La reciente decisión del tribunal de apelaciones de Londres anulando la anterior de primera instancia que le había dado la razón a Guaidó en el asunto del control de las treinta y un toneladas de oro, en custodia del Banco de Inglaterra desde hace unos años, pudiera ser algo más que una pequeña batalla, otra de tantas, que se vienen librando en el escenario internacional desde enero del 2019 entre quien ostenta el título de presidente interino de Venezuela y Nicolás Maduro quien asegura que el presidente es él, luego de haber ganado unas elecciones en mayo del 2018, que fueron desconocidas por gran parte de la comunidad de naciones.
Esta segunda sentencia enmarcada en el derecho de revisión de las resoluciones judiciales por otra instancia superior, propio de todo sistema de justicia que se jacte de serlo, se veía venir desde el momento mismo en el cual los abogados del bufete británico contratado para defender los intereses del gobierno de Maduro anunciaron que recurrirían el fallo de primera instancia favorable a Guaidó. Y no lo decimos ahora porque nos la demos de adivinos de esos que el lunes aciertan los resultados de la lotería del día anterior, sino en razón de que tal como lo hemos expuesto en pasados artículos hay países en Europa, los cuales no obstante haber reconocido a Guaidó como presidente interino, entre ellos España y Reino Unido, siguieron manteniendo relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro mediante el intercambio de misiones diplomáticas, vale decir, embajadas y consulados, además de correspondencia y reuniones entre representantes de los gobiernos involucrados. En todos esos casos y para que no quepa la posibilidad de pensar en equívoco alguno, las credenciales diplomáticas no son recibidas y acreditadas por el gobierno de Guaidó, sino por el de Maduro quien actúa y ejerce como jefe de Estado. Eventos todos, equivalentes, tanto en el campo del derecho internacional, como del diplomático, a un reconocimiento de hecho del gobierno en cuestión; en el caso venezolano, del de Maduro. Algo similar a lo que ocurriría en medio de un proceso de divorcio peleado, en el cual el cónyuge demandante empieza a tener conversaciones telefónicas y encuentros sentimentales con su pareja en disputa. En ambos casos, no cabe duda de que cualquier juez diría que el matrimonio no solo persiste, sino que nunca estuvo roto.
En el caso de la sentencia del juzgado de alzada londinense, ha sido fundamental, además, en la toma de dicha decisión judicial, el muy fuerte argumento, por parte de los abogados de Maduro, de que el gobierno británico, a pesar de la declaración política emitida en su oportunidad reconociendo a Juan Guaidó como presidente, en todas sus comunicaciones con el gobierno de Nicolás Maduro se dirige a este último con el título de presidente, dándosele en la práctica o de facto, un reconocimiento como tal, de presidente y jefe de Estado, que es el que debe tomarse en consideración y prevalecer en el asunto de decidir a cual de esos dos gobiernos le corresponde la administración del oro.
El veredicto, sin embargo, después de todo lo dicho, no establece como pudiera pensarse que el de Maduro es el gobierno reconocido por el Reino Unido y, por ende, al que le tocaría tomar las decisiones sobre los lingotes de oro custodiados por la Corona. Ni el de Maduro, ni el de Guaidó, por lo pronto. Se debe en todo caso, abrir una investigación con el propósito de determinar a cuál de los dos gobiernos, en verdad, reconoce el Reino Unido, pues no existe una inequívoca manifestación de voluntad a favor de Guaidó como lo establecía el primer fallo. En resumen, o dicho de otro modo, que la justicia inglesa va a consultar con el gobierno el asunto de a quién debe reconocerse como presidente para todos los efectos, pues no hay otro modo de hacerlo so pena de que se caiga en contradicciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo británicos. Una posición muy “inglesa” que aleja el oro, por ahora, tanto de Maduro, como de Guaidó.
No quisiéramos pensar en lo que ocurriría si la averiguación que pretenden efectuar los jueces británicos se hiciera con el propósito de esclarecer quien es, desde un punto de vista constitucional, no político, el presidente de Venezuela, pues me temo que en dicho caso esos lingotes de oro, con valor de unos mil millones de dólares, y que según alegan ambas partes son del pueblo venezolano, iban a tener que esperar, aún, mucho más tiempo. En realidad, todo el que falta, no sabemos cuánto, para que se puedan dar unas elecciones democráticas en Venezuela.
