Pongamos en contexto el tema:
Sobre los efectos jurídicos de una Noticia criminis ya lo abordamos en otro espacio de opinión, pero que en esta oportunidad lo vamos a analizar con un caso práctico de un supuesto perjuicio o irregularidades en contratos eléctricos hoy que están de moda las campañas sucias de los precandidatos que se creen finalistas.
En primer lugar, una Noticia criminis, es la revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo, cuya denuncia se presenta en una Fiscalía,
ESTUDIO DEL CASO
En este Ecuador donde de manera fácil e irresponsable se politiza la justicia y se judicializa la política, un Asambleísta pide a la Fiscalía investigar presuntas irregularidades en contratos eléctricos con un perjuicio al Estado ecuatoriano de aproximadamente 130 millones de dólares.
Las presuntas irregularidades son en la adquisición de cuatro soluciones energéticas térmicas terrestres para las subestaciones eléctricas de Salitral, Quevedo y Esmeraldas.
El legislador en su denuncia criminis, afirmó que los contratos ascienden a unos 350 millones de dólares y dentro de ese monto el perjuicio alcanzaría a 130 millones de dólares.
¿CONTRA QUIÉN ES LA DENUNCIA CRIMINIS?
Pues el legislador que presentó la denuncia criminis el 12 de septiembre del 2024 en la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito, afirmó que la denuncia es contra los funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC y del ministro del ramo porque a través de las unidades de negocio de Pichincha y Guayas se está adquiriendo generadores viejos o usados a precio de generados nuevos.
Para hacer estos negocios en este caso practico el delito empieza cuando cambian o modifican los contratos para proceder al pago inmediato del anticipo del 70% y de ser así la Noticia criminis debe ser investigada no solo en la Fiscalía sino en la Contraloría General del Estado.
El legislador afirmó que los generadores son comprados a dos empresas donde una de ellas No tiene autorización para comercializar equipos en Ecuador ni en Latinoamérica y que además el modelo de generador que la compañía le venderá al Gobierno de Ecuador se dejó de ensamblar en el año 2015.
En resumen, los presuntos delitos que debe investigar sin sesgos políticos la Fiscalía, son la delincuencia organizada, el tráfico de influencias, el peculado y sobreprecios, que de tener sustentos técnico jurídicos desnudan, la falta de transparencia para enfrentar la crisis energética, poca preparación, improvisación y ejecución presupuestaria sospechosa.
