En lo que caímos y de lo que nos salvamos

Este es el titulo que le he puesto a este artículo, que no hace sino expresar una opinión más sobre esto que algunos llaman ridículamente “fiesta democrática”, aunque generalmente es solo una burla a la voluntad de los ecuatorianos, por medio de un organismo dedicado al fraude. Pero nuestro pueblo suele alegrarse incluso cuando nuestra selección de futbol regresa de un juego con otra selección, con un 2 a 0 en contra, porque enhorabuena, no fueron 4, 5 o 6 los goles recibidos.

Ahora mismo, leo y escucho frases triunfalistas de uno y otro lado; unos, hablando de una presunta derrota a Noboa, y otros diciendo que más bien, el derrotado ha sido el correísmo, porque, dicho sea de paso, un altísimo porcentaje de conciudadanos limitan su vista a un lado o a otro, sin mirar al frente, y unos han votado SI, como respaldo a Noboa y rechazo a Correa, y otros han votado NO como rechazo a este nuevo personaje al que llaman “Nobita”. 

Dicho esto, hallo necesario hacer una lectura de lo sucedido el pasado domingo, no para celebrar ni para lamentar en apoyo a uno o a otro bando, sino porque, de los aciertos y de los errores se aprende por igual. 

Para empezar, hay que diferenciar entre dos eventos efectuados conjuntamente que, aunque son muy parecidos, constitucionalmente tienen objetivos distintos; el uno es el Referendum, contenido en las 5 primeras preguntas (desde la letra A hasta la E) y el otro es la Consulta Popular, contenida en las 6 preguntas restantes (desde la letra F hasta la K). Las preguntas del Referendum eran las que a unos ya otros realmente importaban, pues las otras podían ser tratadas por la Asamblea directamente y eran solo la paja sembrada en medio del cultivo. Por ello, en este articulo solo voy a referirme a las 5 preguntas del Referendum.

Ahora si, empecemos identificando EN LO QUE CAIMOS:

La pregunta “A”, quizás la más importante de todas, propuso el apoyo de los militares a la policía nacional de manera permanente, sin necesidad de un decreto de Estado de Excepción, como ha sido hasta ahora; la propuesta se apoyó en el miedo de la gente que, de forma similar a lo ocurrido durante la “plandemia” cuando clamó por una vacuna que después se descubrió era experimental y enfermó, y mató a algunos, ahora fue manipulada para hacerles creer que el ejército acabará con la delincuencia, o al menos ayudará a reducirla; craso error que, lo que ha hecho, es convertir a nuestro Estado civil – administrativo, en un Estado militarizado que someta al pueblo bajo una Ley Marcial propicia para imponernos la Agenda 2030 que contempla una variedad de normas dictatoriales y esclavizantes, al estilo de dictaduras como la de China y Corea del Norte, entre otras. Más temprano que tarde, estaremos lamentándolo.

La pregunta “B” del Referendum, planteó la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes. Esta pregunta también fue “vendida” como un mecanismo para “garantizar” el juzgamiento de ciertos delincuentes que, vergonzosamente se admite, no ser capaces de ejercer nuestra jurisdicción de manera eficiente. Es como si usted tuviese que encargarle su hijo a su vecino, para que este lo corrija. Esto, a parte de ser una evidente declaración de incapacidad soberana, es de muy alto riesgo para quienes, mañana o pasado, sean acusados de terrorismo mediático o de rebeldía contra un régimen abusivo respaldado por los militares. La exposición de esto no es mera presunción o paranoia conspiranoica, pues ya está proponiéndose en ciertos países de Europa donde la Agenda 2030 avanza a pasos apresurados, cortando a hacha y machete los derechos ciudadanos e incluso privándolos de la Patria Potestad de sus hijos. Queda, además en claro que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos prohíben la extradición de ciudadanos de un país a otro ajeno, desarraigándolo de su entorno familiar, por obvias razones.

La pregunta “C” del Referendum, planteó el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, lo cual también parece lógico a primera vista; sin embargo, estas judicaturas estarían vinculadas estrechamente a la Corte Constitucional, actual órgano de reprochable proceder, que se ha convertido en un fiel aliado de la Agenda 2030, aprobando aberraciones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto, la eutanasia, y seguirán con la adopción de menores por parejas homosexuales, el cambio de sexo, etc., etc., pues estas cosas son parte de la Agenda GLBTI que es accesoria de la Agenda 2030.

Y ahora veamos de LO QUE NOS SALVAMOS:

La pregunta “D” del Referendum, planteó que nuestro Estado reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales y comerciales. El sustento de esta propuesta es que esto haría que vengan más inversiones debido a que se fortalecería la seguridad jurídica; pero, una situación como la planteada, a pesar de que, por un lado podría hacer crecer la inversión extranjera, por otro lado dejaría abierta la puerta para que los funcionarios públicos de turno cometan delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y concusión, entre otros, al ser imposible que la ciudadanía acceda a los contratos por las cláusulas de confidencialidad puestas en el texto, ya que el derecho de acceso ciudadano a la información pública desaparecería de un plumazo, al quedar esos contratos fuera de nuestra legislación nacional. Adicionalmente, debo recordar que, la Corte Constitucional ya había emitido anteriormente un fallo contrario al Arbitraje Internacional, debido a las condiciones ISDS (siglas en ingles) que otorgan a la compañía inversora extranjera, ventajas diferenciales sobre el Estado, es decir, no es equitativo, como algunos comentaristas han señalado; teniendo la experiencia que, de 21 laudos emitidos, solo en 7 ocasiones los tribunales no condenaron al Ecuador, sin embargo, nuestro país ya fue condenado a pagar a los inversores extranjeros, un valor de dos mil novecientos seis millones de dólares a inversores extranjeros hasta el 2017, y pagó mil quinientos millones de dólares por concepto de honorarios de defensa y gastos de arbitraje, según datos públicos que cualquiera puede investigar.  Una forma más de privar de soberanía al Ecuador, de acuerdo con los planes de la dichosa Agenda 2030 que tiene como eje transversal ese propósito.  

La pregunta “E” del Referendum, planteó que se implemente el contrato de trabajo por horas, para nuevos trabajadores, argumentando que esta flexibilización permitiría aumentar el empleo dando posibilidad a los jóvenes, sobre todo, para que puedan acceder a un empleo y tener ingresos. Al respecto, vale decir que esta modalidad contractual no incrementa, per se, las plazas de trabajo, ni aporta al sector productivo en general, ni ayuda a largo plazo al sector trabajador, y lo que hace es depauperar los ingresos del pueblo a medida que la nueva modalidad vaya desplazando a la anterior, terminado por deteriorar a todo el sistema. Factor decisorio para negar esta pregunta, fueron las erráticas declaraciones públicas de la ministra de trabajo quien un día lanzaba una cifra, al segundo día lanzaba otra, al tercer día otra distinta, y así, cada vez que visitaba un medio, decía una cosa distinta, sin que, la verdad sea dicha, ni siquiera tenga facultades para proponer cifras, a no ser que fuese una adivina, pues al ser esta una norma constitucional, sería la ley, no la función ejecutiva y mucho menos la cartera de trabajo, quien decida sobre el valor de la hora de trabajo en sus distintas categorías. El rechazo del pueblo ecuatoriano a esta propuesta, incluso por parte del sector empleador, ha sido un alivio, impidiendo a la vez que el IESS languidezca más rápidamente y sea privatizado a corto plazo, cosa que anhelan las últimas administraciones del Estado.