Puede decirse que el primer ataque con armas dentro de una escuela en suelo norteamericano sucedió en 1764, no obstante que la causa u origen no guarde relación alguna con las actuales, cuando unos indios lenapes mataron a varios niños y a su maestro en una colonia de Pensilvania. Tres décadas después, el 15 de diciembre de 1791, se aprobaría la primera regulación sobre el porte de armas en los Estados Unidos, una enmienda, la segunda, a la Constitución promulgada en 1787. Desde ese entonces el derecho aplicable, desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina alrededor de ella ha servido para formar un escudo protector de dicha enmienda que hasta ahora la ha hecho inexpugnable y que por si fuera poco tiene desde 1871 en la poderosa Asociación Nacional del Rifle, ANR, creada para defender el derecho de los ciudadanos a llevar armas, un fervoroso paladín que lucha por ella a sangre y fuego. Una defensa exitosa no sólo en los estrados judiciales donde ha ganado prácticamente todas las demandas que ha presentado en contra de cualquier norma estatal o federal que límite o reduzca dicho derecho civil con rango constitucional, sino también en las tiendas del ramo donde la venta de armas se ha ido disparando, y nunca mejor dicho, alcanzando números estratosféricos que han convertido a dicha asociación en un gigante muy peligroso, dada su influencia como lobysta en la política de los Estados Unidos, y al porte de armas en un derecho incomprendido que cada día se cobra más víctimas y gana más animadversión entre la gente.
El derecho al porte de armas de fuego se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad norteamericana, dadas sus implicaciones sociales, económicas y políticas. Armas de fuego que se encuentran a libre disposición de quien quiera comprarlas, sin mayores requisitos ni restricciones. Se trata de un derecho arraigado en la cultura estadounidense, en la que los ciudadanos adquieren armas de fuego como si fuese una necesidad primaria que requiere ser satisfecha de modo similar a otras como la de comprar ropa, teléfonos o automóviles, hasta el punto de que según las estadísticas hay más armas de fuego, de todos los calibres, que personas, concretamente 120 por cada 100 habitantes, y el mayor número de ataques con tiroteos masivos del mundo, lista que encabeza el país norteamericano desde hace años con cifras que muestran una anomalía social ciertamente preocupantes y que indicaban ya en el año 2010 que los estadounidenses tenían cincuenta y un veces más de probabilidades de morir por disparos que un ciudadano de la Gran Bretaña, probabilidades que se duplican cuando echamos mano de las estadísticas del 2017 en adelante, año a partir del cual los ataques masivos en escuelas y espacios públicos se multiplicaron y pasaron de largo el techo de los cien fallecidos.
Y son precisamente en esos ataques masivos donde se hace más patente en su tragedia el problema de las armas de fuego en los Estados Unidos, tan frecuentes y continuos que dan la impresión de que fuese una epidemia social indetenible. Visibles en las terribles consecuencias de víctimas mortales y en los traumas de tipo psicológico que deja en los centros educativos, tanto en los profesores como en los niños y jóvenes que asisten a clase, así como en las familias, en general, que se sienten inseguras y temerosas, mientras escuchan como la única solución que se les ofrece es que compren armas para defenderse. Tan visibles y dramáticas que se han convertido en una autentica piedra en el zapato para el sistema, al repetirse y repetirse con su tragedia a cuestas todos los años, afeando cada día que pasa la cara de la ANR, así como de los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que le acaba de dar la razón una vez más, a los defensores del porte y la libre compra de armas, al anular en una sentencia de mediados de este mes de junio una medida, aprobada durante la presidencia de Trump, que prohibía los “bump stocks”, basándose en su similitud con las ametralladoras, lo cual quedó demostrado en la masacre de Las Vegas del 1 de octubre de 2017 donde murieron 58 personas y cientos resultaron heridas. Se trata de un accesorio para las culatas de los rifles que los convierte en automáticos hasta el punto de disparar con tal velocidad que parecen ametralladoras. Argumento este último, utilizado por el juez Clarence Thomas para disertar sobre la diferencia entre un rifle y una ametralladora, y dejar claro que la Ley Nacional de Armas de Fuego, que data de la “época de la prohibición”, en la cual no se permite a las personas la tenencia y compra de ametralladoras (una excepción a la Segunda Enmienda), no podía aplicarse a los rifles con “bump stocks” pues no pueden disparar más de un tiro con simplemente apretar el gatillo, que es como se define a las ametralladoras en esa ley de 1934, por lo que ninguna agencia del gobierno podía excluirlos de la Segunda Enmienda.
Argumentos jurídicos para reducir la Segunda Enmienda a su mínima expresión sobran, lo que al parecer no sobran son magistrados con sentido común, que no desconozcan los hechos cuando los tienen enfrente y prefieran defender una definición obsoleta por encima de la vida de las personas.
