Los testigos protegidos, meros informantes, contumaces maleantes o víctimas inocentes, usualmente poseen excepcionales conocimientos sobre algún caso al punto de motivar, en este sentido a la FGE1, su protección física e integridad personal a cambio de que su eventual testimonio ante los tribunales pueda rendirse en beneficio de la sociedad. Según un estudio publicado en 2010 por Rutgers University, empero, el 95% de quienes reciben estatus de testigos protegidos son criminales.
Luis Miño Morales, funcionario de carrera de la CGE2, ha ocupado altos cargos desde los delincuenciales periodos de Pólit y Celi hasta convertirse en una figura clave y gravitante en los quehaceres de la Contraloría. Bastaría contabilizar los puestos ejercidos hasta la fecha, pero la conclusión a priori es que debe haber aprendido mucho de sus jefes para constituirse en un elemento imprescindible en el nuevo andamiaje de Carlos Riofrío, actual rector del máximo ente de control estatal, quien al igual que sus antecesores lo mantiene en funciones de extrema competencia y responsabilidad.
No se explica cómo es que un testigo protegido que debería estar a buen recaudo y bajo estricto resguardo de la Fiscalía por haber admitido ser un delincuente institucional, continúe ejerciendo labores, independientemente de su importancia, como cualquier ciudadano sin vinculación alguna con actos criminales. Esta no es una noticia en desarrollo, es tristemente la realidad de un país con parálisis estructural y sin un plan emergente de reinstitucionalidad.
1 Fiscalía General del Estado
2 Contraloría General del Estado
La corrupción está tan enraizada q los delincuentes son los q «controlan» o mejor dicho monitorean los casos d corrupción para cobrar «vacunas»
La corrupción salpica por todos lados en la asamblea ,