Por una parte el Estado se ve en la necesidad de recaudar puntualmente los tributos, para cumplir con sus objetivos, y, por otro, los ciudadanos se sienten molestos por lo complicado del sistema impositivo y la presión que ejerce el Servicio de Rentas Internas, quien por ley tiene que exigir el RUC actualizado, las declaraciones mensuales, las retenciones y que se cumpla con el Reglamento de Facturación. Adicionalmente, los contribuyentes deben dejar sus actividades productivas para responder los requerimientos de la UAFE, etc.
Todo esto es solucionable si ante esta situación planteamos una propuesta creativa para que los impuestos se paguen puntualmente, y los empresarios puedan trabajar en paz, sin distraer gran parte de su tiempo en cumplir los complejos requerimientos de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus frecuentes reformas.
Si se eliminan todos los impuestos que por su naturaleza deben ser fiscalizados y se los sustituye por gravámenes directos que no necesiten de control de parte del SRI, todos quedamos contentos. No estamos proponiendo ni aumentar ni disminuir la carga tributaria; ésa es otra discusión. Nuestro planteamiento se concreta en sustituir los impuestos que deben ser fiscalizados por otros que no lo requieran, para recaudar eficientemente lo que la ley ordena, sin tener que investigar la contabilidad del contribuyente, tampoco reprimirlo o amenazarlo.
Disponemos de rubros como la energía eléctrica, el consumo de agua, la matriculación de los vehículos, la telefonía, los predios urbanos, la circulación de capitales, los rendimientos financieros, y un largo etcétera…, en los que se pagan impuestos y no se necesita verificar si el ciudadano cumplió o no. Dicho de otro modo, se establecen como legales solamente los impuestos que, para su control, no requieren de fiscalización, ni acudir a la contabilidad del contribuyente
Los beneficios son incalculables, ya que evitamos la evasión fiscal, la mora en el pago de impuestos y, adicionalmente, se conseguirá una mayor recaudación.
Otras ventajas son la simplificación en los trámites, la reducción del tamaño del Estado y la justicia distributiva (el que más consume, más paga).
Adicionalmente, existen ahorros que lograría el contribuyente al no estar sujeto al rígido sistema de facturación con sus cambiantes condicionamientos; podría llevar la contabilidad con el sistema que mejor se adapte a su negocio, tampoco sería amenazado o extorsionado por funcionarios inmorales. Economizaría dinero en formularios, personal contable y en costosas reclamaciones tributarias.
Sabemos que se opondrán a este sistema los que medran al fiscalizar y controlar, los que usan el control tributario para tener poder político y los que nos quieren engañar con la muletilla de la cultura tributaria, cuando en realidad es el culto al tributo. Con «sólo impuestos directos» se recauda más y mejor, no hay evasión tributaria ni es necesario amenazar al contribuyente. En resumen, mayor recaudación sin represión.
Para muchos resultará difícil asimilar esta propuesta, pues rompe los esquemas tradicionales; sin embargo, los invito a meditar un momento en la viabilidad de este planteamiento que sólo reportará beneficios al Estado y a los ciudadanos.
