentarios del año 2005 cuando los partidos políticos de la oposición de entonces, en los que todavía no figuraba Voluntad Popular, decidieron no presentar candidatura alguna a las diputaciones en juego. Las razones para ello pueden resumirse en la desconfianza que se le tenía al organismo electoral nombrado no por el poder legislativo, como lo ordena la propia constitución chavista de 1999, sino por el Tribunal Supremo de Justicia, y más concretamente, a unas máquinas adquiridas por el gobierno, conocidas como “captahuellas”, las cuales tenían por función registrar las huellas dactilares de los votantes momentos antes de que ejercieran el sufragio por vía electrónica y, de este modo, evitar fraudes electorales, pero que de acuerdo a la oposición servirían, en realidad, después de las pruebas técnicas efectuadas al efecto, para dejar registrado e identificado el voto de cada ciudadano. En resumen, que dicho proceso electoral no ofrecía garantía alguna.
Transcurridos quince años desde entonces, la situación para efectuar unas elecciones parlamentarias, presidenciales o de cualquier otra índole, no son exactamente las mismas; sin lugar a dudas son mucho peores. No solamente debido a que las “captahuellas” siguen ahí, el organismo electoral continúa bajo el control absoluto del gobierno, pues la renovación de hace unos días fue simplemente de nombres, con el mismo patrón de burla constitucional anterior, al que se presta siempre el Tribunal Supremo de Justicia, órgano que desconoció, una vez más, la competencia de la Asamblea Nacional para designar las autoridades del C.N.E., sino porque adicionalmente el gobierno de Maduro se encargó de inflar y darle presencia en los medios, a varios minúsculos partidos que han venido orbitando a su alrededor desde hace años con la intención de sustituir o usurpar frente a la opinión pública la representación auténtica de la ciudadanía depositada en los partidos políticos opositores que conforman la actual Asamblea Nacional. Eso, sin contar, ni entrar en detalles, de las “marramucias” efectuadas, también a través del Tribunal Supremo de Justicia para dividir o anular a partidos tradicionales como Copei y Acción Democrática, o a otros más nuevos pero de más peso actualmente, como Voluntad Popular, del que son miembros Leopoldo López y Juan Guaidó, mediante el desconocimiento de sus directivas o simplemente decapitándolas.
Pero lo más importante y que hace las dos situaciones totalmente diferentes es que el cuadro político ha cambiado sustancialmente. Chávez en el 2005 era el primer presidente electo bajo la constitución de 1999 en elecciones que nadie puso en duda, como que su contrincante en el 2000 fue su compañero de armas y asonada de 1992 Francisco Arias Cárdenas, y de lo más que se le podía acusar en aquel entonces era de ser un autócrata en pleno desarrollo, mientras que Maduro viene de reelegirse en unas elecciones adelantadas, sin la participación de la oposición y convocadas inconstitucionalmente, dando lugar así al no reconocimiento de su gobierno por más de medio centenar de países encabezados por los Estados Unidos. Un factor, este último, que hace igualmente muy distintas las consecuencias políticas para la oposición, que en el 2005 quedaban limitadas a quedarse sin representación parlamentaria como en efecto ocurrió.
En el presente, no son las diputaciones opositoras las únicas que estarían en juego, sino el gobierno interino de Guaidó en razón de que la Asamblea Nacional culmina su periodo constitucional el 5 de enero próximo. Guaidó quien antes que presidente es diputado, necesita, por lo tanto, reelegirse en su curul parlamentario, pues de no hacerlo quedaría en el aire y lo que aún queda de constitución en una cuneta. Por lo pronto, nada indica que lo vaya a hacer, sobre todo, si tomamos en cuenta el hecho cierto de que hasta ahora no ha podido nombrar unas nuevas autoridades electorales que le permitan contar, al menos, con un C.N.E. paralelo que haga contrapeso al del oficialismo y le abra la puerta a otros escenarios políticos. De lo contrario, y no queda mucho tiempo, nos veremos en la curiosa situación, por no darle otro calificativo, de tener dos poderes legislativos, uno elegido por Maduro quien le gritará al mundo haber cumplido con la constitución para elegir su parlamento y otro, el actual, el de Guaidó, con su periodo vencido y que lo colocarían a él y a su gobierno a caminar sobre un alambre muy fino, invisible casi. Una posición delicada, sin duda, que afectará la naturaleza de su mandato interino, no obstante el apoyo externo recibido hasta ahora, y que podría forzar a Guaidó, además, a salir de Venezuela.
No obstante lo dicho, hay quienes ven el asunto con otra perspectiva más optimista, pues consideran que de no ocurrir nada sorpresivo en las próximas semanas que modifique sustancialmente el panorama venezolano o de no haber un proceso electoral con garantías plenas, arbitrado por la comunidad internacional, esa situación, la de Guaidó, llevándose su interinato fuera de Venezuela, es políticamente factible. Incluso, llegan a compararla con la del gobierno republicano español en el exilio después de la guerra civil, y, por lo tanto, llevadera hasta el cese de la usurpación del régimen de Maduro. Un paralelismo, aun metiendo el reciente capítulo del oro que no está “resguardado” por los rusos bolcheviques, sino por la corona británica que, como se sabe, nunca devuelve nada, con el que no estamos de acuerdo por ser ambas situaciones, en su origen, totalmente disímiles, pero de cuya experiencia española podemos recordar algunos resultados que en nada son alentadores, ni para el gobierno de Guaidó, ni para el futuro de Venezuela.
