Los absurdos precios de sustentación se establecieron con el teórico fin de proteger a los productores, mayoría en materia de electores y determinantes en la subsecuente generación de empleo, frente al músculo económico de los comercializadores y exportadores. Mientras los productores manifiestan su insatisfacción por los precios decretados, los exportadores no cumplen con la ley y los gobiernos expresamente la inobservan. En resumen, la ley que regula los denominados precios de sustentación (control de precios) presume de un proteccionismo que resulta una falacia por su carencia de adecuada motivación, la drástica reducción de competitividad en el eje producción-consumo y su total inaplicabilidad en la práctica.
Los estímulos económicos, financieros y tributarios son indispensables, pero continuar presionando al Gobierno por una determinada política de precios es un despropósito cuando lo que se debería procurar son créditos para desarrollar otras industrias que compitan con las ya establecidas por el producto en cuestión, rindiendo no solamente una mejoría en los precios por la competitividad en la producción del insumo y su posterior nivel de oferta, como también por la creación de una creciente demanda con valor agregado a través de nuevos productos manufacturados para el mercado.
Mientras los productores carezcan de una válida representación política y el Gobierno desvaríe con sus políticas agrícolas, los exportadores continuarán flexionando un poder sin contrapesos en su gestión comercializadora global.
