No hay duda que en Ecuador la historia es la repetición de los hechos, por no aprender de ella. A fines del siglo XIX hubo numerosas denuncias de corrupción relacionadas con la obra pública, involucrando a muchas personas de vinculación por familia y amistad entre gobernantes y empresarios. Nicolás Clemente Ponce, prestigioso abogado quiteño, atacó a Antonio Flores Jijón y José María Plácido Caamaño. Ponce enseñaba derecho constitucional en la universidad, había hecho algunos escritos y era talentoso expositor. Presentó su denuncia en una publicación que tituló La Argolla; en ella dio nombres de un buen número de personas enlazadas unas con otras en negocios del Estado. De por medio estaban contratos de la construcción del ferrocarril, se involucraba a inversionistas extranjeros; fue una especie de alianza oligárquica consolidada en el poder. Según los opositores, La Argolla había gobernado Ecuador de 1884 a 1895.
Hoy, más de un siglo después, nació una nueva Argolla bajo la administración de la RC; terminado el largo período de una década, no desapareció, continúa y ha estimulado la creación de otras. Ponce tuvo a su favor la libertad de prensa, no fue juzgado ni encarcelado por sus denuncias, como sí sucedió entre 2006 y 2016, varios periodistas y periódicos fueron enjuiciados y condenados. En las nuevas Argollas, las del siglo XXI, no se encuentra el perfil del poder oligárquico del siglo XIX; es otro, uno que se ha enriquecido a la velocidad de la luz, sin esfuerzo alguno y no tiene nada que perder, ni siquiera la vergüenza. Los miembros de las nuevas argollas hacen alarde de lo robado al tener mansiones en las urbanizaciones vía Samborondón. Una de las universidades de Guayaquil debería hacer un estudio para conocer quiénes son los que viven en ellas, ingresar al SRI para saber cuánto han pagado en impuesto a la renta. No me sorprendería que más del 50% de las propiedades pertenecen a las mencionadas argollas y a los vinculados al narcotráfico. El gobierno del presidente Guillermo Lasso debe cumplir con su ofrecimiento de acabar con la corrupción. No puede ser posible que la ética, decencia y honestidad vayan desapareciendo de la sociedad ecuatoriana, al extremo de pasar por alto conductas tan reprochables.