El sistema judicial ecuatoriano, en el papel existe para administrar justicia y resolver conflictos de manera imparcial y no en forma selectiva.
Debe interpretar y aplicar las leyes para garantizar equidad y proteger los derechos de los ciudadanos. En el papel la justicia ayuda a mantener el orden social, estableciendo sanciones para conductas contrarias a la ley.
Lastimosamente en Ecuador es utilizada para favorecer a las elites de poder político y económico y del narco tráfico dejando en indefensión a los usuarios del servicio
Con una meridiana verdad se puede afirmar que agoniza la justicia ecuatoriana y los datos publicados por el Observatorio Judicial correspondientes a 2019 muestran el peso del sistema de justicia en la sociedad ecuatoriana.
Advirtiendo que estos datos deben ser actualizados porque del 2019 al 2024 se han incrementado los delitos y no los presupuestos
¿CUANTO NOS CUESTA TENER UNA JUSTICIA COMO LA ECUATORIANA?
Voy a citar los datos publicados del 2019 que muestran el peso del sistema de justicia en la sociedad ecuatoriana. No hay más estudios serios o actualizados sobre el tema que los del 2019
¿CUANTO NOS CUESTA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA?
Ese aparato llamado Consejo de la Judicatura es el encargado, según la Constitución de marras, de administrar la actividad práctica del sistema judicial.
En el 2019, de un presupuesto de 373 millones, había un gasto en remuneraciones de 250 millones de dólares, solo en el Consejo de la Judicatura, lo que equivale al 67% de sus egresos, sin embargo, cuando se liquidaron las cuentas, los egresos en personal del Consejo de la Judicatura llegan a 328 millones de dólares, con lo que prácticamente, el 90% del presupuesto del Consejo de la Judicatura, se va en sueldos, a pesar de la reducción de gastos en personal en casi 20% ocurrida en el mismo 2019
En otras palabras, el Consejo de la Judicatura, dispone de 328 millones de dólares para que los ecuatorianos podamos acceder a 1802 jueces a nivel nacional. Si a eso le sumamos los 140 millones de la Fiscalía y los 35 millones de la Defensoría Pública, podemos concluir que cada judicatura (jueces, asistentes, mobiliarios, etc.) cuesta un total de USSD 279.134 por año
Lo cierto es que, entre el Consejo de la Judicatura, la fiscalía general del Estado y la Defensoría Pública nos cuestan 541 millones de dólares al año, en los últimos diez años, 5.410 millones de dólares.
En términos de gasto, es el segundo poder del gobierno, solo por detrás del Ejecutivo.
Ahora bien, si bien la cantidad es astronómica, el sistema ni funciona a pesar de su gigantismo. El sistema judicial recibe un promedio de 500.000 casos al año en todas las materias. Es decir, cada año ingresan 500.000 juicios nuevos, de los que hay un represamiento promedio de entre 10% y 20% al año. Y cada juez civil, por ejemplo, resuelve entre 40 y 50 casos al mes, pero le ingresan un 30% más por año. En contencioso administrativo se resuelven un promedio de 10 causas mensuales que sube a 30 o 40 en materia penal. En materia civil, según datos de la página web del Consejo de la Judicatura, un juez civil resuelve entre 57 y 5 causas mensuales.
Esa es una cifra estremecedora. Resuelve significa que dicta sentencia o algún tipo de auto que le separe del conocimiento de esa causa. 57 casos mensuales, casi tres casos diarios.
Esa sobrecarga de trabajo se ve en la calidad de las sentencias que hacen humo
Sin tratar de generalizar desde la época de Jalk como Presidente del Consejo de la Judicatura se ha intentado reorganizar la función judicial sin conseguirlo ni en el gobierno de Moreno, Lasso y ahora con Noboa que tiene un escaso conocimiento del sistema de justicia y asesores de medio pelo ocupados en apagar incendios heredados con una Caja Fiscal Chira
Pero no todos es mediocridad y sentencias direccionadas
En mi ejercicio de la abogacía he observado que cada juez hace su mejor esfuerzo, pero es poco probable o imposible que entre las 4 audiencias diarias que tiene un juez encuentre espacio para reflexionar sobre los méritos de la causa, la doctrina o la jurisprudencia o sobre las implicaciones de justicia o equidad que hay en un proceso en particular que solo provoca injusticia o al menos esa es la percepción de la ciudadanía en los casos más sonados de delitos de extorción, peculado, soborno, delincuencia organizada. Sicariatos, asesinatos, homicidios y los delitos de violencia familiar y domestica son otro karma
¿QUE DEBE HACER EL ESTADO CON LA JUSTICIA ECUATORIANA?
Es un deber del Estado poner a disposición de los ciudadanos un sistema judicial creíble y el actual está sobrecargado, sobre dimensionado y no funciona, su estructura enorme solo provoca injusticia o al menos esa es la percepción de la ciudadanía y la mía en el ejercicio profesional del Derecho.
Si el Estado no soluciona el problema judicial, la gobernabilidad es inviable. La violencia reprimida en la sociedad encuentra vías de escape y como el sistema judicial no funciona, la ira se expresa y los ciudadanos recurren a la protesta, con los resultados conocidos.
Si el monopolio sobre el uso de la Fuerza se rompe, el Estado se vuelve una futilidad y tiene que escudarse en los estados de excepción, en toques de queda o en declaraciones forzadas de conflictos internos armados que son las antesalas de golpes de estado que en Ecuador desde la Gran Colombia de 1830 hasta el 2005 hemos tenido 38 golpes o insurrecciones de civiles y militares con consecuencias funestas para el Ecuador
SOLUCIONES COMPLEJAS.
Solo voy a dar un criterio que ya fue conocido, pero no ejecutado con relación a Jueces y Fiscales
Primero las autonomías de la fiscalía y en materia de selección de jueces hemos adoptado sistemas parciales y diminutos, en los que se prioriza la supuesta competencia técnica y se ha dejado de lado las cualidades humanas y la meritocracia. Es decir, un juez o Fiscal que va a resolver nuestra vida, no puede ser un juez aferrado a las ideas sino a los hechos, a las pruebas y los méritos del proceso sin influencias de nadie
Lo cierto es que mientras la élite judicial discute el alcance de la interpretación de nuestros derechos en la Constitución hiperpresidencialista con reformas parches y consultas inconsultas , los ciudadanos somos como una veleta que navega al ritmo de los jueces y fiscales militantes.
Compare usted mismo estimado usuario del servicio: El juez y fiscal independiente, imparcial e íntegro versus el juez o fiscal militante, de allí que sus sentencias favorezcan a militancias distintas de la sociedad, dependiendo del péndulo, en una perpetua lucha de hegemonía contra hegemonía de jueces fiscales, y Cortes de alquiler
