El descalabro de la nación no es accidental. Una notable merma en los ingresos fiscales acecha al país, sobre todo por la decreciente producción petrolera. La minería es aún marginal al erario mientras la industria gasífera dormita. Las restricciones a la inversión extranjera (banca y demás) y los excesivos tributos comprimen al contribuyente. El Estado (FF.AA. y PN incluidas) ha sido cooptado por los narcos, un atentado a la seguridad física. La inseguridad jurídica complementa un tétrico escenario con la deuda aproximándose al 100% del PIB junto con una desbordante informalidad por el alto desempleo, la ruina de la Seguridad Social, un alto índice del riesgo país y una alarmante crisis energética.
Soluciones inmediatas no existen, peor sin sacrificios. Los mercados deben desplegarse con crecimiento económico, bajando impuestos, reduciendo el IVA y aplicando un arancel mínimo y universal. Petroecuador y las Eléctricas precisan someterse a auditorías forenses para abrir su capital a la inversión con nuevos modelos de gestión. Las fuerzas del orden requieren una depuración sistémica para barrer a los infiltrados y hacer del narcotráfico una operación de tan alto costo que se derive a otras latitudes. Una labor quirúrgica entre el SRI y la UAFE desguarnecería a los criminales públicos (jueces incluidos) que viven por fuera del nivel de sus burocráticos ingresos. Los resultados son reversibles a largo plazo en mandatos de cambios estructurales, pero sin integridad ni convicción toda espera será solo mayor desazón.
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