Las racionales tesis político económicas se agotaron tras finalizar la campaña. El régimen luego consumió todo su capital político en una cortísima luna de miel sin emprender el camino hacia la institucionalidad del Estado. Los tiempos se jugaron, no hubo consulta popular y ya no hay paso atrás. El Gobierno parecería creer que su estabilidad política le conviene al país a cualquier precio y que ese argumento le otorga una patente de corso para indiferentemente enfrentar a la oposición, o pactar con ella, según una coyuntura argumentada desde su poder.
La manipulación de dicho poder es un recurso potestativo de quienes lo ejercen. No existe un manual de procedimientos políticos, pero ante la ausencia de institucionalidad, al parecer ese mismo poder no encuentra límites dentro del Gobierno para emprender una tesis de Estado en unos casos, avanzar una agenda legislativa (cualquiera que esta sea) en otros o finalmente hasta renunciar a necesarias reformas constitucionales. Esa es la dicotomía que enfrenta el régimen al aproximarse a su primer año de gestión en medio de la pérdida de su exigua base electoral con la que llegó a Carondelet.
Los 14 años de socialismo debieron ser suficientes para concluir que un país no puede ni debe estar institucionalmente a merced de la voluntad de personalismos políticos. Si acaso lo reconocimos y entendimos, definitivamente no lo aprendimos; el Ecuador es un rotundo fracaso institucional por revertirse solo a través de renuncias personales primero y con decisión política después.
La verdad, es la incapacidad de ejercer el poder en beneficio del pueblo, solo se benefician sectores que les conviene a ellos, mientras la mayoria se debate en la más grande miseria que ha caído el Ecuador. Estamos en un momento muy crítico… se nos vienen nubarrones y muy grises.