Filanbanco y la libertad de prensa

Desde un pueblito en las montañas del Líbano, Sequiet Eljait, Mema Qeshaya llega a Ecuador a inicios del siglo XX. En 1923, Mema Qeshaya se instala como comerciante en Catarama, provincia de Los Ríos, antes de instalarse en Guayaquil. Incursionó en el comercio como vendedor recorriendo las principales ciudades de la sierra y de la costa, hasta que puso su propia fábrica de textiles.

Mema Qeshaya cambió su apellido a Isaías por facilidad al comercio, aducía que nadie podía pronunciar su nombre por no ser castizo. Con el tiempo, la familia Isaías Barquet, cuyos orígenes en los negocios, provienen del comercio y de la industria, decide incursionar en las finanzas adquiriendo la caja de ahorros: La Filantrópica en 1958.

En 1978, con un nuevo aumento de capital la caja de ahorros se convierte en Filanbanco. Con los años Filanbanco estuvo entre los tres primeros bancos del país, alternando el primer lugar con el Banco de Pichincha y Banco del Pacifico. Con su presencia en el sistema financiero nacional, Filanbanco llegó a manejar el 60% del comercio exterior y el 20% de la intermediación financiera del país. Por la crisis económica,

Filanbanco requirió de préstamos de emergencia provenientes del Banco Central del Ecuador, tal como le asistía dentro de lo estipulado dentro la ley de régimen monetario vigente a esa fecha. Estudios demuestran que el préstamo de emergencia concedido por el BCE llegó a totalizar la suma de $425 millones; monto por el cuál Filanbanco pagaba la cantidad de un millón de dólares diariamente por interés. Filanbanco termina en manos de la AGD a partir de diciembre de 1998. A pesar de su recuperación en corto plazo, dado que reportaba utilidad por más de $100 millones al 30 de junio de 1999, las autoridades bancarias proceden a utilizar al Filanbanco, en una especie de banco central, concediendo préstamos de emergencia a otros bancos y a recibir Certificados de Depósitos reprogramados (CDRs) de otros bancos en montos superiores a los estipulados por las autoridades bancarias. El cupo de Filanbanco para recibir CDRs era de $64,4 millones como tope, pero termino recibiendo la cantidad aproximada de $183,9 millones.

Lo ocurrido lleva a Filanbanco a recoger grandes pérdidas en el segundo trimestre de 1999, cerrando el Estado de Pérdidas y Ganancias con $6,7 millones de utilidad al 31 de diciembre de 1999; es decir, todo lo ganado en la gestión35 del primer trimestre del año 1999 se fue al traste por malas decisiones de las autoridades bancarias y de control. Las malas decisiones coincidieron en la no renovación de los asesores internacionales, ING Barings, descartándose las intenciones iniciales de reprivatización del banco. Quedó clara la intención de las autoridades de utilizar al Filanbanco como prestamista de otros bancos del sistema. Filanbanco en créditos subordinados prestó la cantidad de $58’923.768 al Banco del Pacífico, $49’641.000 al Popular, $37’132.000 a la Previsora hasta que las autoridades bancarias fusionan a los dos bancos en Julio del 2000 y finalmente $2’544.408 para Cofiec.

Filanbanco cierra definitivamente sus puertas en julio del 2001. A inicios del 2001, los estudios sobre la situación de Filanbanco indicaban la necesidad de un aumento de capital de 500 millones de dólares, siendo el aumento de capital vía bonos del Estado un hecho ineficiente debido a que pocos bonos de los $300 millones, fueron comprados por instituciones públicas a descuentos de mercado elevados, por ser bonos a 15 años plazo. Digamos que, los “famosos” Bonos Filanbanco no proporcionaron liquidez para cubrir los retiros de clientes, aparte de ser un acto ilegal la forma que se calificaba al banco por no estar contemplado en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, pues el artículo 42 de dicha ley, expresa que los aumentos de capital de las instituciones financieras solamente podrán provenir de dinero en efectivo, compensación de crédito, capitalización de acreencias por vencer y valoradas, excedencia de reservas legales, utilidades no distribuidas, reservas especiales y aportes a futuras capitalizaciones; por ende, ¿de dónde proviene la idea de la capitalización de Filanbanco con bonos del Estado? La respuesta es clara: por insistencia del Ministerio de Finanzas y no por los órganos de control financiero. 

En el cuadro FILANBANCO EN MANOS DEL ESTADO se registra una cronología de los hechos contables. Sin necesidad de ser crítico de las decisiones del Estado con respecto a las acciones tomadas durante la administración de Filanbanco, hacemos una sumatoria de los estados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre y desde la entrega hasta la fecha del cierre del banco, resultaría que, de las pérdidas contables acumuladas de Filanbanco, cuantifica la suma de $242,1 millones de dólares de los cuales $195,8 millones corresponde a las pérdidas acumuladas desde el 2000 hasta el 17 de julio de 2001, fecha de cierre del banco.

Es importante notar que, para Filanbanco, los préstamos subordinados que estaba obligado a entregar con la finalidad de salvar a los bancos Pacífico, Previsora, Popular y Cofiec a través de préstamos subordinados eran dineros irrecuperables por la caída sistemática de los bancos beneficiarios de los mismos. Esta decisión desacertada de las autoridades a cargo del Filanbanco hace que las pérdidas contables se incrementen en el año 2000 en aproximadamente $100 millones. Adicionalmente, incrementa las pérdidas el hecho de tener que recibir CDRs por $183,9 millones, activos improductivos vencidos que no generaban intereses, en reemplazo de los créditos vigentes que pagaban intereses por cada renovación; en otras palabras, los CDRs se los usaban para cruzar cuentas y hacer ajustes contables con otros bancos del sistema matándose la operación crediticia que generaba intereses a favor de Filanbanco.

Después de una década de politización de la crisis económica del 99, el gobierno del presidente Correa, incauta los bienes (alrededor de 495 empresas) de la familia Isaías, principales accionistas de Filanbanco. A pesar de ser un atentado contra la propiedad privada, la prensa sólo recogió el episodio y no se dijo nada más sobre la violación de los derechos a la defensa de la familia Isaías, ni sobre los juicios que se ventilaban en las cortes nacionales. Lamentable la actitud de políticos que manchaban el apellido Isaías con fines electorales y actitudes del poder judicial influenciados por la política, para sentenciar a los hermanos William y Roberto en cortes nacionales.

Los hermanos Isaías fueron sentenciados a ocho años de cárcel en el Ecuador. Empero, internacionalmente los hermanos Isaías obtenían sentencias favorables de no haber cometido delito bancario alguno en cortes de Miami, condenando las incautaciones de sus bienes. Es así como, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó que la condena de jueces de ocho años de reclusión es un acto de persecución política. En torno al Caso Isaías, por más apelación que presente el procurador de la nación, con todos sus argumentos de querer condenar a los hermanos Isaías, considero difícil que a futuro la justicia internacional cambie los fallos actuales.

Todo lo actuado ha costado dinero para el país y para los defendidos, dinero que al final del camino pudiera ser revertido a favor de la familia Isaías, no sólo por los $600 millones del avalúo de los bienes incautados, sino también por todos los gastos legales y daño moral incurridos sobre un apellido que había logrado honorabilidad en el país. Para incautar los canales Telecentro, Gamavisión y Cable Visión: ¿acaso no hubo atentado a la libertad de expresión? Al poco tiempo de la incautación de canales usaron todas las artimañas posibles para dejarnos a Guillermo Arosemena A. y a mí sin nuestro acostumbrado programa económico de los miércoles a las 19h30 en Cable Visión. Agradezco a Bonil por haber hecho referencia al tema en una caricatura donde hace una sátira de Enrique Arosemena Robles, funcionario del gobierno, sobre la reprimenda hacia Mariaca y a mí por desviarnos del tema en nuestros respectivos programas sobre cocina y economía, respectivamente.

El argumento de Arosemena Robles era que Mariaca no debería hablar sobre la carestía de la vida y yo tampoco me debería referir al hecho ilegal de la incautación, cosa que lo comente con el Doctor Jaime Damerval Martínez en el siguiente miércoles después de la incautación de los canales. El periodista Carlos Vera Rodríguez mencionó el hecho cuando lo agasajamos en previsión a lo que se venía: el retiro indefinido de Vera de la cadena Ecuavisa. Carlos Vera jamás dijo los motivos de su salida de la televisión nacional, pero por su estilo frontal y crítico es de suponer que su presencia en Contacto Directo, programa mañanero de Ecuavisa, incomodaba a los propietarios del canal por los reiterados ataques del gobierno a los medios de comunicación. Entendible la preocupación de Teleamazonas por su posible incautación que terminó en venta obligada de las acciones por parte de sus propietarios a terceros que no tengan vinculación con el Banco de Pichincha.

Entendible el llamado de El Universo, principal diario del país, por un despertar de la ciudadanía a favor de la libertad de prensa; sin embargo, olvidan que esa tarea es de todos los días, por ejemplo, fui editorialista económico de ese prestigioso diario desde 1989 a 1991 y que me dejaron de publicar los artículos a raíz de una denuncia financiera en: ¿Pillería o Negligencia? que afectaba a autoridades económicas de la época. En mi denuncia criticaba la acción del Banco Central al depositar parte de nuestras escasas reservas monetarias internacionales en una cuenta corriente en sucursal de un banco en paraíso fiscal cuyos accionistas son los mismos de un banco de Ecuador.

Con dinero de nuestras reservas internacionales se generaron intereses suficientes como para que la sucursal extranjera preste dinero a sus propios accionistas para que compren acciones del banco en Ecuador. Es decir, los grupos de poder de la Costa si hacen favores a los grupos de poder de la Sierra. Ciertos medios de comunicación pueden llegar a ser cómplices del poder por conveniencia económica en nuestro Ecuador. Por lo tanto, cuando se quiera unir al Ecuador para luchar a favor de la libertad de expresión, sugiero que también se convoque por otras libertades tales como la liberación económica de los pueblos y la autonomía solidaria de las regiones. Por el lado público, cuando la riqueza del Ecuador esté en manos de los ciudadanos, sin intermediarios gubernamentales, habremos derrotado al centralismo y habríamos ganado la batalla contra los grupos de poder que se pelean por manejar los fondos estatales.

Por el lado privado, para derrotar los monopolios privados no se necesitan leyes ni persecuciones estatales, simplemente facilitar la competencia a través de la apertura comercial al mundo. Soluciones fáciles para unir al Ecuador están a la vista, pero no porque tocan a algún poderoso de la sierra o costa tenemos que pagar el resto. Los grupos de poder están cosechando lo que sembraron: dividir para reinar. En un llamado a la unidad, sino es por el lado de la liberación económica, hagan de cuenta que no estamos disponibles y que ya nos llevaron a todos tal como lo expreso alguna vez el pastor luterano alemán Martin Niemöller (1892 – 1984) como arrepentimiento por haber apoyado el nazismo en sus inicios. Cabe preguntarse: ¿Cuántos simpatizantes de la prensa arrepentidos tiene el presidente Correa en la actualidad? No necesariamente al ciudadano nos tiene que gustar los medios de comunicación o creer todo lo que informan, la libertad de aceptar o no una noticia es del ciudadano al elegir lo que lee, ve o escucha; por lo tanto, el político o ciudadano no tendría que temer a la libertad de los medios de comunicación, sí al asumir su rol de gobernarnos lo hace con honestidad.

La gente percibe las infamias cuando una opinión daña la honra de un hombre decente. Molesta el hecho, pero la verdad prevalece al final. El funcionario público capaz sabe más que sus detractores sin experiencia en las labores del estado, porque vive los problemas a diario y puede explicar a cabalidad sus planes que posiblemente no fueron comprendidos en su primera gestión. Eso implica que no se debe cuestionar cada decisión política que funcionario público asuma, caso contrario se perseguiría el derecho del votante al haberlo elegido, con cada cuestionamiento de los medios de comunicación. A su vez, el dialogo jamás debe perderse. Dialogo no significa consenso en todas las ocasiones. Las decisiones ejecutivas son hechas por el elegido o ministro que lo representa con los lineamientos que ya el votante conocía al momento de sufragar.

Hechos los comentarios anteriores, considero que los medios de comunicación, por un tiempo prudencial, deben ser consecuentes con los electores y permitir que el mandatario elegido para gobernar implemente sus políticas económicas y sociales sin tener que cuestionarlas por cada paso que se ejecuta. Prensa con responsabilidad, información a la mano e investigación veraz es el rol critico que todos los ciudadanos quisiéramos ver en cada reportaje y noticia que se presenta. A pesar que los ciudadanos tenemos la libertad para aceptar o rechazar la noticia que se lee, escucha o ve; una investigación mal hecha, titular redactado con malos propósitos o noticia sin confirmación de las fuentes puede llevar al ciudadano a cometer exabruptos irreparables contra familias honorables; adicionalmente, lo ya mencionado un mal titular o titular de prensa es recogido inmediatamente por observadores internacionales para calificarnos de corruptos antes de la comprobación del delito. La denuncia sin sustento no favorece, en el momento de buscar inversionistas extranjeros.  (Sacado del libro ¿Qué pasa Ecuador? por Bruno Faidutti Navarrete)