¿Por qué nadie quiere enfrentar a la Contraloría?

Todo comenzó con Carlos Pólit al comando de la CGE¹ sin haberse graduado legítimamente de bachiller y con títulos universitarios obviamente carentes de validez. Desde entonces todo lo firmado por Pólit como contralor sustentaba cuando menos una falta de idoneidad en personería jurídica. ¿Cuánto de lo actuado, más allá de todo aquello al margen de la jurisprudencia, y de lo aún no caducado por ley sería ilegal y por consiguiente sujeto de reversión en las diferentes instancias judiciales? Solo con una auditoría forense se podría conocer una respuesta con ribetes de millardos de dólares imputables al periodo Pólit y significativamente acrecentados y atribuíbles posteriormente a la administración Celi.

Si la política Riofrío no es concluyente sobre el estado del máximo ente de control, poco se podría favorablemente argumentar sobre la juridicidad de sus actos mientras mantenga en sus cargos a los mismos funcionarios que sirvieron tanto a Pólit como a Celi en el cometimiento de sus trapacías pseudoinstitucionales. La Contraloría, sin embargo, es solo un acápite del gran desastre jurídico que putrefactamente se manifiesta a lo largo y ancho de todo el andamiaje estatal.

La gravedad de la situación demanda una ley de punto final que sirva jurídicamente como bisectriz institucional entre el país que hemos sido en estos últimos 14 años y lo que constitucionalmente pretendemos ser a largo plazo. Una nueva Constitución debe constituirse en el referente jurídico de este nuevo mandato jurisprudencial. ¡Tema para la Consulta!

^{1 Contraloría General del Estado}