En Ecuador y América latina desde la llegada de la industrialización se aplica un modelo productivo económico lineal, que en pocas palabras consiste en “producir, usar y botar”, sin embargo; en los últimos años se vienen presentando iniciativas estatales y privadas que intenta remodelar el sistema a partir de una paulatina conversión hacia una economía circular. “La economía circular, es un modelo sostenible que ayuda a evitar la sobreexplotación de recursos naturales prestando un mayor aprovechamiento de la materia prima ayudando así a la generación de menos residuos y utilización de menos recursos naturales”.
El sector industrial del plástico es de las áreas de mayor relevancia económica para el Ecuador, por generar empleo y por solucionar múltiples problemas de la vida cotidiana, sin embargo; es un sector económico que genera una altísima contaminación, provocando serios problemas medio ambientales y a la naturaleza; impactos que se verifican, no solo en su fabricación por generar gases efecto invernadero, sino también por los residuos que contaminan ríos, lagos, mares, y múltiples ecosistemas.
Para mitigar los efectos negativos de la producción de plásticos, los Estados han desarrollado planes y normativas que permitan controlar la contaminación, mitigar su impacto y restaurar, sin la necesidad de dejar de producirlos; puesto que, hasta la presente fecha, no existen otros materiales que reemplacen en su totalidad al plástico. Sin embargo, la ciencia nos indica que la única solución es en el cambio hacia una economía circular, al menos así lo podemos concluir a partir del Informe 2023 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Los resultados de transformar una economía lineal en una circular tienen según los estudios más recientes múltiples beneficios. Por ejemplo, la CEPAL revela que en un escenario donde se reduce el uso de plástico en 8% y el uso de cementos, materiales metálicos y de energía en un 5%, para 2030 se obtendrán beneficios económicamente relevante, como incrementos en el PIB entre 0,9% y 2,2%, así como aumentos en e empleo entre 1,2% y 2,1%.
Tal vez, una de las iniciativas teóricamente más relevantes es el Libro Blanco de Economía Circular, el mismo que contempla cuatro pilares: producción sostenible, consumo sostenible, gestión integral de residuos y políticas y financiamiento. En este documento muy bien estructurado se recopilan conceptos que plantean la integración de un modelo de desarrollo regenerativo y restaurativo en el país.
En el plano normativo, se debe sumar que a finales de 2019 la Asamblea Nacional del Ecuador resolvió unificar dos proyectos de ley que versaban sobre la economía circular, para finalmente denominarla Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, aprobada en julio de 2021, siendo esta la primera ley de este tipo en Latinoamérica, teniendo además un impacto directo en la economía de más de 20 mil familias de recicladores.
Sobre esta ley, hace pocos días, el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Nº 844, donde finalmente aprobó su respectivo Reglamento, con el cual se reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, y entre otras cosas, se garantiza jurídicamente el trabajo de los recicladores y se obliga a todos los públicos y privados a redireccionar sus estrategias de producción para cumplir con esta norma.
La normativa existente no lo es todo. El país debe enrumbarse a un cambio cultural no solo en la gestión integral de residuos, sino en políticas de cumplimiento de la economía circular y el desarrollo sostenible, donde participen gobernantes, industriales, comerciantes y consumidores; puesto que se estima que “La producción de plástico ha crecido a través del tiempo, en los últimos 65 años supero a cualquier otro material fabricado”
En este Reglamento emitido hace pocos días por el Gobierno Nacional del Ecuador, se define a la economía circular como el “modelo que plantea la regeneración y restauración de ecosistemas a través de un cambio estratégico de producción y consumo que tienda a evitar la generación de residuos desde el diseño”, lo que en palabras sencillas equivale a producir con conciencia social y consumir de forma más responsable con el planeta.
En esa misma línea, Ecuador cuenta desde el 2020 con la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, la misma que nos llama la atención su artículo 9, el cual se prohíbe el uso de bolsas y envases de plástico en las áreas protegidas del país. Algo, que no se cumple, a pesar de que las multas fijadas oscilan entre un salario básico a doscientos salarios básicos.
Volviendo al “Habemus reglamentum” nos emociona a los ambientalistas y estoy seguro que a todos, la integración en este cuerpo legal de la visión de la planificación económica del Estado bajo las famosas 9R (repensar o rechazar, rediseñar, reducir, reusar, reparar, refabricar, re-proponer, reciclar y recuperar); correspondiéndole al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ser el encargado de vigilar la gestión integral de residuos y desechos a nivel nacional (incluidos los plásticos).
Finalmente es de resaltar que esta ley reconoce y valoriza a los recicladores de base como actores importantes de la circularidad, priorizando sus actividades como generadores de desarrollo y empleo, en función de dignidad, equidad e inclusión, así como a partir de ahora los plásticos y los demás residuos deberán cumplir con el principio de “separación en la fuente”.
Lo que falta en nuestro País es capacitación a todo nivel sobre el manejo de productos al momento de desecharlo, Existen leyes que nadie quiere cumplir porque no existe seguimiento y control verdadero. Los Centros educativos deben ser la cuna de capacitación porque el génesis que son los hogares no funciona esta cultura.