Centenas, miles suman los reclamos sobre el mal funcionamiento de los radares en las carreteras y en las calles del país. Hoy ya no se habla solamente de delincuentes “vacunadores”, sino, también, de que las instituciones de tránsito, nacional y locales, se han convertido en lo mismo a través de los ya citados aparatos que, a todas luces, parece que han sido “programados” e instalados “estratégicamente” para recibir cuantiosos recursos por multas sinfín. Según cifras públicas y oficiales la recaudación es de alrededor de 1.000 millones. Sí, 1.000 millones de dólares anuales, cuyo mayor porcentaje se queda en manos privadas, que venden, instalan, calibran y dan mantenimiento a los dispositivos utilizados para medir la velocidad de los automotores en movimiento en carreteras, calles y demás vías de tráfico.
No existe probablemente conductor que no haya vivido la mala experiencia de haber sido sorprendido por la “aparición” de esta máquina, sea plantada en algún sitio, sea manipulada por un agente de tránsito que sale de un matorral, de un montículo o de una pronunciada curva. Cuando advierte de su presencia, la pantalla marca una velocidad no permitida, aun cuando en el vehículo que conduce su velocímetro registre una menor y dentro del rango legal. Entonces su viaje lleva consigo la contrariedad de pagar una multa o de apelarla, la mayor de las veces sin resultado positivo.
Por supuesto que el rodaje de automotores merece control y mucho mejor si es con el uso de la tecnología de calidad. Imposible oponerse a que la circulación en las carreteras, calles y avenidas, sea regulada con límites de velocidad. El respeto a las disposiciones de tránsito contenidas en la respectiva ley, es lo que ordena a todo conductor de un vehículo. Pero, cuando se constata que los radares no están bien calibrados significa que la tecnología no sirve y afecta a los ciudadanos. Auditorías de la Contraloría, entre 2016 y 2023 (Primicias, 04.06.2024) revelan irregularidades en la contratación de los aparatos, falencias en la gestión de cobro de multas, boletas sin coordenadas e imprecisiones en la digitación de números de placas. Cuando en unos 20 kilómetros, entre Machala y Santa Rosa, sobre una carretera de 4 carriles por lado, las velocidades cambian abruptamente y las controlan 5 radares, podría concluirse que los objetivos institucionales y empresariales no son nada santos.
El servicio de radares de velocidad constituye un gravísimo problema para los ciudadanos: miles de acusaciones, denuncias y reclamos en los medios de comunicación convencionales y en la red social; en enero de 2024 un juez otorgó medidas cautelares para la suspensión temporal de los artefactos en Durán; en agosto de 2023 un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas concedió medidas cautelares para suspender la operación de radares, fotorradares y fotosensores. También en ese mismo agosto el alcalde de Cuenca “apagó” simbólicamente esas máquinas por los “daños” causados a los conductores, y, recientemente, el 4 de junio, por orden del presidente Noboa la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) suspendió el funcionamiento de 39 radares ubicados en El Oro, Cañar y Los Ríos, y ha solicitado un examen especial a la Contraloría General por presuntas irregularidades en la contratación del manejo de radares en la anterior administración.
En fin, con lo registrado hasta ahora podría decirse que la necesaria utilización de los radares no ha servido para disuadir y prevenir como debe ser, sino fundamentalmente para recaudar sumas multimillonarias en favor de privados y de instituciones públicas que no rinden cuentas sobre lo que hacen con las multas que cobran. Es imprescindible encontrar una inmediata solución.
