Sin crecimiento económico liderado por la empresa privada no es posible desarrollar sosteniblemente ningún país. Esta premisa no admite desafío alguno y está al margen de cualquier debate racional. El grado de libertad, en el sentido más extenso de su definición, determina la potencialidad de todos los actores de la economía por alcanzar los máximos réditos posibles en dicho crecimiento.
El país conoce el tema de los derechos adquiridos al que su sociedad ha estado expuesta desde el nacimiento de la república. Entre los más recientes, la semana laboral de 40 horas, los quince sueldos al año de sus trabajadores, la afiliación al Seguro Social de quienes no contribuyen al sistema, los bonos de desarrollo humano, entre muchos otros. Estos derechos, equivalentes a subsidios, fueron la consecuencia de distorsiones económicas, señaladas como desigualdades. Los subsidios cumplen una función socioeconómica cuando se ajustan a determinados periodos de tiempo. Cuando se perpetúan pasan a llamarse derechos sociales, jamás pierden su condición de subsidios, y terminan por agudizar los desequilibrios. Esos derechos adquiridos nunca cumplieron sus propósitos, hoy resultan insuficientes, jamás derrotarán a las inequidades.
Para vencer las históricas desigualdades se necesita de una extraordinaria agenda social a través de un alto y permanente crecimiento económico logrado por entes privados y un Estado proponente, pero además garante, de las libertades económicas. Las deficiencias sistémicas deben corregirse estructuralmente.
Pero lo principal es el equilibrio fiscal y demostrar que se lo puede sostener en el largo plazo.
Sin ello no habrá inversión privada ni créditos blandos.
El priblema son toda esa serie de beneficios electoreros q a lo unico q sirven es a ganar elecciones, pero q hunden cada vez mas al pais en un sistema economico q no es sostenible en el tiempo