Nuestra sociedad en su tejido social está gangrenada, desintegrándose y cayéndose en pedazos: sin institucionalidad estatal, sin seguridad ciudadana, sin fuentes de trabajo y atrapada en una fétida corrupción y narcotráfico, que cual amalgama perversa se amañan con las acciones de quienes a dentelladas pretenden engullirse los últimos retazos patrios dejados por quien es hoy el principal prófugo de la justicia.
En estas circunstancias el pueblo observa:
Un poder ejecutivo maniatado en sus mandos medios por quienes durante catorce años de correato con leyes, reglamentos e instructivos mañosos prostituyeron la administración pública, al extremo que ahora cualquier “manglaralto” ostenta su propia versión de interprete supremo de la Constitución y las leyes para que un doble o triple sentenciado impúdicamente diga: soy perseguido político ¿Qué cinismo?.
Una legislatura divorciada de sus nobles fines: legislar y fiscalizar. Integrantes preocupados sólo del reparto de canogías, de formar mayorías transitorias con aviesos fines o procurar actos de desestabilización siguiendo el libreto de sus capataces, quienes los nominaron únicamente por sus histrionismos faranduleros para que exhiban sin pudor su incapacidad. Jamás dotes de probidad y sapiencia.
Una función judicial plagada de operadores venales, salvo raras excepciones, que no cumplen la más noble actividad: administrar justicia, sublime misión. Muchos de ellos groseramente interpretando disposiciones legales, en lugar de atender y respetar el tenor literal de la Constitución y las leyes. Dentro de esta función encontramos un engendro malévolo: Consejo de la Judicatura, que en época anterior era encargado de entregarle a los jueces las sentencias sabatinas para satisfacer el ego y los intereses de quien por diez años festinó los recursos y dignidad del estado ecuatoriano. Hoy, tal Consejo sigue un libreto que bien es el de torpe, como torpe es la actuación de quienes ostentan las más altas dignidades, siempre perdidos en las hojarascas de sus propias ineptitudes, salvo la titular de la Fiscalía, a quien el Ecuador debe rendirle reverente apoyo por su manifiesta aptitud de aplicar con entereza y frontalidad la justicia.
Unas fuerzas armadas y las de orden civil, cuyas reputaciones cada día acrecientan muchas dudas en detrimento propio. Las voces críticas gritan en los silencios de los cuarteles, donde parecería que se ha infiltrado la ambición de prontas riquezas en lugar de cumplir con su noble destino y misión.
Ante esta lacerante realidad, bien haría el presidente, como primer servidor y responsable político – administrativo, diseñar e instrumentar visionarias políticas de estado que transciendan en el tiempo sentando las bases de una nueva estructura estatal transformadora en principios y valores de nuestra sociedad. Para ello mandatorio sería que en primera instancia convoque a un reducido grupo de los más notables y sabios ecuatorianos con dotes de verdaderos estadistas para que diseñen en concepto, las líneas matrices de las muy requeridas y objetivas políticas de estado. Luego, para que éstas tengan un espíritu de unidad nacional convocar a representantes de los distintos poderes del estado y dignatarios de las demás instancias gubernamentales, para en una auténtica minga cívica, despojados de ideologías e intereses perniciosos dictar y llevar a la práctica, con el carácter obligatorio, las nacientes políticas de estado, a fin de dotarle al nuestro de las mejores instituciones, pero sobretodo que ellas sean el molde cívico que forjen al nuevo ecuatoriano lleno de sabiduría y orden, de honor , capacidad y grandeza.
