Octubre 2019 y junio 2022, fechas que el pueblo debe gravarlas por siempre: triste recordación. El sector indígena aplicando tácticas y técnicas terroristas diezmaron las provincias centrales del país, al igual que a la institucionalidad estatal y sectores productivos privados y públicos del estado ecuatoriano, sobre todo los estratégicos: producción petrolera, electricidad y agua potable, se perdieron millones de dólares. Fueron acciones atentatorias a la civilidad, iniciadas y mantenidas gracias a la debilidad manifiesta e injustificable de los gobernantes de esas fechas; no fueron capaces de representar y defender con visión, valor y decisión al estado y sus mayorías, como deber fundamental de todo jefe de estado. Sucumbieron ante una minoría miserable, que no representa ni siente en el fondo la nacionalidad ecuatoriana, minoría que divaga conceptualmente en una mal concebida plurinacionalidad. Cuando reclaman e incendian aducen ser ecuatorianos pobres, marginados; pero cuando deben responder ante la justicia son indios que solo deben ser juzgado por su propia justicia: la indígena.
Esta manifiesta debilidad y culpa no solo es de los gobernantes. Seamos realistas y objetivos. Contribuyen a la ofensa cívica de los valores nacionales: la legislatura, la judicial y las fuerzas cuyas nobles misiones son defender la soberanía nacional y la seguridad ciudadana.
La legislatura, traicionera de la voluntad popular, amnistió a quienes incendiaron el país y mancillaron de manera miserable a sus instituciones y al pueblo en general, otorgando patente de corso a los incendiarios de poncho y trenza.
El poder judicial sin la entereza de sus miembros para juzgar a quienes delinquieron, con timoratos argumentos dizque legales, declararon sin rubor alguno el archivo de los procesos de quienes luego, acogidos por la prensa nacional, también culpable, argumentaron ser víctimas y marginados del sistema.
No debemos olvidar las responsabilidades de las fuerzas responsables de la soberanía nacional y de la seguridad ciudadana. Ellas deberían ejecutar acciones de inteligencia con visión y entereza para sofocar cualquier brote de violencia desde que se engendra en las entrañas de los miserables terroristas: autores, ejecutores y cómplices. Jamás estar aliados con la pasividad y permisibilidad.
Nosotros: el pueblo, tenemos “vela en ese entierro”. Debemos en unidad de pensamiento planificar estratégicas acciones para a nivel nacional enfrentar cualquier acto terrorista que los disfrazados con diademas de plumas y grafitis en sus rostros pretendan en el futuro ofender la inteligencia, dignidad y seguridad del pueblo ecuatoriano. Líderes políticos, prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales, dirigentes de cámaras y gremios, pueblo en general, a meditar y prepararse pues en el ambiente hay un tufo pestilente de amenaza salido de las mesas de diálogos, que en el fondo fueron de imposiciones de la nefasta y terrorista minoría.
Totalmente de acuerdo, su visión de los echos son exactas. Felicitaciones!!
Muy acertado su criterio ,pero culpable es el estado que permita que unos cuantos le den órdenes y se deje de lado al resto del pueblo ecuatoriano. El dichoso grupo indígena está manejando solo temas a su favor » todos quisiéramos que nos condonen las deudas ,pero nadie sale a reclamar , porque son deudas que bajo propia responsabilidad se adquirió» cuando lo ideal es que pidan para todos los deudores meses de gracia para no perjudicar al estado, porque quien cree que
va pagar esos crédito, lo que ese grupo pide solo es para su propio beneficio más no para el pueblo ; no escucho que hablen del tema de seguridad y salud como prioridad . No escucho a ninguno hablando de que más se perdió el país con su dichoso paro que lo que hasta el momento han logrado hasta el momento y así sin número de temas que no se trata