Así lo define el Código Civil ecuatoriano, que regula su actuación en los juicios, en los que se les pide actuar.
los Juzgados y las Cortes, tienen su propios peritos, que, de oficio, o a pedido de las partes actúan, para informar sobre determinado aspecto del proceso. Informe que orientan al juez, a solventar su criterio en el fallo. Sin embargo, su dictamen no es de obligatorio acatamiento, y el juez bien puede prescindir de su criterio y utilizar su propio criterio judicial, al momento de dictar sentencia.
Los Organismos autónomos de Control, también tienen sus propios peritos, (registrados), que tienen que intervenir en determinados conflictos, de ser necesario su criterio. Pueden ser impugnados por las partes y las partes también tienen derecho a presentar sus propios peritos.
Los peritos son generalmente expertos en determinada materia académica, en especial en materias de ingeniería, tributaria y económica. Perciben honorarios elevados, fijados por una Tabla, preestablecida por la Ley, por su actuación en determinadas causas.
Sus conocimientos son importantes, en el proceso, por su especialidad, sobre todo en materia penal, para conocer perfectamente, la intencionalidad del delincuente al momento de delinquir. Para establecer la certeza de su actuación en el crimen, sobre todo, aquellos que dicen relación a la mujer , a los hijos u otros familiares cercanos. El peritaje psiquiátrico al delincuente (Informe del Psicólogo), es obligatorio, antes de dictar sentencia.
Resulta interesante, jurídicamente, en el enjuiciamiento a los señores Vargas y otros dirigentes Indígenas y civiles, el peritaje sociológico, solicitado por el Juez, para conocer el grado de influencia, de la ciudadanía en las acciones de tales dirigentes y de la que tuvieron los “marchantes”, en el intento de “Golpe de Estado”, contra el presidente Moreno. También por el hecho de obstruir el flujo del petróleo del oleoducto transecuatoriano y la quema de los edificios de la Contraloría General de la Nación y de Teleamazonas.
En el primer caso, el porcentaje de la participación de lo dirigentes, indígenas o civiles, durante su “marcha pacífica”, sea probablemente del 90%, en sus intenciones que derrocar al gobierno constitucional, de ese 7% de la población, que constituyen como etnias o nacionalidades ecuatorianos. Quizás un 10%, sea responsabilidad de la ciudadanía ahí apostada en las calles.
En el segundo, la obstrucción, del flujo del petróleo ecuatoriano, ahí no hubo influencia de participación ciudadana, en mi criterio. Hubo, exclusivamente, la decisión personal del señor Jaime Vargas y de sus secuaces. Hechos ocurridos, después de la “marcha indígena” y a su retorno a su ciudad natal, en el Oriente ecuatoriano. No cabe peritaje alguno.
Los hechos y destrozos ocasionados en esos días de Octubre del año pasado, la C.G.E, los estimó en $800 millones de dolares, que por supuesto, la dirigencia indigena no se ha dado por enterada y han acudido a candidatizarse a la Asamble Nacional, y a la Presidencia de la República.
Así están las cosas en nuestro país.
El pueblo los castigara en las urnas, negándoles el voto.
